Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Fue tal el afán el pasado viernes de mostrarle a la presidente Claudia Sheinbaum
los “avances” en materia de seguridad en Veracruz, que -quizá por un “descuido”-
nadie mencionó que el año pasado esta entidad, ya gobernada por Rocío Nahle,
se colocó como la quinta del país con más denuncias por extorsión. *** Durante
2025 Veracruz acumuló 730 carpetas de investigación por este delito, según el
informe anual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública. *** Veracruz está, pues, entre estados con mayor número de extorsión,
sólo debajo del Estado de México (con 2 mil 150 casos), la Ciudad de México (con
1 mil 704), Guanajuato (con 1 mil 275) y Nuevo León (con 940 carpetas). *** El
delito de extorsión es, a nivel nacional, uno de los delitos de mayor impacto, que
no ha podido ser frenado, a pesar de la tan presumida “coordinación de las
fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno”. *** Después de un año tan malo
en el combate a este delito, sería oportuno que la gobernadora Rocío Nahle
anunciara medidas excepcionales para corregir esa falla de su policía preventiva.
— Señora, ¿elaboramos un boletín para informar a los xalapeños el aumento a la
tarifa del transporte urbano?
— ¡Claro que no! Lo que la gente quiere saber es lo de la visita de mi amiga
Claudia (Sheinbaum) y lo bien que me trató. ¡Hay que difundirlo por todo el estado!
¡Para que se mueran de envidia mis enemigos!
Es, por supuesto, una charla producto de mi imaginación, pero, de ser cierta,
explicaría la gravísima omisión del gobierno estatal respecto a la autorización para
que los concesionarios del transporte urbano en Xalapa aumentaran sus tarifas en
un 33 por ciento.
La noticia corrió “como un reguero de pólvora” la mañana de este lunes. Imagine
usted que, justo a media quincena, cuando mide cada peso que va a requerir para
llegar al día de pago, de pronto, al subir al autobús que lo lleva a su trabajo, se
entera de que el boleto que le costaba 9 pesos ahora cuesta 12 pesos.
Es mero sentido común: el transporte público es un servicio concesionado. Esto
es, que el gobierno les otorga a inversionistas privados concesiones para prestar
el servicio, pero les pone condiciones para ello, como respetar las tarifas que le
dicte la autoridad, que mantengan en buenas condiciones las unidades que
utilicen para prestar el servicio, y que todas las unidades cuenten con un seguro
que cubra cualquier afectación a los pasajeros.
Si la autoridad estatal decide modificar las tarifas, debe ser esa instancia la que
informe a la población que, de manera natural, duda de la palabra de los
operadores de los autobuses. No sería la primera vez que pretendieran aumentar
de manera unilateral sus tarifas, argumentando, de manera falaz, que “ya tienen la
autorización”.
Hay quienes explican que la gobernadora no informó sobre este aumento “porque
no es afecta a dar malas noticias”. Quizá tenga razón. Le está costando mucho
trabajo mejorar su aceptación entre los veracruzanos (menor al 50 por ciento)
como para que se les quede en la memoria el momento en el que anunciaba el
aumento a las tarifas de transporte. Pero para eso tiene al especialista en dar “las
malas noticias”, el que ejerce las funciones de conserje de palacio de gobierno,
Ricardo Ahued.
En el portal “Al Calor Político” se llama la atención sobre un caso singular: el
transporte público en Saltillo, Coahuila. Allá las dos rutas troncales (las que unen
puntos clave, las de mayor demanda) son gratuitas. No tendríamos que ir tan lejos
para encontrar otro ejemplo. Sucede en Orizaba, donde la autoridad municipal
ofrece transporte gratuito mediante los autobuses “Gallo” (que operan durante el
día) y “Búho” (que funcionan en la noche).
Si de verdad le preocupara al gobierno estatal la economía de los veracruzanos,
ya tendrían que estar buscando alternativas similares. Por el contrario, trabajan en
la imposición de unidades híbridas (importadas de China, sin que quede claro de
quién es el negocio) para las principales ciudades de la entidad.
Errores tan evidentes como la omisión de informar sobre el aumento a las tarifas
(muy justo, por cierto, pues los insumos han elevado su precio) son capitalizados
por la oposición.
En amena charla, la mañana de este lunes, el dirigente estatal del PRI, Adolfo
Ramírez Arana, se dijo convencido de que su partido mejorará sus números en la
elección intermedia del 2027. Al cuestionarlo sobre las razones para tan optimista
expectativa, explicó que están trabajando en la consolidación de la estructura
electoral del PRI en la entidad, pero advirtió que su mejor activo, el factor que más
les favorece, es la actuación de los gobiernos emanados de Morena.
“Son tan malos sus gobiernos -tanto el estatal como los municipales- que la
población está entendiendo que estaban mejor cuando gobernaba el PRI”.
Audaz y muy debatible tal afirmación, pero lo cierto es que los gobiernos de
Morena no ayudan mucho. Oaxaca, en un desaseado ejercicio de consulta para la
revocación de mandato, es la mejor muestra.
Epílogo.
El abogado Tomás Mundo Arriasa hizo un llamado que parece bastante oportuno:
a partir del anuncio hecho por la nueva titular de la Fiscalía General del Estado
(FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez, de la implementación de una “ventanilla virtual”
con el Poder Judicial del Estado para agilizar la gestión de órdenes de cateo, el
abogado advirtió que se debe vigilar dicho mecanismo para evitar abusos. ***
Tomás Mundo, especialista en el nuevo sistema penal, apunta que el uso de una
ventanilla única virtual para tramitar órdenes judiciales exige una vigilancia
estricta, pues existe el riesgo de que se normalicen abusos y detenciones
irregulares bajo el argumento de la urgencia. *** “Cualquier mecanismo orientado
a acelerar la emisión de cateos debe apegarse de manera estricta al artículo 16 de
la Constitución y a los criterios ya establecidos por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, particularmente aquellos que buscan erradicar los llamados cateos
disfrazados”, dijo. *** “La Corte ya determinó qué se necesita para otorgar una
orden de cateo. Primero, tiene que ser emitido por una autoridad judicial; segundo,
si se trata de urgencia o flagrancia, debe existir autorización del propietario ante
dos testigos propuestos por él, y esa autorización debe ser ratificada ante un juez
dentro de los cinco días”. *** Tomás Mundo considera que el debate no debe
centrarse en la rapidez del trámite, sino en el respeto irrestricto a las garantías
constitucionales. “Entre más acciones presuman, más dirán que están haciendo
justicia, pero la realidad no siempre es esa”.
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