DE PRIMERA MANO
Por Omar Zúñiga
Hay crueldad y mucha, en desperdiciar lo que a otros les cuesta la vida.
El pasado 6 de febrero, en una sala de juntas de la calle Soconusco en Xalapa,
burócratas de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) se reunieron en una
especie de cónclave de los 40 del siglo XX, para -entre otros asuntos del orden
del día-, rubricar la baja de dos lotes de medicamento oncológico caducado.
El primero: fármacos con un valor de 15 mil 67 pesos con 94 centavos,
provenientes del Hospital Regional «Dr. Luis F. Nachón», mejor conocido como
“el Civil de Xalapa”.
El segundo, el que más vergüenza e indignación provoca es el medicamento
caducado del Hospital Estatal de Cancerología «Dr. Miguel Dorantes Mesa», por
un importe de 929 mil 242 pesos con 26 centavos.
Es decir casi un millón de pesos en medicamentos contra el cáncer que se
dejaron pudrir en una bodega.
Noventa y cuatro kilogramos de insumos oncológicos convertidos en basura
certificada, con actas, dictámenes técnicos y reportes fotográficos que le dan a
la negligencia un barniz de pulcritud burocrática; se lavaron la cara.
Esto ocurre mientras el país atraviesa por la peor crisis de desabasto de
medicamentos oncológicos.
Desde 2019, la falta de fármacos contra el cáncer ha provocado la muerte de al
menos 4 mil niñas y niños en el país, según organizaciones civiles que
denuncian un «genocidio silencioso» en el sistema público de salud.
Pero en Veracruz se dejan caducar las quimioterapias.
La historia del cáncer y la corrupción en Veracruz tiene un capítulo
especialmente sórdido que el partido hoy gobernante explotó políticamente
hasta el cansancio.
En enero de 2017, el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares
denunció que durante la administración del su antecesor Javier Duarte, las
autoridades estatales de salud suministraron agua destilada a niños con cáncer
que debían recibir quimioterapia.
Morena hizo de ese escándalo un estandarte moral. Era el símbolo perfecto de
la maldad priista: niños con leucemia recibiendo agua mientras los funcionarios
robaban. El escándalo recorrió el mundo y contribuyó al derrumbe político del
PRI en Veracruz.
Ante este escándalo —documento público, firmado, sellado y archivado— la
reacción de la oposición política en Veracruz ha sido, en el mejor de los casos,
tibia.
Luis Carbonell de la Hoz, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, sólo
atinó a pedir una explicación. ¡Una explicación!, como si la magnitud del
problema se resolviera con un boletín.
El gesto político equivale a descubrir un incendio y pedir al vecino que explique
qué pasó, mientras las casa sigue ardiendo.
Lo que Carbonell debió hacer —si aspira a hacer algo más que ruido
mediático— es instruir a sus diputados en el Congreso local para presentar un
exhorto formal al gobierno del estado, exigir la comparecencia de la titular de
SESVER, solicitar una auditoría sobre los protocolos de almacenamiento y
gestión de medicamentos oncológicos en todos los hospitales bajo
administración estatal, y pedir cuentas por el impacto real en la atención a
pacientes durante el periodo en que esos fármacos debieron estar disponibles
pero ya no lo estaban.
Eso es ser oposición. Eso sería hacer su trabajo.
Pero la bancada naranja parece tener otros compromisos. Mientras el dirigente
lanza declaraciones que no comprometen a nadie, la diputada Elena Córdova
—que debería ser la voz de Movimiento Ciudadano en el Congreso local— se
la pasa veraneando en Puente Nacional, cómodamente cobijada por la
alcaldesa, su incondicional.
La indignación, al parecer, tiene horario de oficina y no aplica en fines de
semana ni en municipios amigos.
Detrás del burocratismo del acta de la sesión del 6 de febrero en SESVER, hay
una verdad sencilla y brutal: alguien dejó que las medicinas para los enfermos
de cáncer se volvieran basura. Y nadie, por ahora, parece dispuesto a pagar
por ello.
En Veracruz, las lecciones del pasado no se aprenden. Se archivan.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
