AL PIE DE LA LETRA.
Raymundo Jiménez.
El lunes pasado, en este espacio, comentamos acerca de la serie de tres capítulos publicada
por Código Magenta, titulada “Los teléfonos de Sergio Carmona”, la cual está basada en los
archivos de los teléfonos celulares del empresario tamaulipeco que, en las elecciones
federales y locales de 2021, meses antes de que en noviembre de ese año fuera asesinado en
una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León, financió por 500 millones de pesos
campañas de algunos candidatos de Morena.
Referíamos, además, que el medio digital regiomontano, que dirige el experimentado
periodista Ramón Alberto Garza García, tiene en su poder comunicaciones, documentos
bancarios, contratos, conversaciones de WhatsApp, videos e imágenes que se cruzan con
reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bitácoras de vuelo e información de
las autoridades de inteligencia de México y de Estados Unidos para exhibir los vínculos de
la élite política de la 4T con quien fuera el empresario más importante de la importación
ilegal de combustible en México, negocio ilícito que según testimonio de su hermano Julio
Carmona, ex administrador de la Aduana de Reynosa, Tamaulipas, le generaba ganancias
por 360 millones de pesos al año, cifra que Código Magenta, con base en reportes de
inteligencia del gobierno de EU, asegura que está subestimada por mucho, ya que el tamaño
de la industria de trasiego de combustible es significativamente mayor: un negocio de
alrededor de 4 mil 200 millones de dólares anuales, cuya magnitud explica por qué Sergio
Carmona se convirtió en uno de los operadores financieros más relevantes de las estructuras
electorales del obradorismo.
La publicación reseña que Julio Carmona, quien huyó a EU inmediatamente después del
asesinato de su hermano y se reunió con funcionarios del aparato de inteligencia y de
justicia norteamericano, declaró en su primera entrevista con agentes estadounidenses que
el gran negocio estaba en la evasión de impuestos: una red de importadores con permisos
especiales otorgados por la Secretaría de Energía, a cargo entonces de Rocío Nahle, que se
dedica al tráfico de combustible. En los documentos oficiales, declaran la mercancía
transportada como aceites y omiten el pago de una cuota fija por litro de gasolina
establecida en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
El medio digital señala, además, que la Secretaría de Energía, que durante cinco años
encabezó Nahle, facilitó el crecimiento de esta industria, al congelar los permisos de
importación de combustible en México y asignarlos únicamente a figuras con conexiones
políticas. Actualmente, según precisa Código Magenta, sólo existen ocho permisos vigentes
de importación de gasolina en el país.
Ayer, el columnista de El Universal, Salvador García Soto, en un texto titulado
“Washington le pone el ojo a la elección mexicana”, comenta que aunque están inmersos en
su propia elección presidencial, y hay cierta alarma en la Casa Blanca y en el establishment
estadounidense por el imparable ascenso de Trump hacia la candidatura republicana, la
administración de Joe Biden y las élites políticas de Washington también se dan tiempo
para voltear a ver lo que está sucediendo en los comicios por la presidencia de México. “De
entrada hay preocupación por la amenaza que representa la intervención del crimen
organizado en las elecciones mexicanas y, sobre todo, causa inquietud en los círculos
políticos de la Unión Americana la inestabilidad que pudiera causar un escenario de falta de
legalidad y conflictos poselectorales en su vecino del sur”, puntualiza.
García Soto señala que la visita de congresistas de Texas a México esta semana, a donde
vinieron a recabar información sobre los temas migratorios y a observar el avance el
proceso electoral mexicano, es un indicador del interés estratégico que despierta la sucesión
mexicana al otro lado del Río Bravo.
“No hay duda de que tanto en la Casa Blanca como en el Congreso de los Estados Unidos
están realizando un seguimiento puntual sobre las condiciones en las que se lleva a cabo el
proceso electoral mexicano y de que el tema preocupa tanto a los republicanos como a los
demócratas, que ven en la estabilidad política, social y económica de México un tema de
seguridad nacional para los Estados Unidos”, afirma el columnista de El Universal, quien
añade que, “por eso, conforme avance el calendario electoral en México y se acerque la
fecha de las votaciones presidenciales y de Congreso, es muy probable que aumente el
interés, pero también la presión de los sectores políticos de Washington sobre lo que sucede
en su llamado ‘Patio Trasero’”.
“Tan sólo ahora, cuando aquí estamos en esa especie de limbo electoral llamado
‘intercampañas’, fuentes de agencias estadounidenses están manejando información sobre
un ‘golpe inminente’ que preparan desde el FBI y el Departamento de Justicia, que
impactará directamente al proceso electoral mexicano. De acuerdo con esas fuentes
ubicadas en Washington, la investigación abierta desde hace varios años en los Estados
Unidos sobre las actividades criminales del empresario tamaulipeco Sergio Carmona,
relacionadas con la importación ilegal a México de gasolina estadounidense y sus
relaciones con el narcotráfico, estarían muy avanzadas y con base en declaraciones de un
testigo protegido –que se presume se trataría de su hermano Julio Carmona–, se estarían
preparando acusaciones concretas en contra de políticos mexicanos pertenecientes al
partido Morena.
“Se trataría, según nos dice la fuente, de ‘5 o 6 políticos de alto nivel del partido Morena
que serían acusados o señalados de haber recibido financiamiento de Sergio Carmona para
sus campañas, con dinero ilegal procedente del contrabando de gasolinas’. Los nombres de
esos políticos morenistas, que hoy ocupan cargos importantes, se conocerían en las
próximas semanas y de confirmarse la información que nos adelantan, se trataría de una
acción inédita de la justicia estadounidense que impactaría a la política mexicana y a las
elecciones en curso, a partir de acusaciones de violaciones a las leyes estadounidenses.
“Veremos hasta dónde llega la investigación estadounidense sobre el caso Carmona y los
vínculos del asesinado empresario con el huachicol de combustible procedente de Estados
Unidos y con el narcotráfico, y si las agencias del gobierno estadounidense proceden a
acusar a políticos mexicanos del oficialismo, lo que sin duda sentaría un precedente y
hablaría de que el interés del vecino del Norte sobre lo que pasa en México se estaría
llevando a niveles que podrían incluso afectar la relación de altibajos que hasta ahora han
tenido con el gobierno de López Obrador”, concluye el columnista García Soto.
¿Llegará el ‘coletazo’ hasta Veracruz?
