Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
En Poza Rica no están satisfechos con la respuesta de la Fiscalía General del
Estado (FGE). De nada sirve escuchar que “se inició una carpeta de investigación”
y “se están recabando los datos”. Ellos quieren que el asesinato del médico José
Antolín Montero Alpírez no se vaya a engrosar la larga lista de asuntos sin
resolver. *** Familiares, amigos y ciudadanos sin sigas partidistas se plantaron
este miércoles frente al palacio municipal para exigir seguridad y justicia.
Denunciaron que no ven avances por parte de la Fiscalía, a más de una semana
del crimen. *** El cuerpo sin vida del doctor José Antolín Montero fue localizado el
primero de abril en un predio de la colonia Revolución de Poza Rica, días después
de que fue privado de la libertad. *** Luis Navarrete, amigo del doctor Montero,
expresó el malestar de la comunidad médica y de la población en general. Dijo
que ese crimen ha causado consternación, pues el galeno era una persona
reconocida por su labor en el Sector Salud. *** Los manifestantes protestaron
también por el ambiente de inseguridad que se vive en el municipio. Dicen que
sienten temor de salir de sus hogares y eso ya se hizo cotidiano. *** Luego de
protestar por un par de horas, los ciudadanos se retiraron del Palacio Municipal…
sin respuestas a sus demandas.
El derrame de petróleo que ha llegado a las costas de Veracruz sigue generando
polémica.
Mientras la gobernadora insiste en tachar de “simuladores” y “golpeadores” a
quienes echaron por tierra su narrativa de que sólo fueron “pequeñas trazas” de
petróleo, en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, la discusión subió
de tono.
El legislador de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán, llevó hasta la
tribuna una cubeta con restos de chapopote que -dijo- recogió de las playas de
Chachalacas, en el municipio de Úrsulo Galván,
— Y para esos diputados de Morena Veracruz aquí tienen su cucharada de
chapopote, aquí la tienen, a ver si la resuelven. Dijeron que eran unas gotitas de
chapopote, aquí están sus “gotitas” de chapopote. Y si alguno de ustedes quiere
seguir con esa mentira, pues aquí hay una cucharada de chapopote para que le
entren.
Aludidos por el legislador naranja, los diputados veracruzanos de Morena
emitieron un comunicado, al final de la sesión, para responder a esos
señalamientos.
“Se tiene que hablar con responsabilidad. Muchas veces no se conoce el territorio
de Veracruz y aun así se emiten posicionamientos que terminan dañando al
estado”, expresó Zenyazen Escobar, aunque no aclaró si se refería al diputado de
MC, o a la gobernadora Rocío Nahle, que no es nativa de Veracruz y que en
varias ocasiones ha demostrado no dominar su geografía.
En representación de sus compañeros de bancada, Zenyazen Escobar, quien
fuera secretario de Educación en el gobierno de Cuitláhuac García, criticó la
postura de MC al señalar que sus declaraciones “caen en la desinformación”, pues
no reconocen las acciones en curso, ni dimensionan el impacto de sus dichos:
“Esa actitud deja claro un uso político del tema que ignora las consecuencias
económicas para sectores clave como el turístico”.
Desde la tribuna, Sergio Gil se refirió al desempeño del gobierno estatal en este
desastre ecológico:
— No han encontrado al culpable y se siguen lavando las manos, a ver a quién le
echan la bolita, pero… ¿y la gente que vive de esto, que trabaja de esto, que
sufrió por no tener ingresos, porque le bajó el turismo, porque no podían salir a
pescar, porque se les afectaron sus redes? ¿Qué les han dado? ¿Un concierto de
9 millones de pesos que van a mandar a Veracruz para tapar el sol con un dedo?
¿O sí les van a resolver con empleo temporal, con redes nuevas, con
equipamiento y con apoyos a los que sí fueron a limpiar las playas, no como el
gobierno del estado que se lavó las manos?
En Veracruz, el coordinador estatal de MC, Luis Carbonell de la Hoz recorrió el
litoral y mostró, en vivo, los estragos causados por las manchas de petróleo que
siguen llegando a las playas, pero que también impactan en arrecifes, manglares y
zonas consideradas reservas ecológicas.
“Desde el 12 de marzo presentamos una denuncia que hemos ampliado, no sólo
para que se limpie el hidrocarburo; también para que se haga una evaluación
técnica de lo que se debe hacer (…) Visitamos Pueblo Viejo y charlamos con
pescadores que ya no pueden ejercer su labor debido a la presencia del petróleo,
o tienen que ir mar adentro en busca del sustento de sus familias”.
No, denunciar esta negligencia criminal no es “hablar mal de Veracruz”, es señalar
la indolencia y la ineficacia de nuestras autoridades.
Epílogo.
Este miércoles se dio a conocer que el juez de enjuiciamiento Roberto Santos
Maldonado Morales, del distrito judicial de Xalapa impuso una sentencia de 17
años de prisión al exdirector de Servicios Periciales de Veracruz, Gilberto Aguirre
Garza, por “un delito vinculado con la desaparición de personas” en agravio del
policía David Lara Cruz. *** La sentencia fue emitida durante la audiencia de
individualización de sanciones y reparación del daño celebrada el 8 de abril de
2026 dentro del juicio oral J-104/2024, derivado de la carpeta de investigación
UIPJ/DXI/10°/169/2016. *** El juez impuso, además, una sanción pecuniaria
equivalente a mil 200 Unidades de Medida y Actualización calculadas al valor de
2016, cuando cada UMA se cuantificaba en 73.20 pesos. *** También se ordenó
una amonestación privada, la suspensión de derechos civiles y políticos, así como
la inhabilitación para ejercer cargos públicos. *** No se debe pasar por alto, sin
embargo, que existe una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos
del estado de Veracruz (25/2019) en la que se establece que Gilberto Aguirre
Garza “fue obligado a declarar tras haber sido víctima de actos de tortura y no fue
asistido por un abogado defensor”, lo que constituye “una violación al derecho al
debido proceso del peticionario en su calidad de imputado de un delito”. *** En
junio del 2020, la propia Fiscalía General del Estado (FGE), en atención a dicha
recomendación, le expidió a Gilberto Aguirre Garza la “Constancia de Víctima
Directa”, en un documento firmado por el fiscal visitador encargado de la atención
a quejas de derechos humanos, Rodrigo Elizondo Guzmán.
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