AL PIE DE LA LETRA.
Raymundo Jiménez.
Aunque dicen que en corto Rocío Nahle habla pestes del gobernador Cuitláhuac García,
algunos dudan, sin embargo, que la gobernadora electa vaya a proceder penalmente en
contra de su antecesor. Y no porque no existan suficientes elementos para hacerlo
comparecer ante la ley, sino por la protección política que aún le seguiría dando al
mandatario veracruzano el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien presuntamente
se lo pretendería enjaretar por lo menos en un cargo de segundo nivel a la presidenta electa
Claudia Sheinbaum, quien la semana anterior dio a conocer los últimos tres nombramientos
estelares de su gabinete.
Empero el blindaje de García Jiménez no alcanzará para encubrir a los funcionarios
consentidos de su primer círculo que abusaron de su confianza y del poder. Sobre todo,
aquellos que difícilmente podrían explicar la disparada evolución de su situación
patrimonial, incongruente con los austeros sueldos que percibieron en los últimos cinco
años.
Uno de los clanes que se empoderaron en el cuitlahuismo es el de las hermanas García
Cayetano, al que íntimamente está ligado Elio Hernández Gutiérrez, titular de la Secretaría
de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), esposo de Aileth, quien al inicio de esta
administración estatal, como directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, llevó
el caso del presunto fraude impune de las cámaras de videovigilancia que en la pasada
campaña electoral le reabrieron al ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares. No
obstante, en julio de 2020, a propuesta de García Jiménez, el Congreso local la nombró y le
tomó protesta como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde ha sido
señalada de presumibles actos de cohecho.
Operadores políticos de Nahle, como el recién electo diputado local por el distrito de
Cosoleacaque, Esteban Bautista, recibió denuncias de corrupción en contra del esposo de
Aileth. En junio de 2023, el legislador participó en una reunión en el sur del estado con los
alcaldes de Tatahuicapan, Pajapan y Mecayapan que, acompañados de cientos de
ciudadanos, acusaron a la SIOP de Hernández Gutiérrez del retraso y pésima calidad de las
obras, así como de la sospechosa asignación de contratos.
Los transportistas, por ejemplo, denunciaron el deficiente trabajo realizado en la
pavimentación del camino Tonalapan-Huazuntlan-Tatahuicapan, del Km 0+000 al Km
12+230, con un monto cercano a los 80 millones de pesos y que a menos de un año ya
presentaba grietas, por lo que exigieron su reparación. También mencionaron otros caminos
vecinales que seguían inconclusos o que de plano fueron abandonados por las empresas
constructoras contratadas por la SIOP.
El diputado Bautista Hernández, exalcalde de Tatahuicapan, les dijo que “el hecho de que
seamos parte de este gobierno de la Cuarta Transformación, no vamos a tolerar esa red de
corrupción que existe en la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, que
simulan contratos y mandan a sus empresas a construir porquerías de obra en la zona”.
“Aunque quizás ellos no nos entiendan, pero nosotros no podemos ser cómplices y darle la
espalda al pueblo. Yo no voy a ser cómplice ni comparsa de ningún gobierno para tolerar
esa corrupción”, enfatizó.
En febrero pasado, ciudadanos de Pajapan se negaron a firmar la entrega-recepción de la
cuarta etapa del tramo carretero a Cerritos, obra que le fue asignada a la empresa
Consultores en Ingeniería de Xalapa S. A. de C.V. mediante el contrato SIOP-OP-PF-
011/2023-DGCCYCE por un monto de 21 millones 001 mil 065 pesos, pero la cual
pretendía cobrar 9.4 millones de pesos más sin justificar en dónde fueron aplicados.
El 8 de diciembre de 2023, el diputado Esteban Bautista había encarado al representante de
la empresa por su trabajo de pésima calidad
Sin embargo, en el círculo cercano de Nahle comentan con ironía que el poder corruptor del
titular de la SIOP es tan eficaz que habría terminado por cooptar al legislador morenista.
Y es que hace dos meses, en mayo pasado, al publicitarse las licitaciones para las aperturas
de obras en el estado, en las que destacaban 59 proyectos que se disputaban un sinnúmero
de empresas, se difundió que dos empresas correspondían a presuntos prestanombres del
entonces candidato de Morena a diputado local, las cuales habían realizado obra en el sur
de Veracruz y que estaban ligadas al ingeniero Aldo Bautista Galán, hijo del ex diputado
federal sureño. Una participante era representada por la persona física Andrés Eduardo
Aragón Cruz y la otra empresa, con razón social Nagtuk, S.A. de C.V., su representante se
identificó como Juan Carlos Hernández Mendoza.
De acuerdo con información recabada de la página oficial de la SIOP, ambas firmas eran
las únicas que participaban en la Licitación Pública Nacional No. LO-89_Y24-930007995-
N-51-2024, correspondiente a la obra: Pavimentación del camino E.C. (Venustiano
Carranza)-Peña Hermosa del Km 0+400 al KM 2+060, en localidades varias del municipio
de Tatahuicapan de Juárez, en la que supuestamente se evidenciaron irregularidades y la
presunta manipulación del sistema COMPRANET, pues los únicos participantes ligados al
familiar del legislador presentaron casi la misma propuesta técnica-económica: una por 18
millones 017 mil 821.46 pesos, sin IVA, y la otra por 18 millones 103 mil 072.63 pesos,
también sin el Impuesto al Valor Agregado.
