AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Uno de los primeros nombramientos que hizo Rocío Nahle, casi un mes después de su
aplastante triunfo electoral en junio de 2024, fue el de Ramón Santos Navarro como titular
de la Contraloría General del Estado (CGE), con licenciaturas en Contaduría Pública y en
Derecho por la Universidad Veracruzana (UV), además de especialista en administración
hacendaria municipal por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas,
maestro en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México y doctor en Derecho por
la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).
Se supone que es uno de los colaboradores de Nahle de mayor confianza, pues presidió el
Colegio de Contadores Públicos del Sur de Veracruz y fue tesorero y contralor del
Ayuntamiento de Coatzacoalcos.
Por si fuera poco, en el área de derecho fiscal cuenta con registro como abogado en la Sala
Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJA), y en el ámbito
contable tiene el registro en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal
(AGAFF) desde 1991. Fue catedrático en la UV y asesor de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC) en Coatzacoalcos.
En materia empresarial, fue hasta el año pasado síndico del contribuyente por el sector de la
Cámara de Comercio y Turismo del antiguo Puerto México.
Sin embargo, como contralor general no se ha hecho sentir aún en la administración de la
gobernadora Nahle. Ni por el multimillonario daño patrimonial que le imputan los órganos
de fiscalización de la Federación y del Estado a la gestión del ex gobernador Cuitláhuac
García ni por las denuncias públicas de corrupción que ya se le han venido señalando al
nuevo régimen estatal que encabeza la ex secretaria de Energía.
Ayer, por ejemplo, transportistas de la entidad, “cansados de la grave corrupción al interior
de la Dirección General de Transporte Público del Estado”, anunciaron en redes sociales
que esta semana en las plazas públicas de las principales localidades veracruzanas, así
como en los tramos carreteros estatales y federales más importantes, realizarán “una
protesta y un cierre a la circulación vehicular como medida de protesta contra el titular de
esa dependencia, Luis Manuel Galicia Castañón”, a quien señalaron como “el principal
responsable del cobro de dádivas y moches por parte de los mandos medios de esa oficina
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”.
Amagan con movilizar “más de 800 taxis, 300 grúas y una cantidad incalculable de
vehículos particulares”, en la mega protesta contra Galicia Castañón, a quien acusan de
utilizar a los mandos medios de la Dirección General de Transporte Público para fomentar
la corrupción en la realización de innumerables trámites.
Denunciaron que desde hace varios meses obstaculiza a los transportistas para hacer altas y
bajas, cambios de propietarios, reemplacamiento, sustitución de vehículos y que
“principalmente envía a empleados de Transporte Público de civil a subirse a los taxis para
solicitar carreras largas y después obligarlos a ir a las oficinas de Transporte Público donde
les aplican fuertes sanciones por cobrar tarifas elevadas, cuando tiene más de 20 años que
no existen tales tarifas y el cobro se hace por mutuo acuerdo entre el chofer y el pasajero”.
En el caso de los empresarios de grúas y concesionarios de corralones, acusan que Galicia
obstruye “la entrega de documentos para otorgar los permisos de funcionamiento y
regularización, obligando a los interesados a acudir en innumerables ocasiones para
provocar que se desesperen y caigan en la insinuación de los funcionarios medios de
entregar diversas cantidades de dinero para facilitar el trámite”, cantidades que, denuncian,
van de los 20 mil a los 100 mil pesos, dependiendo de la localidad donde se pretende
regularizar la prestación de estos servicios y la extensión del corralón.
Los denunciantes piden a la Gobernadora del Estado, al Secretario de Gobierno y al
Secretario de Seguridad Pública poner orden en esa dependencia antes de que se desate el
caos en todo el territorio veracruzano, pues dijeron estar “conscientes de los problemas que
generará la protesta en plazas públicas y carreteras”, por lo que están solicitando “una
nueva audiencia en la que se exponga las irregularidades que comete el funcionario que
solo busca beneficiarse mediante la corrupción que tanto daño ha hecho a esa institución
desde hace varios años”.
Al contralor general Santos Navarro ni lo “pelan”.
‘PAPO’ LEVET, DEL FESAPAUV,
APOYA PRÓRROGA DEL RECTOR
Nos dicen que la confianza del rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Gerardo
Aguilar Sánchez, para prácticamente reelegirse en automático para otro periodo de cuatro
años en la Rectoría de la UV se debe al abierto apoyo del sindicato de maestros, el
FESAPAUV, cuyo sempiterno líder Enrique Levet Gorozpe está moviendo a sus
representantes en las cinco regiones que integran nuestra máxima de estudios en la entidad
para que decenas de profesores acudan esta semana a la consulta a modo y voten a favor del
“Sí” a la prórroga.
Por eso nos hacen ver que no es casual que el ingeniero Levet Gorospe sea hasta ahora el
único dirigente de la comunidad universitaria que no haya dado su opinión respecto a la
pretendida y polémica “reelección” de Aguilar Sánchez, con quien seguramente pactó
beneficios extras, como lo ha hecho el famoso “Papo” con otros ex rectores de la UV y ex
titulares del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), donde tiene un asiento en el Consejo
Directivo como líder de la FESAPAUV.
Con su apoyo incondicional a favor de Martín Gerardo, el FESAPAUV se divide y ello
tendrá sus consecuencias, por lo pronto en la región de Xalapa, donde destacados
académicos están en contra de la reelección del rector –como lo hicieron patente en la
nutrida manifestación de ayer en la sede de la Rectoría y en la Plaza Lerdo de la capital
veracruzana–, pese a que su dirigente Levet Gorozpe está abiertamente a favor.
