Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Desesperados porque los han exhibido en su función de “coyotes”, los cabecillas
de una organización denominada “resistencia civil” agredieron y amenazaron este
martes a un comunicador que había acudido a realizar un trámite al Centro
Integral de Procuración de Justicia, en Poza Rica. *** Ya en este mismo espacio
se ha dado cuenta de las quejas que han presentado ciudadanos de la zona norte,
que han sido engañados por los dirigentes de esa organización, Francisco Castro
Lárrago, y la coordinadora de Mujeres del PT, Mireya Domínguez González. ***
Este martes, cuando acudió a levantar un acta por el extravío de una placa, un
reportero del portal de noticias “El Mexicano” fue acosado por la señora Mireya
Domínguez. Dentro de las instalaciones de la Fiscalía, integrantes de esa
organización persiguieron al comunicador y lo grabaron con sus teléfonos
celulares, a la vez que lo acusaban de ser el responsable de las múltiples quejas
que han surgido en contra de ellos y de su organización. *** Llama la atención que
en un centro de procuración de justicia, donde se atienden temas delicados y se
requiere que la información que ahí se maneja sea resguardada para seguridad de
los ciudadanos, las autoridades hayan permitido que se registrara una flagrante
agresión en contra de una persona que acudió a realizar un trámite. *** Al verse
perseguido por los integrantes de esa organización, el periodista les hizo frente y
los acusó de utilizar recursos ilegales para defraudar a quienes en busca de
ayuda. *** Ya fue levantada una denuncia penal por las amenazas de las que fue
objeto el comunicador y se dirigió un escrito a la sede central de la Fiscalía
General del Estado (FGE) para que estas personas respondan ante la ley por sus
agresiones.
Por alguna circunstancia que no se termina de entender, las más recientes
expresiones de violencia en la entidad han mostrado alguna vinculación con la
gobernadora Rocío Nahle, sin duda la persona más protegida en toda la entidad.
Apenas el pasado fin de semana en Texistepec, en el sur de la entidad, apareció
una manta en la que se lanza una amenaza directa contra la gobernadora, a la
que se acusa de “no respetar el trato” que habría hecho con algún grupo criminal
de la zona.
La señora Nahle no le dio mayor importancia al mensaje (aunque hay quienes
aseguran que reforzó su, de por sí, ostentoso aparato de seguridad), pero lo
sucedido la tarde de este martes ya raya en la provocación.
En la colonia María de la Piedad, de Coatzacoalcos, justo donde tiene su
residencia la gobernadora Rocío Nahle, un comando armado irrumpió en un
despacho jurídico y disparó contra todos los presentes para después darse a la
fuga.
En el lugar del ataque, los servicios de emergencia reportaron la muerte de cinco
personas y dos más que fueron encontrados con vida y trasladados de urgencia a
un hospital.
El ataque se registró a las 13:25 horas, en un edificio ubicado en la calle Lázaro
Cárdenas, entre Pedro Moreno y Abasolo, justo a un lado del Tribunal de Justicia
Administrativa. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados ingresaron
al inmueble y dispararon directamente contra las personas que se encontraban en
una de las oficinas.
Mientras todo eso sucedía allá en el sur, la gobernadora encabezaba un acto que
para ella revestía especial importancia: la entrega de uniformes al personal del
IMSS Bienestar.
Podrá insistir la gobernadora en una supuesta “baja” en la incidencia delictiva,
pero las instancias oficiales “tienen otros datos”.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que
tan solo en el mes de enero, en el estado de Veracruz se registraron 84 homicidios
dolosos, lo que ubicó a esta entidad en el noveno lugar por la incidencia de ese
delito. El promedio nacional fue de menos de 50 homicidios.
En un discurso casi idéntico al que pronunciaba con frecuencia su antecesor,
Cuitláhuac García, la actual gobernadora ha estado repitiendo que su gobierno “no
tiene alianzas” con ninguna organización criminal y que “trabaja todos los días”
para garantizar la paz de los veracruzanos.
Alguien tendría que avisarle que los veracruzanos no están en paz, que tienen
miedo, porque no ven capacidad ni disposición de las autoridades para acabar con
las bandas criminales que siguen actuando en territorio estatal sin freno alguno.
Epílogo.
La gobernadora no titubeó: los colectivos de búsqueda que mantienen protestas y
bloqueos en el centro de Xalapa y en la sede de la Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), serán atendidos… pero tienen que cumplir
con la normatividad en la asignación de recursos. *** Los familiares de víctimas
tomaron las instalaciones de la oficina que se encarga de atenderlas y se
plantaron frente a Palacio de Gobierno para exigir “mayor claridad” en los apoyos
económicos y que se retiren las “restricciones” que, aseguran, limitan su
participación en las jornadas de búsqueda. *** Ya aprovechando el viaje, las
manifestantes pidieron la salida de la actual titular de la Comisión, Namiko
Matzumoto, a quien acusan de aplicar “revisiones arbitrarias” para decidir quién
recibe apoyos. *** “Era mejor antes -afirman- cuando sólo firmábamos un recibido
y nos entregaban el dinero”. Pues sí, pero en todos los ámbitos de la
administración pública se debe privilegiar el orden y la transparencia. *** Y en la
Secretaría de Salud, su titular Mariela Hernández García tiene -también- la
encomienda de poner orden. Justo con el inicio de esta semana fueron removidos
los subdirectores del parea de atención médica, lo que provocó que lanzaran
“dardos mediáticos” contra el que era su jefe. *** Es una pena que esos servidores
públicos no hayan sabido aprovechar la oportunidad que recibieron para servir a
los veracruzanos y que sea hasta ahora, que ya perdieron sus privilegios, cuando
hablen de “acoso laboral” y de grillas internas. *** Hablando en términos médicos,
desde las más altas instancias de la administración estatal se detectó que “el
tumor” estaba en esas subdirecciones y optaron por extirparlo. Bien.
