Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Sin aparecer en un acordeón, sin acarreo de servidores públicos, sin la “mano
amiga” del gobierno, el doctor Ángel Rosas Solano obtuvo la más alta votación
entre los aspirantes de su género a la magistratura de un Tribunal Colegiado de
Distrito en materia Mixta. *** El informe de resultados del Instituto Nacional
Electoral (INE) confirma que 83,198 ciudadanos decidieron que fuera designado
en ese cargo. El reflejo de una trayectoria impecable, tanto en lo académico como
en lo profesional. *** Sin embargo, apenas la semana pasada surgió una noticia
que sembró la duda sobre los resultados de la elección judicial. La consejera del
INE, Carla Humphrey expuso dos casos: Joel Isaac Rangel Agüeros y Eduardo
Torres Carrillo, quienes resultaron electos como magistrados de las especialidades
mixta y trabajo, pero no cuentan con la calificación mínima de 8 en la licenciatura
de Derecho. *** No sólo eso. La misma consejera informó que otros 31 aspirantes
ganadores tampoco cumplen con el requisito de tener 9 en las materias
relacionadas con la especialidad a la que se postularon, por lo que propuso no
validar el triunfo de los candidatos cuestionados y su propuesta fue avalada por
mayoría. *** El periódico El Financiero dio a conocer una lista de los 33 aspirantes
que supuestamente se encuadraban en estos casos y entre ellos incluyó al doctor
Ángel Rosas Solano. *** Este lunes el jurista se reunió -en un escenario
cautivante, el hotel boutique San Antonio, de Xalapa- con representantes de los
medios de comunicación para despejar cualquier duda. *** Informó que ya entregó
en el INE la documentación debidamente certificada de sus calificaciones, tanto en
la licenciatura como en sus tres maestrías y en su doctorado. La menor fue de
8.58 y el resto fueron por encima del 9. *** Aclara Ángel Rosas que no ha recibido
notificación alguna de que pretendan desconocer sus resultados en la elección
judicial, pero advierte que no se quedará cruzado de brazos en espera de la
infausta noticia. *** Tiene todos los merecimientos para ocupar el cargo para el
que concursó y así lo hará valer ante las instancias que se requieran. Bien.
Es un tema que no se puede soslayar. El pueblo de Veracruz exige cuentas, una
explicación coherente del colapso que se registró en el Organismo Público Local
Electoral (OPLE) con la evidente complicidad de la consejera presidente, Marisol
Delgadillo Morales.
El silencio ya no es opción.
Lo ocurrido en el órgano electoral de Veracruz tras la jornada concurrente del
domingo primero de junio no es sólo “un accidente técnico” ni “una falla menor”; se
trata, a todas luces, del resultado de una gestión ineficiente, opaca y severamente
cuestionable, en la que aparece, como principal responsable, su presidente.
La caída del sistema de cómputo local durante una de las etapas más sensibles
del proceso electoral (justo cuando iniciaba el conteo) no fue un simple “error
humano”, sino el reflejo de un liderazgo rebasado, de decisiones tomadas con
criterios políticos y de una estructura sostenida a partir de lealtades, no de
capacidades.
El sistema informático colapsó, pero con él se desmoronó la credibilidad del
OPLE. Lo más grave es que, en lugar de asumir con responsabilidad las
consecuencias de esta falla, la presidente Marisol Delgadillo se empeña en
proteger a los responsables directos del desastre, con lo que -por supuesto- se
protege ella misma.
No ha sido por las vías oficiales que nos hemos enterado de que en este lío tuvo
un papel preponderante Rafael González Ortiz, el improvisado director de
Servicios Informáticos, un funcionario sin experiencia, que pasó de fungir como
edecán de la consejera Mabel Aseret Hernández a ocupar un cargo de enorme
responsabilidad para la institución. Luego de “la caída del sistema”, con el
respaldo de la consejera, maniobró para impedir su destitución.
Apenas hace unas horas, cuando trascendió la probable salida de Marisol
Delgadillo, fue llamado a cuentas Rafael González para que presentara su
renuncia, como si eso fuera suficiente para frenar la inevitable salida de la
consejera presidente.
El problema, sin embargo, no termina ahí. La telaraña de complicidades en el
OPLE se extiende hasta el área de adquisiciones, donde su directora, Amara
Anaya García, ha impuesto una práctica sistemática de adjudicaciones directas, el
camino más corto a la corrupción.
Basta revisar los contratos asignados a sus tres proveedores favoritos para
comprobar cómo, bajo el manto de la discrecionalidad, se han asignado servicios
tan diversos como la compra de guantes, remodelación de oficinas, organización
de eventos sociales, “taquizas” para el personal, renta de vehículos y hasta la
elaboración de prototipos de urnas electrónicas… todo a través del mismo
beneficiario: un proveedor de oscuro historial, vinculado a escándalos en la era del
exgobernador Javier Duarte.
Es momento de que se tomen medidas ejemplares en defensa de la vida
democrática de la entidad; el OPLE Veracruz no puede seguir secuestrado por los
intereses personales de Marisol Delgadillo.
Por dignidad institucional, por respeto a la ciudadanía veracruzana y por el mínimo
sentido de ética pública, la consejera presidente del OPLE debe renunciar de
inmediato. Es momento de cerrar este vergonzoso capítulo y devolverle al
organismo electoral la altura que exige la democracia.
Epílogo.
“Allá ellos”. Si al rector Martín Aguilar aún le queda alguna neurona funcionando,
debería medir en su justa dimensión las palabras de la gobernadora Rocío Nahle,
cuando fue cuestionada sobre el anuncio de la Junta de Gobierno de la UV de que
le concederá la prórroga al frente de esa casa de estudios. *** Este lunes la junta
de gobierno de la UV anunció que “con base en la consulta y el análisis integral de
sus informes y plan de trabajo”, resolvió “aprobar la prórroga del doctor Martín
Gerardo Aguilar Sánchez como Rector de la Universidad Veracruzana, para el
periodo comprendido del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2029”. ***
Por supuesto, las expresiones de rechazo a esta decisión a todas luces ilegal han
sido muchísimas. No todo está dicho. Hay mecanismos jurídicos para defender la
legalidad en esa institución educativa. *** No olvide los siguientes nombres: Juan
Manuel Pinos Rodríguez, Diana Folger Pérez Staples, Ernesto Isunza Vera, María
Adela Monreal Gómez, Héctor Vázquez Leal, José de Jesús Franco López y Alan
Jesús Morgado Bustos. Ellos son los responsables de este fraude y muy pronto
habrán de rendir cuentas.
filivargas@gmail.com