Punto de Vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
El magisterio es, sin lugar a dudas, uno de los sectores mejor informados entre la
sociedad. Los maestros saben de política, conocen los derechos que han ganado
durante décadas de lucha, e identifican con claridad cuáles son los riesgos para su
estado. *** Este lunes el candidato a la gubernatura de Veracruz, Pepe Yunes,
acusó que, por la ineptitud del gobierno de Cuitláhuac García en materia de
seguridad, cada vez son más los riesgos para los maestros al salir a las distintas
zonas del Estado. *** “Empecemos a pensar en los maestros que cada día vemos
mucho más riesgoso salir a las zonas remotas de la geografía veracruzana,
porque no tienen condiciones ni garantías para cumplir su trabajo, entonces ¿qué
hace el Gobierno?”. *** Durante una reunión con maestros agremiados al
Sindicato de Empleados al Servicio de la Secretaría de Educación de Veracruz
(SESSEV), Pepe Yunes resaltó que estas condiciones de riesgo las conocen los
maestros, pero también lo saben los doctores, las doctoras, a quienes dejaron a
merced del hampa. *** A los trabajadores de la educación, Pepe Yunes les dijo
que Veracruz ha tenido más de cinco años de la peor experiencia de gobierno de
su historia, una administración mala para gobernar y no muy buena para encontrar
pretextos, pero que los busca para no dar resultados. *** Pepe Yunes señaló que
Veracruz no forma parte de las prioridades del gobierno federal, pues en casi seis
años, la entidad no fue destino de recursos extraordinarios. *** Mencionó que lo
que más se logró fue que se destinaran recursos para el proyecto del Istmo de
Tehuantepec, pero el 80 por ciento de esos recursos se quedaron en Salina Cruz,
Oaxaca, no en Veracruz.
* * *
Desde que se tomó la decisión de imponerla como titular de la Fiscalía General del
Estado (FGE) se advirtió que era un error. Verónica Hernández no era -de ninguna
manera- la opción mejor calificada para ocupar ese encargo. Su único mérito era
que formaba parte del equipo de quien entonces encabezaba la Secretaría de
Gobierno y que, en gran medida, tenía el control de la administración estatal, Éric
Cisneros Burgos.
Pero estaba claro que no buscaban la opción más capaz, sino la más manipulable.
¿Autonomía? ¡Qué va! Eso es un mito.
Desde entonces la Fiscalía de Veracruz ha sido el instrumento preferido del
gobernador para saciar su sed de venganza. El caso quizá más emblemático es el
de Rogelio Franco Castán, quien fuera dirigente estatal del PRD y secretario de
Gobierno en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.
Para detenerlo, el gobierno estatal compró la voluntad de su exesposa, con el fin
de que reviviera una denuncia por violencia intrafamiliar. A pesar de que contaba
con un amparo, fue intervenido por la policía estatal y acusado de “ultrajes a la
autoridad”, delito que poco después descalificó la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN).
Para ese entonces, sin embargo, Rogelio Franco ya enfrentaba nuevas
acusaciones. Todas (incluida la de violencia contra su exesposa) fueron
combatidas y es la fecha en que aún no alcanza su libertad. Consiguió, eso sí,
gracias a una disposición de la justicia federal, que le modificaran la medida
cautelar para pasar de prisión en un reclusorio, a prisión domiciliaria.
Y el ejemplo se aplicó con muchos más: al momento en el que la Fiscalía estatal
asumía que ya no tenía argumentos para mantener a alguien en prisión, recurría a
la creación de nuevas denuncias. En muchos casos ocupaban a reos que ya
purgaban condenas, a los que les ofrecían beneficios a cambio de que declararan
que determinada persona había delinquido con ellos.
Este lunes la exjueza de control Angélica Sánchez Hernández (hoy candidata al
senado por Movimiento Ciudadano) afirmó que la titular de la FGE, Verónica
Hernández, cambió de zona a los fiscales que fueron denunciados en la Fiscalía
General de la República (FGR) por fabricar pruebas contra Itiel Palacios.
La abogada advirtió que la Fiscalía no sólo fabricó testigos en casos judiciales,
sino que también encubre a fiscales implicados en la manipulación de pruebas.
No pasemos por alto que cuando fungía como jueza de control, Angélica Sánchez
ordenó dar cumplimiento a un amparo conseguido por Itiel Palacios, lo que
provocó la ira del gobernador y, en consecuencia, las represalias por parte de la
Fiscalía General del Estado y hasta del Tribunal Superior de Justicia.
La ingenua titular de la Fiscalía ha pasado por alto que su único blindaje, el
gobernador Cuitláhuac García, está por concluir su encargo y que en ninguno de
los escenarios (que gane Rocío Nahle o que gane Pepe Yunes) ella terminará bien
parada.
Para la oriunda de Zacatecas, la actual titular de la Fiscalía es una imposición de
Éric Cisneros, su enemigo político, por lo que no habrá forma de que confíe en su
lealtad. Pepe Yunes, por su parte, integró aquel “Movimiento por la Justicia” que
se plantó frente a Palacio de Gobierno para exigir el cese de los abusos en esa
materia.
Se sabe que, anticipando la tormenta que se le avecina, Verónica Hernández
buscó con afán un cargo de elección popular que le diera fuero. No lo consiguió y
todo hace prever que seguirá los pasos de sus antecesores.
* * *
Epílogo.
Y a propósito de justicia, en el Consejo de la Judicatura de Veracruz están
revisando a detalle las denuncias que presentaron abogados litigantes del norte de
la entidad, por esa red de corrupción que opera entre jueces de control, auxiliares
y magistrados. *** Las quejas señalan de manera recurrente al magistrado
Esteban Martínez Vázquez, oriundo de Papantla, quien -denuncian los juristas-
opera con jueces corruptos de la zona norte, para generar determinaciones que
afecten a una de las partes y después cobrar una importante suma para corregir
las determinaciones. *** Son varios los funcionarios del Poder Judicial del Estado
(PJE) que le han sugerido a la magistrada presidente, Lisbeth Aurelia Jiménez
Aguirre, que utilice esas denuncias para dar un ejemplo de su política de combate
a la corrupción. *** Tan pronto como pase el período electoral, cuando sea
necesario quedar bien con el gobernador electo, esas quejas podrían ser
atendidas y los juzgadores sancionados.
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