A propósito de la reforma de la ley 276 que dote a la UPAV de autonomía académica y financiera, y de la revolución pendiente de la educación de Veracruz.
Apuntes desde el suelo
Dr. Lenin Torres Antonio
Transcurría el año 2009. Al pasar por la calle Enríquez de Xalapa, Veracruz, me topé con el Mtro. Zuñiga Martínez, a quien conocía desde hacía un buen tiempo, particularmente cuando fue alcalde de Xalapa. Paralelamente al apretón de manos, con su voz gruesa de buen orador, me preguntó a qué me estaba dedicando y comentó que le gustaría hacerme una propuesta de colaboración. Me citó en sus oficinas para el siguiente día. Presto a escucharlo, me presenté en sus oficinas a la hora que me indicó.
Como era su costumbre, me recibió efusivamente e, inmediatamente, me platicó -junto con su amigo y principal asesor, el Mtro. Ranulfo Lara- sobre el proyecto de crear una universidad social en Veracruz, puesto que la Universidad Veracruzana ya no podía dar cabida a la creciente demanda de ingreso a sus ofertas de estudios superiores. Además, la opción de las universidades particulares, por sus costos, resultaba inaccesible para la gran mayoría de los jóvenes veracruzanos.
Me detalló el modelos social que estaba implementando tenía que ver con la auto gestión, la auto sostenibilidad, y, el auto financiamiento, que se inspiraba en un modelo educativo estructuralista y vasconcelista, es decir, que el modelo educativo permitiría “llevar la educación directamente a los veracruzanos”, constituyéndose en un modelo educativo dinámico capaz de crear las ofertas educativas de acuerdo a las necesidades de mano de obra calificada para el desarrollo regional, esa característica local la final permitió que en pocos años la UPAV tuviera una increíble demanda y capaz de atender una matricula incluso superior al de la UV con menos recursos económicos.
Realmente la diferencia era y es abismal, mientras la UPAV con recursos propios (70 millones aproximadamente) y un presupuesto simbólico del gobierno del estado, que oscilaba en 2011 de 18 millones de pesos, lograba atender a 53,500 alumnos inscritos. Además, en ese momento ofrecía 46 licenciaturas, 19 maestrías, 5 doctorados y 3 carreras de Técnico Superior Universitario, y había fundado 525 preparatorias en distintos municipios del estado. En contraste, ese mismo año, el presupuesto ejercido por la UV en 2011 fue de aproximadamente 4,167 millones de pesos para atender una matrícula total de 70,000 estudiantes, considerando educación formal (licenciatura, posgrado, técnico superior universitario) y no formal.
Esto muestra que la UPAV, con menos del 0.5% del presupuesto de la UV, logró atender a casi la misma cantidad de estudiantes, además de impulsar educación media superior en todo el estado. Es un contraste muy fuerte en términos de costo por alumno y alcance social.
La diferencia era y sigue siendo abismal. Mientras la UPAV, con recursos propios (aproximadamente 70 millones de pesos) y un presupuesto simbólico del gobierno del estado que en 2011 oscilaba en 18 millones de pesos, lograba atender a 53,500 alumnos inscritos.
Además, en ese momento ofrecía 46 licenciaturas, 19 maestrías, 5 doctorados y 3 carreras de Técnico Superior Universitario, y había fundado 525 preparatorias en distintos municipios del estado. En contraste, ese mismo año, el presupuesto ejercido por la UV fue de aproximadamente 4,167 millones de pesos para atender una matrícula total de 70,000 estudiantes, considerando educación formal (licenciatura, posgrado, técnico superior universitario) y no formal.
Esto muestra que la UPAV, con menos del 0.5 % del presupuesto de la UV, logró atender a casi la misma cantidad de estudiantes, además de impulsar la educación media superior en todo el estado. Es un contraste muy fuerte en términos de costo por alumno y alcance social.
La muerte del querido Mtro. Zúñiga y de Ranulfo Lara marcó un parteaguas en el destino y la viabilidad social del “milagro UPAV”, puesto que el proceso de su creación estaba inconcluso. Principalmente, la dependencia de la UPAV del gobierno del estado en turno, al haber sido creada como una universidad pública bajo la figura de órgano desconcentrado del gobierno estatal, y la carencia de una estructura operativa universitaria amplia que cubriera los ejes básicos de cualquier institución universitaria: educación, investigación y extensión. Además, la designación del rector(a) quedaba sujeta a criterios políticos y partidistas del gobernante en turno, ya que la Ley 276 que crea la UPAV contempla como órgano supremo de decisión a la Junta de Gobierno, compuesta por funcionarios del gobierno del estado de Veracruz, siendo la gobernadora en esta época la presidenta de dicha Junta y quien tiene la facultad para proponer a la persona que ocupará el cargo de rector(a). Esta situación llevó, desde la muerte de su fundador, a la designación de personas sin conocimiento del modelo educativo de la UPAV, sin perfil académico suficiente ni producción científica.
A partir de la muerte del Mtro. Zúñiga, sus sucesores(as) no tuvieron la inteligencia de completar el proceso de consolidación de la UPAV, ni contemplaron realizar una reingeniería que permitiera cubrir los graves problemas de opacidad, corrupción y deficiencia en los procesos educativos, en detrimento de la calidad académica. Mucho menos consideraron -ni los gobiernos priistas, ni panistas, ni los actuales morenistas- que la UPAV debería perfilarse hacia su autonomía académica y financiera, tarde o temprano.
Así hemos visto desfilar penosamente a los rectores: Andrés Blancas Portilla (2015-2017) (PRI), Maribel Sánchez Lara (encargada de despacho, 2017) (PAN), Carlos Raúl Velázquez Hernández (2017-2018) (PAN), Ome Tochtli Méndez Ramírez (2018-2024) (MORENA), Sergio Torres Mejía (2024-septiembre 2025) (MORENA) y el actual, Rodolfo Torres Velázquez (nombrado el 18 de noviembre de 2025) (MORENA); todos y todas sin conocimiento del modelo educativo social de la UPAV, sin perfiles académicos, científicos y educativos probados, sin pertenecer a la institución, salvo Ome, quien se sometió a la partidización morenista de la UPAV. Todos(as) han usado la UPAV como “caja chica” del gobierno estatal en turno y como recurso partidista para eventos del partido en el poder; los últimos, incluso, envueltos in fraganti en corrupción y malversación de recursos económicos. La UPAV sigue con los mismos problemas de siempre: incapacidad para insertarse en los estándares de calidad de organismos educativos como CONACYT (hoy SECIHTI), SEP y ANUIES; precariedad laboral, como el hecho de que hasta la fecha, desde su fundación, los docentes cobran la misma cantidad de 1,890 pesos por materia; y lo más lamentable, el abandono en la atención a los aprendientes, incapaces de concebir que una universidad
pública no puede existir sin bibliotecas, como ocurre con la UPAV desde hace 13 años. Por ello, no puede obtener presupuesto federal como cualquier universidad pública. En fin, se ha sostenido hasta la fecha porque existe la demanda social de educación de los veracruzanos.
Así, la UPAV ha visto afectada su potencialidad de ser el pilar de la educación superior y media superior en Veracruz, y el principal motor para abatir el deshonroso rezago educativo que mantiene al estado en los últimos lugares a nivel nacional. Este rezago es particularmente grave en educación superior, donde la brecha con la media nacional supera los 20 puntos porcentuales (SEP, 2024), con una cobertura en educación superior del 23 %, también inferior al promedio nacional (43.8 %).
En fechas recientes, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) ha sido nuevamente atacada, vilipendiada, cabe señalar que estas agresiones no provienen de la comunidad upavista -directores, docentes y alumnos-, sino de personas ajenas a la institución, incluidos funcionarios educativos y el propio gobierno estatal.
El desconocimiento del modelo educativo por parte de los responsables de la educación en Veracruz, particularmente la Secretaría de Educación, se evidencia en su actuación frente a la grave problemática de opacidad y corrupción en la rectoría designada por el gobierno estatal. La gobernadora Rocío Nahle interpuso una demanda penal contra dichos funcionarios por presuntos delitos que incluyen saqueo de cuentas, desaparición de recursos, borrado de servidores, manipulación de matrículas, eliminación de nóminas y desaparición de pagos a estudiantes y docentes solidarios (Gobierno del Estado de Veracruz, 2024). En contraste, la Secretaría de Educación ha intentado exculpar a los responsables, acusando sin fundamento a los directores de las ofertas educativas de la UPAV, señalando que “hay mucha corrupción en esa universidad y empieza desde que los alumnos deben pagar a los directores que recogen el dinero y lo depositan al banco; muchos no lo depositan a la asociación” (SEV, 2024). Esta afirmación es falsa, ya que los alumnos realizan sus pagos en cuentas asignadas por la rectoría, por lo que los directores no manejan los recursos financieros.
Asimismo, la Secretaría declaró que existe ambigüedad sobre la naturaleza jurídica de la UPAV, afirmando que “ni es pública ni privada” (SEV, 2024). Sin embargo, la UPAV fue fundada como universidad pública mediante el Decreto de Ley 276, expedido el 15 de julio de 2011 (Congreso del Estado de Veracruz, 2011). Una universidad privada no se crea por decreto de ley. Es cierto que la administración financiera quedó en manos de asociaciones civiles, lo que ha generado opacidad y corrupción en el manejo de las cuotas de recuperación y autofinanciamiento; no obstante, dichas asociaciones fueron creadas y administradas por personas designadas en la rectoría por el propio gobierno estatal. La Junta de Gobierno, integrada mayoritariamente por funcionarios del gobierno de Veracruz -incluyendo a la gobernadora como presidenta y a la Secretaría de Educación como secretaria-, es la instancia facultada para designar al rector de la UPAV, en la mayoría de los casos con criterios más políticos que académicos. Las últimas dos designaciones de rectores carecen de suficiente preparación universitaria, perfil académico, producción científica y vínculo con la comunidad universitaria, como se espera en cualquier institución pública (Congreso del Estado de Veracruz, 2011; SEV, 2024).
Si observamos detenidamente las posturas, nos daremos cuenta de que la gobernadora Rocío Nahle colocó en la Secretaría de Educación a una persona que no camina junto a ella, que más que apoyar esa decisión valiente de castigar a los responsables de corrupción en la UPAV -venga del color que sea-, ha mostrado incapacidad. La remoción de la titular de la Secretaría de Educación es urgente, así como iniciar una revolución en toda la educación de Veracruz, que sigue cuesta abajo y continúa en los vergonzosos últimos lugares en todos los indicadores educativos a nivel nacional.
Mientras la UPAV continúe como un órgano desconcentrado del gobierno estatal, seguirá siendo un apéndice de intereses partidistas y un espacio propicio para la corrupción y la opacidad. Esta situación se ha mantenido como he señalado a lo largo de diferentes administraciones: primero priistas, luego panistas y ahora morenistas, sin que los problemas estructurales se resuelvan. Entre estos destacan procesos inconclusos, una Ley 276 insuficiente, autonomía meramente nominal, designación antidemocrática de rectores sin perfiles académicos idóneos y opacidad en el manejo de recursos financieros mediante esquemas ilegales como el outsourcing. En suma, la UPAV necesita una reforma integral de la Ley 276 que le otorgue verdadera autonomía académica y financiera, condición indispensable para su consolidación como institución de educación superior de calidad.
Por último, resta decirle a la gobernadora Rocío Nahle que la UPAV es parte del gobierno del estado y que el problema de la institución es más amplio que una simple demanda penal o un pronunciamiento deficiente como que, “el gobierno del estado tomará el control de la UPAV”. Este asunto tiene que ver con solventar procesos de consolidación universitaria, lo cual pasa por dotarla de autonomía. Por ello, debe promover una reforma integral a la Ley 276, con el objetivo de otorgar autonomía a la UPAV y realizar una reingeniería institucional que la libere de la injerencia política. Esta reforma permitirá resolver problemas como: incertidumbre laboral y profesional del personal académico, transparencia presupuestal, obtención de ingresos federales, control de egresados con calidad, planeación institucional y reforma académica, legal y financiera. Lo más importante: esta reforma colocará a la UPAV en el camino hacia la excelencia académica y la calidad educativa.
