APUNTES
Manuel Rosete Chávez
“La política no es, va siendo”
Dante Delgado Rannauro
La declaración resulta muy extraña toda vez de que el IPE, luego de que el político
José Francisco Yunes Zorrilla, gestionó y consiguió un apoyo directo de la
Secretaría de Hacienda en tiempos de José Antonio Meade, por cinco mil millones
de pesos anuales y esto permitió a ese Instituto operar sin problemas hasta el
sexenio anterior. Por eso extraña que la gobernadora afirme que hoy el IPE
enfrenta un déficit cercano a los 4 mil millones de pesos anuales y actualmente no
es autosustentable, anunciando que su administración analiza mecanismos para
garantizar la viabilidad financiera del organismo.
Ante la sorpresa de los comunicadores conscientes del buen funcionamiento del
instituto y de su indudable liquidez, la mandataria ha anunciado que el Gobierno
estatal mantiene aportaciones adicionales para cubrir las obligaciones del sistema
de pensiones, debido a que los recursos propios del instituto son insuficientes.
Por cierto, a realizar esa gestión acompañó a Pepe Yunes el entonces director del
IPE, el contador Gonzalo Morgado Huesca.
“Trae un déficit de casi 4 mil millones de pesos al año. Debería ser sostenible y
sustentable, pero no es”, afirmó tajante la gobernadora.
Afirmó también que desde la administración de Cuitláhuac García Jiménez se
destina íntegramente al IPE un fondo federal que originalmente podría utilizarse
para otros rubros, debido a la necesidad de garantizar el pago de las pensiones,
seguramente en referencia al fondo gestionado por José Yunes Zorrilla, el cual
autorizó la federación específicamente para el IPE y hasta donde sabemos porque
así se maneja, viene etiquetado para el Instituto de Pensiones del Estado.
“Hay un fondo federal que debería usarse para otras cosas, pero Cuitláhuac dijo:
‘Tengo que apoyar al IPE’, y ese fondo se va íntegro para apoyar al IPE”, señaló.
Ante esta situación, la gobernadora indicó que solicitó al secretario de Finanzas y
Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, que revisara alternativas para
modificar la situación financiera del organismo.
“Le pedí a Miguel Reyes que analizara cómo le vamos a hacer, porque el IPE
debe ser autosustentable y autosostenible”, afirma la gobernadora dando a
entender la intención de su gobierno de retirarle al IPE el mentado fondo, lo que
sería ilegal.
La mandataria sostuvo que cualquier mecanismo deberá garantizar la protección
de quienes dependen del sistema estatal de pensiones. “No podemos dejar a los
pensionados a la deriva, pero le pedí a Miguel que viera qué mecanismo
pudiéramos hacer para que el IPE sea sostenible”, afirmó dejando la cabeza del
IPE en la guillotina.
DEFICIT DEL IPE OCURRE EN MEDIO DE RECLAMOS
El reconocimiento del supuesto déficit ocurre en medio de las inconformidades de
trabajadores próximos a jubilarse por la aplicación del salario regulador o
ponderado, mecanismo utilizado para calcular las pensiones con base en el
promedio ponderado de los salarios de cotización de los últimos 10 años, en lugar
de considerar únicamente el último sueldo percibido.
Durante los últimos meses, organizaciones sindicales han cuestionado este
esquema al considerar que reduce los montos de las pensiones de trabajadores
que tuvieron modificaciones salariales o recategorizaciones durante la última
década de servicio.
Representantes de 62 organizaciones sindicales denunciaron previamente
reducciones que, de acuerdo con sus estimaciones, pueden alcanzar hasta 40 por
ciento respecto del último salario base.
También advirtieron que algunos trabajadores han optado por detener o aplazar
sus trámites de jubilación ante los montos calculados por el IPE.
Entre sus propuestas, los sindicatos han planteado revisar el mecanismo y limitar
su aplicación a casos considerados atípicos, como las recategorizaciones
realizadas durante los últimos años de servicio, en lugar de aplicarlo de manera
generalizada.
Hasta ahora, Nahle García no ha detallado qué modificaciones se analizan ni si la
revisión financiera del instituto incluirá cambios en la aplicación del salario
regulador, uno de los principales puntos de inconformidad de trabajadores y
organizaciones sindicales durante este año.
ANDY LÓPEZ BELTRÁN EN LA MIRA DE LOS EU
Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador,
es investigado por al menos dos agencias estadounidenses, según el New York
Times.
De acuerdo con la publicación del diario estadounidense, los organismos analizan
acusaciones en contra del morenista que aspira a una diputación local por
vínculos con el crimen organizado y contrabando de combustible.
Sin embargo, The New York Times, citando a cinco personas con conocimiento
directo en el tema, aclara que hasta el momento no se ha iniciado una
investigación formal en contra de Andy López Beltrán.
Incluso, el hijo de López Obrador se ha puesto en contacto con funcionarios de
Estados Unidos a través de intermediarios en varias ocasiones durante este año,
aunque no han mantenido conversaciones formales, según tres fuentes.
Esta revelación se da a un mes de que Andy López Beltrán anunciara que el
Departamento de Estado le revocó la visa para entrar a suelo estadounidense y
alegara que se trataba de un acto “político, politiquero y propagandístico”, al estilo
“hitleriano”, sin fundamentos ni pruebas de mala conducta.
Tras el anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa del morenista y
aseguró que se trataba de un acto político en contra de Morena y
la soberanía nacional.
Asimismo, cabe recordar que en mayo de este año, el hijo del expresidente se
separó de su cargo como secretario de Organización de Morena e hizo pública su
intención de competir por una diputación; desde entonces inició una gira para
ganar simpatizantes en Tabasco.
LA TINA GODOY NIEGA QUE AQUÍ SE LE INVESTIGUE
De acuerdo con la titular de la Fiscalía General de la República
(FGR), Ernestina Godoy, no hay órdenes de aprehensión o investigaciones en
contra de Andy López Beltrán por «huachicol» fiscal. Esta versión ha sido
respaldada tanto por la presidenta como por Morena.
Sin embargo, Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando Farías Laguna, afirmó
que el hijo de Andrés Manuel López Obrador sí se encuentra mencionado en las
indagatorias por el delito de «huachicol» fiscal.
En entrevista con el periodista Claudio Ochoa para Latinus Diario, el abogado
señaló que el morenista ha sido mencionado por dos testigos en distintas
ocasiones.
¿QUÉ PAPEL JUEGAN LAS FACTURERAS EN EL HUACHICOL?
De acuerdo con información dada a conocer por la organización Mexicanos Contra
la Corrupción y la impunidad, las factureras cumplen una función clave en las
operaciones de huachicol fiscal. Una vez que el combustible ingresa al país, las
facturas suelen ser utilizadas para simular que fue adquirido de manera lícita y
darle apariencia de legalidad durante su almacenamiento, distribución y venta.
Es por ello que algunos de los mayores deudores fiscales relacionados con la
importación y comercialización de combustibles son empresas factureras, como
constató una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
(MCCI).
Del listado de 10 empresas del sector combustibles con mayores adeudos ante el
SAT, cinco están en el listado definitivo de factureras: Dalcrise, Marlaya, Grupo
Petrotamps, Nafta Aditivos Orgánicos y Julia Mendoza Cruz.
Tan sólo esos cinco contribuyentes acumulan adeudos fiscales por 74 mil 993
millones de pesos. Dalcrise encabeza el grupo con 30 mil 954 millones de pesos;
Marlaya, con 29 mil 294 millones; Grupo Petrotamps, con 7 mil 762 millones; Nafta
Aditivos Orgánicos, con 3 mil 859 millones, y Julia Mendoza Cruz, con 3 mil 121
millones.
El caso de Julia Mendoza Cruz muestra la versatilidad con la que han operado las
factureras. Entre junio de 2017 y junio de 2018, obtuvo de la Secretaría de Energía
cuatro permisos para importar hasta 220 millones de litros de diésel y 50 millones
de litros de gasolina, además de un permiso de la Comisión Reguladora de
Energía para comercializar combustibles.
Antes de ingresar al listado definitivo del 69-B realizó más de 2 mil 700
operaciones de importación por las aduanas de Ciudad Juárez, Matamoros y
Nogales; el 80% del valor de esas operaciones fue declarado como preparaciones
antidetonantes, aditivos y aceites minerales, que son mercancías con las que se
encubren importaciones de combustibles.
Julia operaba desde un pequeño local de la avenida Mariano Escobedo, en
Tlalnepantla, ubicado justamente frente a las oficinas regionales del SAT. La
proximidad quedó asentada por la propia autoridad. En el requerimiento expedido
el 11 de febrero de 2026, el SAT anotó como referencia del domicilio de la
contribuyente que se encontraba “enfrente de las oficinas del Servicio de
Administración Tributaria”.
El expediente fiscal muestra que el problema venía de años atrás. La
Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior
determinó desde el 12 de noviembre de 2021 un crédito fiscal original por mil 474
millones 957 mil 279 pesos. Mendoza Cruz promovió un juicio de nulidad, pero el
adeudo quedó exigible y el SAT inició posteriormente el procedimiento
administrativo de ejecución.
Para febrero de 2026, las actualizaciones, recargos y otros conceptos habían
elevado la deuda a 3 mil 121 millones 819 mil 928 pesos, más del doble del crédito
fiscal originalmente determinado.
Julia Mendoza fue incorporada al listado definitivo del 69-B en 2024. Para
entonces llevaba alrededor de siete años participando en operaciones de
importación y comercialización de combustibles. Su caso muestra la distancia que
puede existir entre el momento en que comienzan las operaciones y aquel en que
el contribuyente termina formalmente identificado por el SAT como emisor de
comprobantes de operaciones inexistentes.
De los 85 contribuyentes del sector energético incluidos hasta ahora en los
listados definitivos, una tercera parte fueron identificados por el SAT en los dos
años recientes: 11 corresponden a 2025 y 17 al 2026…La delincuenci organizada
operando a todo lo que da.
REFLEXIÓN
Entonces los dos xalapeños que resultaron muertos durante el fuerte aguacero
que nos cayó la noche del pasado lunes se le contabilizan, en terminos de
responsabilidad, a la alcaldesa Daniela Griego Ceballos “La minatiteca”. Pues si,
el sistema de drenaje tapado por tanta basura que se ha quedado en las calles por
la ineficiencia de Daniela dieron como resultado que ante un aguacero el agua no
tenga por donde salir. Esa es una de tantas consecuencias que pagamos por
tener como autoridad a la peor alcaldesa del país, según la ultima calificación
publicada sobre el desempeño de los presidentes municipales: nos tocó pura
basura. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx | formatosiete@gmail.com
