Columna bitácora política
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Por Miguel Angel Cristiani G.
OCTAVA PARTE
El drama de las pensiones en Veracruz tiene dos caras. Por un lado, la de aquellos que, como el Rector, buscan retirarse con la gloria de un cheque de seis cifras. Por otro, la de los miles de trabajadores que ven con angustia el futuro del Instituto de Pensiones del Estado. El IPE opera bajo un esquema que requiere una inyección constante de recursos públicos para no colapsar, y cada «Pensión Dorada» que se autoriza es un clavo más en el ataúd de su viabilidad financiera.
Indicador IPE Veracruz
Valor / Estado (2026)
Observación
Pensionados Totales
>35,000 personas
Crecimiento constante de la nómina
Presupuesto de Préstamos
880 millones de pesos
Mecanismo de auxilio financiero
Periodo de Revista
Febrero – Marzo 2026
Control estricto de supervivencia
Déficit Actuarial
Crítico / Histórico
Dependencia de subsidio estatal
La Ley de Pensiones del Estado es clara en sus objetivos, pero las interpretaciones «especiales» para los altos funcionarios han creado una casta de privilegiados. La pensión íntegra equivalente al cien por ciento del sueldo regulador es un derecho que debería estar sujeto a los mismos topes para todos. No hay razón lógica ni ética para que el sueldo de un Rector, inflado con compensaciones opacas, se convierta en una carga de 120,000 pesos mensuales para el instituto durante décadas.
La sociedad veracruzana no olvida que en 2016 la universidad ya vivió una crisis financiera profunda bajo la gestión de Sara Ladrón de Guevara. En aquel entonces, la lucha era por el presupuesto mínimo para operar. Hoy, la lucha parece ser por el presupuesto máximo para jubilarse. Este cambio de prioridades habla de una degradación institucional que debe ser frenada. La «Pensión Dorada» no es un logro laboral; es un despojo al patrimonio de los veracruzanos.
