Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio un
violento golpe de timón: declaró como válida la elección en Jáltipan, con lo que se
confirma el triunfo de Gildardo Maldonado, de Movimiento Ciudadano (MC). ***
Además, en la misma sesión los magistrados de la Sala Superior determinaron la
anulación de la elección en Tamiahua, en donde se había declarado vencedora a
Citlalli Medellín Careaga, candidata del Partido Verde (PVEM). *** En el primer
caso, la candidata a la alcaldía por la alianza Morena-Verde, Mildred Marlene May
de la Cruz, había impugnado el resultado de la elección, argumentando que
durante la campaña fue víctima de violencia política en razón de género. *** Tanto
el Tribunal Electoral de Veracruz, como la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, coincidieron en que, en efecto, la
candidata había sufrido violencia política en razón de género y, por lo tanto, se
materializaban los elementos para anular la elección. *** Sin embargo, la Sala
Superior hizo prevalecer otra postura. Consideraron que no se acreditó la violencia
contra la aspirante y, por lo tanto, debía ser confirmado el triunfo del candidato de
MC. *** En el caso de Tamiahua, mientras tanto, la Sala Superior confirmó que la
candidata ganadora, Citlalli Medellín, rebasó en 63.73 por ciento el tope de gastos
de campaña, monto que -determinaron- “por sí solo resulta suficientemente
significativo y trascendente para evidenciar el dolo y la gravedad de la conducta
para efectos de incidir de manera determinante, cuantitativa y cualitativamente en
el resultado de la elección”. *** En esa misma sesión los magistrados dieron como
válida la elección en Teocelo, con lo que se confirmó el triunfo de Daniela Villegas
Olmos (PT), a la vez que se confirmó a Wenceslao Santiago Castro (PVEM) como
alcalde electo de Tecolutla.
Quienes defienden a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth
Aurelia Jiménez Aguirre, afirman que “no le dio tiempo” de hacer los ajustes en la
estructura que le heredó Verónica Hernández y, en consecuencia, no pudo
anticipar que la Fiscal Regional en Coatzacoalcos, Karla Díaz Hermosillo, la fuera
a meter en un lío tan grave a unos cuantos días de su llegada.
Otros, que saben mucho de esto, advierten que, por sentido común, la nueva
titular de la FGE debió colocar de inmediato a alguien de toda su confianza en el
Distrito Judicial que más interesa a su jefa, la gobernadora Rocío Nahle.
En lo que todos coinciden es en que la principal responsable del “affaire terrorista”
es Karla Díaz Hermosillo, una dama con trayectoria en la procuración de justicia,
pero que repuntó justo con la llegada de Verónica Hernández.
Incluso antes de que la presidente Claudia Sheinbaum afirmara que en México
“nunca se ha presentado una denuncia por terrorismo”, en este mismo espacio se
hizo referencia al caso de Maruchi Bravo y Gilberto Martínez, quienes, en 2011,
durante la gestión de Javier Duarte, fueron detenidos y acusados de terrorismo,
esto es, de la comisión de un delito contemplado en el artículo 311 del Código
Penal de Veracruz.
En ese entonces, luego de permanecer un mes en prisión, ambos personajes
fueron dejados en libertad, pues la Procuraduría de Justicia retiró los cargos.
Pero no ha sido ese el único caso. En fechas más recientes, ya con Verónica
Hernández como titular de la FGE, 11 personas -entre pobladores de Texistepec y
sus asesores- quienes tienen una añeja disputa por la explotación de una mina
ubicada en aquel municipio, fueron detenidos y se les imputó el delito de
terrorismo. La mayoría de ellos obtuvo su libertad, pero los procesos no han
concluido y el riesgo de que sean sentenciados por ese delito, que contempla
hasta 30 años de prisión, sigue latente.
Este martes, en la audiencia de vinculación, en Coatzacoalcos, la Fiscalía retiró de
la carpeta en contra del periodista Rafael León Segovia, la imputación por
“terrorismo” y dejó sólo las de “encubrimiento por favorecimiento” (se refiere a
ayudar a un delincuente a eludir la justicia, ocultar pruebas o sustraerse de la
autoridad tras la comisión de un delito, sin haber participado en él) y delito contra
las instituciones de seguridad pública (se refiere a conductas que obstaculizan,
atacan o afectan el buen funcionamiento de las autoridades (policía, fiscalía, etc.),
como puede ser amenazar o agredir a un elemento, dar información falsa, o actos
de corrupción).
Ninguno de estos dos delitos amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que el juez
lo vinculó a proceso y le impuso como medida cautelar “arraigo domiciliario” por un
año. Esto es, que no podrá apartarse de su domicilio durante ese lapso.
No hubo explicación alguna y, por supuesto, tampoco hubo disculpas. La fiscal
Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre -lo mismo que la gobernadora- espera que con
esta decisión se le dé vuelta a la página y se olvide el agravio.
No va a ser así.
Epílogo.
Siguen los problemas del gobierno estatal con el Sector Salud. *** Se acabó el año
y siguen sin recibir su bono y a eso se suma que los empleados contratados
mediante el Convenio Sa-Nas (la forma sencilla de decir: Convenios Específicos
en materia de Transferencia de Insumos y Ministración de Recursos
Presupuestarios Federales para realizar acciones en materia de Salud Pública en
las Entidades Federativas) están reclamando el pago de retroactivos que ya
aparecen como aplicados, pero que no han llegado a ellos. *** Se trata de
trabajadores que iniciaron labores en septiembre, pero recibieron su primer pago
en noviembre, aunque sólo de la quincena que corría. Faltaba que les pagaran lo
de al menos dos meses y es la fecha en que aún no les llega. *** Algo muy grave
está pasando en la Secretaría de Salud y de eso nada ha dicho la gobernadora.
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