Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Si de verdad siente algo por la institución que hoy dirige, Martín Aguilar debe
escuchar la voz de la comunidad universitaria: no lo quieren por más tiempo del
que establece la ley. No están pidiendo que se vaya ahora, sino que, al concluir su
período, deje el lugar para alguien más. *** Este lunes estudiantes, académicos y
empleados de la Universidad Veracruzana (UV) marcharon con una sola consigna:
decir no a la “prórroga” que se inventó el rector para mantenerse en el cargo. *** El
rector Martín Aguilar Sánchez culmina su periodo al frente de la UV, pero el 31 de
agosto solicitó el pasado 29 de mayo una prórroga para continuar en el cargo por
cuatro años más. *** Los manifestantes llegaron hasta el edificio de Rectoría,
aunque Martín Aguilar estaba ausente, pues participó en un evento en el puerto de
Veracruz. En la marcha participaron los aspirantes a ocupar el cargo que hoy
ostenta Martín Aguilar y advirtieron que “se está torciendo la ley” y “se inventaron
un procedimiento que rompe con los principios democráticos, de transparencia, de
equidad”, los que se han mantenido en los casi 30 años de autonomía
universitaria. *** Durante buena parte de este proceso en la búsqueda de su
permanencia en la rectoría (el año pasado intentó reformar la Ley Orgánica para
quitar el “candado” del límite de edad) el gobierno estatal se había mantenido al
margen. Hay, sin embargo, señales de que algún sector de la administración
estatal pretende apoyar al actual rector. Sería una postura muy grave.
Vaya desde este espacio un reconocimiento al valor cívico, al arrojo de la
gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. Hizo algo que nadie se había atrevido:
señalar directamente, sin titubeos, sin que le temblara la voz, a actores políticos
que están ligados a la delincuencia organizada.
Es de suponer que a estas alturas la gobernadora ya presentó las denuncias
correspondientes y aportó la información con la que ella cuenta y con la que
sustenta su dicho.
Sé que Rocío Nahle no es abogada, pero en el encargo que actualmente cumple,
tiene a su disposición a un grupo de juristas que le habrán hecho saber lo que
señala el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Ese instrumento jurídico, de obligado cumplimiento para los mexicanos, advierte
que “toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente
constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público”.
Ese mismo artículo se refiere de manera particular a ciudadanos con
responsabilidades como las que tiene actualmente la gobernadora:
“Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable
existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo
inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere
(…) Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las
sanciones correspondientes”.
Vayamos al contexto:
Este lunes, en conferencia de prensa, la gobernadora Rocío Nahle señaló al
dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, a quien
calificó como un “simulador profesional” y lo acusó de desconocer lo que en
realidad sucede en esta entidad.
“Máynez es un simulador profesional. Lo conozco desde hace mucho tiempo y
debería de informarse un poquito más de lo que pasa en Veracruz”.
Pero eso no fue lo más grave. Ya encarrerada, la gobernadora aseguró que MC ha
incurrido en “prácticas cuestionables”, pues -según ella- postuló y ganó con
candidatos que tienen vínculos con grupos delictivos.
“MC le apostó a querer ganar elecciones con personajes vinculados a la
delincuencia organizada y con personajes que tienen vinculación directa”, señaló.
Y demostrando que no tiene pelos en la lengua, Rocío Nahle dio ejemplos de los
casos en los que -asegura- el partido naranja se vinculó con criminales: los
candidatos de Las Choapas, de Nanchital y de Tihuatlán.
“Donde estén personajes dudosos o algo, ahí no voy a trabajar. Voy a trabajar
para el pueblo. No dejaré ningún espacio en el territorio. Pero de sentarme con
esos personajes no. Tengo que cuidar la investidura”, advirtió.
Rocío Nahle afirma que el candidato de MC a la alcaldía de Tihuatlán, Raúl
Hernández Gallardo (quien ya recibió su constancia de mayoría) tiene vínculos
con grupos ilegales y recuerda que incluso estuvo detenido.
También señaló a Jesús Uribe, candidato vencedor de MC en Las Choapas, de
quien dijo que tiene una sentencia condenatoria de 20 años, aunque admitió: “un
juez le revocó la sentencia”.
Y cerró haciendo alusión a Elvis Ventura, candidato vencedor en Nanchital, a
quien -dijo- se le inició una carpeta “por noticia criminal”, algo que no está
tipificado como delito, aunque ella califica de “inhumano” el video en el que el
candidato es señalado por una banda criminal.
Ya tiene la gobernadora, entonces, información suficiente. Demuestra que tiene
conocimiento de la probable existencia de diversos hechos que la ley señala como
delito. Si no denuncia, estará incurriendo en responsabilidades penales.
No creo que eso suceda, porque nuestra gobernadora ha insistido hasta el
cansancio en que ella es una persona convencida de que se debe cumplir la ley.
¡Felicidades por su valor cívico!
Epílogo.
Aquí mismo se anticipó que Morena, en contubernio con los consejos general y
municipal de Poza Rica, pretendía arrebatarle a Movimiento Ciudadano (MC) las
alcaldías de Poza Rica y de Papantla. El mismo domingo se dio a conocer el
cómputo final en la ciudad petrolera y el partido naranja obtuvo el triunfo con una
diferencia de apenas 500 votos, cuando el PREP había señalado que la ventaja
superaba los 2,500 sufragios. *** Al final, a pesar las burdas trampas realizadas
por los emisarios del actual alcalde, Fernando Remes, el abanderado de MC,
Emilio Olvera, obtuvo la constancia de mayoría. *** Al cierre de esta colaboración
no había concluido el recuento en Papantla, donde la diferencia -a favor de MC-
era menor, y las trampas eran las mismas.
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