ALPIE30MARZO2025
AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Ayer inició el periodo de campaña de la inédita elección para renovar, por primera vez
mediante el voto popular, la mitad de los cargos del Poder Judicial de la Federación.
Durante los siguientes 60 días alrededor de 3 mil 400 candidatos podrán hacer proselitismo
con un marco legal que los limita a promoverse prácticamente solo a través de las redes
sociales y del volanteo en papel reciclable.
Sin embargo, difícilmente van a escapar al escrutinio de los medios de comunicación. Por
ejemplo, en el caso de los candidatos al Juzgado de Distrito del Séptimo Circuito
Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede
en la zona conurbada Xalapa-Emiliano Zapata, los ciudadanos interesados en esta elección
judicial han comenzado a revisar los perfiles de los principales aspirantes.
Uno es Porfirio Aldana Mota, quien el sexenio anterior fue jefe de Departamento de
Defensa de los Derechos Humanos en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de
Veracruz. Ha sido secretario de Estudio de la Tercera Sala del Poder Judicial del Estado en
Xalapa, juez de control interno en el penal en Coatepec, y administrador judicial de causas.
Fue becario Conacyt del Doctorado en Derecho de la UV. Le achacan ser muy allegado a la
magistrada Ailett García Cayetano, incondicional del exgobernador Cuitláhuac García, y
fue acusado en noviembre de 2022 de recibir sobornos como proyectista sin sueldo al
mando de ella.
Otro es Aldo Francisco López Velázquez, extitular de la Unidad de Transparencia del
Instituto Veracruzano del Deporte. Fue asesor legislativo en la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión. Docente universitario y de posgrado. Asesor en la Sindicatura del
Ayuntamiento de Xalapa. Abogado Maestro en Derecho Procesal Penal y Criminología.
Profesional autónomo independiente. Brigadista de Morena en el equipo de la diputada
federal Ivonne Cisneros Luján, exsíndica xalapeña. Le critican hasta su foto de perfil de
Facebook, en la que aparece con la dirigente nacional morenista Luisa María Alcalde
Luján.
Una más es Fernanda Isabel Figueroa Cruz, quien fue directora de la Comisión Estatal de
Búsqueda. Ha sido acusada de violentar a empleados públicos y hasta de acoso sexual.
También fue señalada de corrupción y de amenazar a periodistas. Incluso, el exlíder del
Congreso local y actual delegado de la Secretaría de Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín,
cuestionó su nombramiento como funcionaria de la Secretaría de Gobierno.
Y la otra fuerte opción la representa Gustavo Stivalet Sedas, un abogado relativamente
joven muy preparado que inició su carrera judicial en octubre de 1999 como secretario
proyectista en materia penal en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Cosamaloapan
y luego realizó la misma labor en los Juzgados del puerto de Veracruz y Coatzacoalcos,
para, en octubre de 2002 y hasta mayo de 2006, desempeñarse como secretario de estudio y
cuenta de varias salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Desde hace seis años, a
partir del 1 de octubre de 2019 hasta el actual, es Juez de Distrito Especializado en el
Sistema Penal Acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz.
Ha tomado cursos tanto en el Instituto de la Judicatura Federal como en universidades
públicas y privadas de México y el extranjero –entre ellas la Universidad de Chile, donde
concluyó un diplomado de bases teóricas y prácticas para la ejecución penal y el sistema
penitenciario–, especializándose en justicia para adolescentes, así como en las bases
teóricas y prácticas para la ejecución penal y el sistema penitenciario, y en la valoración
racional de la prueba; además ha recibido cursos de inducción para la designación de jueces
de distrito especializados en el nuevo proceso penal acusatorio; otro de sensibilización en el
nuevo sistema de justicia penal, y uno más de diálogos para la instrumentación de la nueva
ley de amparo, entre otros.
Es especialista en derecho penal con enfoque particular en el sistema de justicia penal
acusatorio, la ejecución penal y el juicio de amparo, y cuenta con una sólida formación
académica y amplia experiencia como juzgador y docente en temas jurídicos, destacando el
conocimiento en procesos penales, civiles, laborales y administrativos (derecho ambiental y
fiscal).
Sin embargo, el abogado Stivalet Sedas está obligado a explicar a los electores los
señalamientos que le hicieron en septiembre de 2023 y el año pasado en las conferencias
mañaneras del ex presidente Andrés Manuel López Obrador por haber ordenado la
liberación de presuntos criminales y favorecer supuestamente al ex gobernador panista
Miguel Ángel Yunes Linares, quien pretextó un “derrame cerebral” para no comparecer en
el proceso judicial por el presunto fraude de las 6 mil 476 videocámaras del sistema estatal
de videovigilancia, cuyo contrato asignó a la empresa Comtelsat, S.A. de C.V., y por el que
la administración de su sucesor Cuitláhuac García denunció pagos indebidos por 590
millones de pesos.
Inclusive, el año antepasado, el general Luis Rodríguez Bucio, a la sazón subsecretario de
Seguridad Pública del gobierno federal, lo cuestionó por 27 resoluciones que, en su
opinión, eran consideradas “contrarias a la justicia”.
No obstante, algunas víctimas de la persecución política que se dio en el sexenio del
exgobernador morenista García Jiménez, como José Manuel del Río Virgen, ex secretario
técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado y actual director de Control Interno
y Evaluación Técnica de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como su esposa, la
diputada local Mayra Angélica Amador Pérez, abogan por el juez Stivalet Sedas y han
decidido darle su voto de confianza, reconociéndole su honestidad, capacidad y, sobre todo,
su trato humano que muchos juzgadores no tienen.
