Punto de Vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
No está de más que el gobierno estatal -pero principalmente el Congreso- tome en
cuenta las palabras de la magistrada Concepción Flores Saviaga, quien recordó
que están pendientes resoluciones a recursos de amparo presentados por
magistrados del Tribunal Superior de Justicia, por lo que “no es oportuno” cubrir
las vacantes. *** Flores Saviaga, quien fue removida a pesar de contar con la
argumentación jurídica para conservar el cargo, advirtió que, en caso de designar
magistrados, el Tribunal Superior de Justicia incurriría en una responsabilidad
administrativa por el riesgo de erogar un doble pago de sueldo a los togados. ***
“No es oportuno que cubran esas vacantes porque siguen vigentes los amparos
que tenemos promovidos e implica una responsabilidad administrativa el doble
pago de un recurso público que es el presupuesto”, dijo. *** Se dijo contrariada
ante el posible nombramiento de nuevos magistrados del Poder Judicial con
perfiles afines a Morena y con funcionarios del actual gobierno del estado: “Siguen
cometiendo los mismos errores; antes les di el voto de confianza a las mujeres,
hay mujeres preparadas y no preparadas y se debe seguir cuidando que los que
ingresen tengan carrera judicial”. *** Recordó que hay jueces con muchos años de
servicio, a los que no les dan la oportunidad de acceder a una magistratura: “Se
deben quitar las decisiones políticas, porque afectan a la sociedad”.
* * *
¿Deben recibir los candidatos a cargos de elección popular, en casos específicos,
protección especial por parte de las autoridades?
Este cuestionamiento se le ha hecho a Pepe Yunes en varias ocasiones, y su
respuesta ha sido, en términos generales, la misma: “en Veracruz le exigimos -no
como petición sino como exigencia puntual- al gobierno del estado que cumpla
con su función mínima, que es la de darle seguridad a todos y que empiece por los
ciudadanos que no tienen exposición pública”.
Hay, sin embargo, voces autorizadas que advierten sobre la creciente presencia -y
participación- del crimen organizado en los procesos electorales, lo que inhibe la
participación de la sociedad en este ejercicio democrático.
El magistrado electoral Felipe de la Mata Pizaña, ya advirtió sobre ese fenómeno.
Puso como ejemplo el caso que enfrentó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en 2021, con las elecciones en Michoacán:
“(El fenómeno de) la violencia por grupos criminales en las elecciones es un
elefante en el cuarto de la democracia mexicana y visibilizarla es el primer paso
para remediarla. A eso se enfrentó el Tribunal Electoral al resolver la impugnación
contra la validez de la elección a la gubernatura de Michoacán”, narró.
Desde entonces se advirtió sobre la creciente manifestación de este fenómeno, y
el mismo magistrado explicó las primeras medidas adoptadas al respecto:
“Las soluciones a las amenazas que representan los poderes fácticos como son
los grupos delincuenciales requieren de medidas eficaces; de una actitud activa y
no pasiva de las autoridades. Por tanto, las autoridades electorales deben actuar
para sancionar y prevenir actos que ponen en riesgo la vida e integridad de las
personas, o afecten el desarrollo libre y pacífico de los procesos comiciales. Así,
se ordenó al Instituto Nacional Electoral que, en el ámbito de sus competencias,
cree una política electoral nacional para prevenir factores de riesgo de violencia
electoral”.
Eso fue hace tres años, en el 2021. Vale la pena recordar fragmentos de una de
las crónicas más crudas sobre aquel proceso electoral, de la pluma del periodista
Héctor de Mauleón y que intituló: “El día que el cártel de Sinaloa se robó la
elección”.
Narró:
“Se le cerraron varias camionetas con hombres armados. Era el 5 de junio de
2021, un día antes de las elecciones intermedias para renovar gobernador,
diputados y ayuntamientos (…) en un semáforo, se le adelantaron dos camionetas
que no le permitieron avanzar más. Pronto aparecieron otras dos a los lados, y
una más atrás. Hubo luces, gritos, portazos. A ella le apuntaron con un arma de
alto poder, la obligaron a abrir la portezuela. Lo primero que hicieron fue quitarle el
celular”.
Luego de presentar ese caso, el periodista concluyó:
“Esa noche, el Cártel de Sinaloa recorría Culiacán para desactivar a los
operadores del PRI. Preguntaban dónde estaba el dinero para movilizar y darle de
comer a la gente al día siguiente. Preguntaban quiénes más formaban parte de la
estructura priista y dónde se encontraban en aquel momento. Se calculó
inicialmente que 20 operadores fueron “levantados” por la gente del Cártel. Pero
dada la magnitud de la movilización de aquella noche, los secuestrados podrían
ser hasta cien”.
Y finalmente: “Ninguno de los ‘levantados’ quiso denunciar. No hubo un solo
abogado dispuesto a llevar los hechos ante el tribunal competente. El PRI local
decidió que lo mejor, ‘por seguridad’, era dar vuelta la página. Se pidió a los
involucrados callar. Algunos de ellos creen, sin embargo, que el sol no se puede
tapar con un dedo y que lo ocurrido esa noche tendrá consecuencias en la vida de
Sinaloa (…) Ese día, el narco votó. El cártel se robó la elección”.
Estamos a cuatro meses de que se realice un nuevo proceso electoral (el más
grande en la historia de México, toda vez que habrá elecciones concurrentes en
los 32 estados del país, y se contará con la participación de más de 97 millones de
ciudadanos) y no vemos una estrategia definida, decisiones firmes de las
autoridades en este país, para evitar que el crimen organizado se robe la
democracia.
* * *
Epílogo.
Hasta 80 mil pesos se dejan pedir jueces de la zona norte (especialmente
Papantla y Poza Rica) para “sacar” los asuntos que llegan a sus manos. Saben
que para ello cuentan con el respaldo del magistrado Esteban Martínez Vázquez
quien, a cambio de una porción del “pastel”, no sólo ratifica sus resoluciones, sino
que les endereza las sentencias aplicando “la suplencia de la queja”, cuando los
asuntos no tienen solidez jurídica. *** Allá en el norte, la justicia sí tiene precio. ***
Es evidente que el conflicto de los empleados de la Secretaría de finanzas (por la
modificación, sin previo aviso, de las condiciones generales de trabajo) no ha
quedado resuelto. *** el pasado fin de semana el secretario General del Sindicato
de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz, Acdmer Antonio Galicia Campos
dio a conocer que la burocracia no ha recibido una solución al conflicto generado
por un dirigente sindical que decidió actuar a espaldas de sus representados. ***
“Hay una inconformidad de parte del gremio de trabajadores del Poder Ejecutivo
en relación con una reforma a las condiciones generales de trabajo, sobre todo
porque estaba siendo ocultada hasta que se suscitó el incidente en Sefiplan”,
explicó Galicia Campos. *** Sin avisar a los empleados fue modificada la cláusula
46, que se refiere al periodo vacacional. Muy mal parado queda el sindicato
mayoritario, que otorga concesiones al patrón sin informar a sus agremiados.
filivargas@gmail.com