AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Vaya manera de arruinarle el festejo de cumpleaños a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y
es que mientras el gobierno de México estaba muy atento al intercambio de misiles en el
Medio Oriente, ayer, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un obús contra
dos bancos (Intercam y CIBanco) y la casa de bolsa Vector, S.A. de C.V. –propiedad ni
más ni menos que del empresario regiomontano Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la
Presidencia de Andrés Manuel López Obrador–, a los cuales señaló de “narcolavado”.
De inmediato, la Secretaría de Hacienda, que encabeza Edgar Amador Zamora –un ex
empleado de Vector, la casa de bolsa del ex consejero de AMLO– contraatacó,
respondiendo que luego de ser notificados sobre estas presuntas irregularidades, “se solicitó
al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades
ilícitas que pudieran ser corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); sin embargo, no se recibió ningún dato
probatorio al respecto”. Y afirmó que, de contar con información contundente que pruebe
actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, las autoridades mexicanas
actuarán “con todo el peso de la ley”.
No obstante, desde ayer la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del
Departamento del Tesoro de EU decidió prohibir ciertas transferencias de fondos que
involucren a CIBanco, Intercam y Vector, haciendo valer sus facultades para combatir el
lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo
por parte de cárteles.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que “CIBanco e Intercam, bancos
comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos
totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones
de dólares en activos, han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el
lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la
facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la
producción de fentanilo”.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el
envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los
cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”,
señaló Bessent.
En los avisos emitidos en contra de Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, el
Departamento del Tesoro aseguró que estas instituciones financieras operaron 186.6
millones de dólares para facilitar las actividades criminales de los cárteles del
narcotráfico mexicano. Además, para colmo del gobierno de la 4T, la oficina de la Red de
Control de Delitos Financieros (FinCEN) documentó también que Vector recibió
transacciones por 40 millones de dólares vinculados a Genaro García Luna, el ex
secretario de Seguridad Pública del ex presidente Felipe Calderón que en octubre del año
pasado fue sentenciado por una Corte de Nueva York a 38 años de prisión por recibir
sobornos del Cártel de Sinaloa.
Contra la casa de bolsa de Alfonso Romo ya existía un antecedente. El diario Reforma
refirió que, en octubre de 2019, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la sancionó
por infringir los controles de prevención de lavado de dinero que establece la regulación.
Según el diario capitalino, la CNBV la multó en esa ocasión con la ridícula cantidad de 403
mil pesos por no considerar el elemento riesgo de transacciones y canales de envío en su
metodología de evaluación de riesgos de prevención de lavado de dinero y financiamiento
al terrorismo.
Ahora, la FinCEN determinó que Vector es empleada para lavar dinero en relación con el
tráfico ilícito de opioides de los cárteles de Sinaloa y del Golfo, y que entre 2018 y 2023 se
descubrió que “había realizado más de un millón de dólares en pagos en nombre de
empresas con sede en México a empresas chinas”.
En cambio, a Intercam y CIBanco los vinculó con los cárteles de los Beltrán Leyva, CJNG
y el del Golfo para el lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de opioides y “la
adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos”.
¿REPETIRÁ EU LA OPERACIÓN
CASABLANCA DE HACE 27 AÑOS?
Sobre este escándalo que sacudió ayer a la opinión pública nacional, algunos políticos de la
vieja guarda priista nos preguntan si acaso este golpe de la administración del presidente
Trump irá a tener el mismo desenlace que hace 27años tuvo el operativo Casablanca que
llevó a cabo el gobierno del presidente Bill Clinton también contra varios bancos
mexicanos acusados de lavar dinero para los cárteles del narcotráfico.
Según la historia que el 19 de mayo de 1998 publicó el periodista David Brooks,
corresponsal del diario La Jornada en Washington, durante tres años Estados Unidos llevó a
cabo una operación encubierta a espaldas del gobierno de México que resultó en uno de los
mayores escándalos bancarios, pues implicaba a 12 de los 19 principales bancos mexicanos
en operaciones de lavado de dinero para los cárteles de Juárez y Cali.
Con el arresto de 22 ejecutivos –identificados sólo como de “nivel medio”– de 12 bancos
comerciales mexicanos por lavado de dinero y acusaciones formales contra tres de las más
importantes empresas financieras mexicanas: Bancomer, Serfín y Confía, la llamada
operación Casablanca concluyó a mediados de ese mes su etapa clandestina y fue
declarada un éxito por el gobierno del presidente Clinton.
La operación concluyó sus tres años de existencia encubierta con 112 arrestos (más los 22
de mayo de ese año ), el decomiso de 35 millones de dólares, dos toneladas de cocaína y
cuatro de mariguana, y el establecimiento de pruebas de vínculos entre los cárteles de
Juárez y de Cali con la banca mexicana.
El entonces secretario del Tesoro, Robert Rubin, calificó el resultado de la operación
encubierta –encabezada por el Servicio de Aduanas en colaboración con la DEA, Justicia,
Tesoro y otras dependencias–, como “la culminación del caso sobre lavado de dinero
proveniente del narcotráfico más cuantioso y extenso en la historia de la seguridad pública
de Estados Unidos”.
Por su lado, la Junta de la Reserva Federal anunció acciones contra Banamex, Banca Serfín,
Bital, Bancomer y Banco Santander, en las que ordenaba a estos bancos aplicar nuevos
procedimientos y políticas anti lavado de dinero, indicando que todas estas instituciones de
crédito tenían sucursales en Estados Unidos.
Las autoridades financieras de EU informaron que este era apenas un paso previo a posibles
medidas que podrían llevar hasta la clausura de las sucursales de estos bancos en territorio
estadounidense. La determinación y evaluación sobre las operaciones de éstas las realizaría
la Reserva Federal.
Rubin, la procuradora general Janet Reno, y el subsecretario del Tesoro, Raymond Kelly,
divulgaron en esa ocasión la existencia de la operación, al anunciar el arresto de 22 de los
26 ejecutivos mexicanos acusados formalmente en documentos divulgados por el tribunal
de distrito de Estados Unidos en Los Ángeles (en Washington no se divulgaron los
nombres de los ejecutivos ni de sus bancos, más allá de señalar que son 12 empresas).
También informaron que había órdenes de embargar más de 100 cuentas bancarias a través
de este país y Europa, controladas por los cárteles de Juárez y Cali, con lo que se esperaba
confiscar otros 122 millones de dólares.
Se esperaba el arresto de otros 40 o más individuos por los delitos de lavado de dinero o
narcotráfico, y con la detención de los 22 ejecutivos mexicanos y otras 112 personas en el
curso de la investigación de tres años, el total de aprehendidos se calculaba que podría
llegar a 200, según informaron.
La investigación, también sin la
ayuda o conocimiento de México
El corresponsal de La Jornada narró que al preguntar en la conferencia de prensa –citada
sin previo aviso para anunciar los resultados de la operación– si México había cooperado en
las indagaciones, el subsecretario del Tesoro, Raymond Kelly, respondió que “esta fue una
investigación muy guardada. Teníamos a muchos oficiales clandestinos trabajando bajo un
enorme riesgo, por eso esta información no fue compartida con el gobierno mexicano”.
Reno informó que ese día había hablado con su contraparte en México, el procurador Jorge
Madrazo Cuéllar, y Rubin hizo lo propio con el secretario de Hacienda, José Ángel Gurría,
para informarles sobre la operación y sus resultados, y en este contexto, Janet Reno agregó
que “ellos indicaron que deseaban cooperar en todas las formas posibles”.
En respuesta a una pregunta sobre si estadunidenses que son clientes de bancos mexicanos
deberían confiar en ese sector después de este anuncio, Rubin afirmó que los bienes
involucrados en el lavado de dinero identificados hasta ahora eran un porcentaje mínimo de
los bienes totales de la industria bancaria mexicana, “y no creo que cualquier cosa que haya
pasado aquí, en ese sentido, se relacione con la cuestión de la integridad financiera del
sistema bancario mexicano”.
Sin embargo, en torno del impacto de este asunto sobre la banca mexicana, dijo Rubin, esa
tendría que ser una pregunta para las autoridades mexicanas y la Secretaría de Hacienda.
Sobre si habrá estadunidenses arrestados o implicados en este caso, la respuesta fue que no,
y aunque se utilizaron unas 100 cuentas estadunidenses, no se detectaron pruebas o
indicaciones, hasta la fecha, de que los banqueros estadunidenses sabían del origen de esos
fondos.
La procuradora general Janet Reno afirmó hace 27 años que “hoy es un día muy malo para
los narcotraficantes en este hemisferio”. Agregó que la operación Casablanca construyó un
mapa de carreteras que detectó la estructura de los cárteles de droga internacionales, desde
los capos, a los mensajeros, a los banqueros. Estamos utilizando ese mapa para irrumpir en
sus operaciones y no nos vamos a detener, afirmó. “De hecho, nuestros esfuerzos
continúan”. Informó que el caso judicial sobre los resultados de la operación se llevaría a
cabo en Los Ángeles.
El subsecretario de Tesoro resumió así el significado del caso: “primero, sólo por el
volumen de los montos de dinero involucrados; segundo, porque se descubrió un intrincado
modo de lavar dinero por medio de un número significativo de instituciones financieras
mexicanas; y tercero, porque expuso un vínculo entre los cárteles de Cali y Juárez con los
bancos mexicanos”.
Hoy, dijo orgulloso en aquél entonces, “nos inyectamos en la sangre vital de los capos, y
aunque no destruimos los cárteles, los dejamos significativamente más débiles y mucho
menos seguros”.
En aquella ocasión, el periodista David Brooks describió así el esquema del operativo para
detectar el lavado de dinero hace más de cuatro sexenios:
- Agentes encubiertos confiscaban el dinero procedente de la venta de drogas en las calles
de las principales ciudades estadunidenses y depositaban esos fondos en cuentas bancarias
encubiertas controladas por el Servicio de Aduanas de Estados Unidos. - Los fondos fueron transferidos electrónicamente a bancos mexicanos que empleaban a
las personas arrestadas. - Los bancos norteamericanos diseñaron mecanismos para conseguir confidencias sobre
las cuentas de los bancos mexicanos donde se depositaron los fondos enviados por los
agentes encubiertos de los Estados Unidos. - Los fondos se transferían después a los encargados de lavar el dinero.
FISCAL GENERAL DE EU LANZA
OTRO BOMBAZO CONTRA MÉXICO
Quién sabe si la presidenta Sheinbaum y su corte de la 4T habrán conciliado el sueño
anoche, pues aparte del misil lanzado por el Departamento del Tesoro ayer mismo también
la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, dirigió tremendo obús al incluir a México
en una lista de “países adversarios” que buscan asesinar estadounidenses a través del tráfico
de drogas, advirtiendo además que la administración del presidente Donald Trump no se
dejará intimidar por estos grupos criminales.
Durante una audiencia ante el Comité de Gastos del Senado, Bondi incluyó a México en
dicha lista de países adversarios al responder una pregunta del Senador republicano Lindsey
Graham, de Carolina del Sur, sobre si la administración del presidente Trump se dejaría
intimidar por Irán.
“Creo que (el Presidente) Donald Trump lo ha dicho alto y claro: No nos dejaremos
intimidar y mantendremos a EU seguro gracias a su liderazgo. No solo de Irán sino también
de Rusia, China y México, sino de cualquier adversario extranjero”, dijo Bondi al responder
la pregunta del Senador Graham.
“Ya sea que intenten asesinarnos físicamente o a través de causar sobredosis a nuestros
niños con drogas. Gracias al liderazgo (del Presidente Trump) haremos todo lo posible para
mantener a EU seguro”.
Durante la misma audiencia, la Fiscal General de EU evitó responder públicamente otra
pregunta del senador Graham sobre si el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum
estaba colaborando en combatir las drogas ilegales desde México, por lo que pidió una
audiencia privada para abordar el tema.
-¿México nos está ayudando con el problema de las drogas?, preguntó el Senador
republicano.
“Senador: Sería mejor tener esa conversación en un espacio de tipo clasificado”, respondió
Bondi.
-Lo que quiero decir públicamente: No, no lo está. Ellos deben saber que la mitad de su
país está gobernada por los cárteles. Nunca estaremos seguros aquí (en EU) hasta que
logremos que México cambie su estrategia. Con gusto hablaré con usted en privado. Pero
ya basta de México, dijo Graham.
“El Cártel de Sinaloa ha causado estragos en nuestro país, y sigue causando estragos. Y el
fentanilo sigue entrando”, respondió Bondi refiriéndose a uno de los dos grupos criminales,
junto al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que EU asegura son los principales
responsables de traficar fentanilo a EU.
-Ya basta de esa porquería. Vamos a ir por ellos con o sin la ayuda de México porque yo no
sé cuál es la respuesta correcta contra un vecino que permite que este tipo de cosas ilegales
entren a nuestro país y mate a más jóvenes que cualquier otro método”, insistió el Senador
Graham en su respuesta a Bondi.