Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Fue la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, la que anunció hace unja semana
que se reforzaría la seguridad en la zona sur de la entidad, especialmente en
Texistepec y municipios aledaños: “desde anoche hablé con el secretario García
Harfuch. Va a ser necesario aumentar el número de elementos de Guardia
Nacional, hay todas las condiciones para la elección. Ya habían enviado 300
elementos cuando el tema de Coxquihui y se determinará cuántos efectivos más
para la zona (sur). Es un tema de violencia política”, dijo. *** Una de dos: o los
“refuerzos” policiacos en el sur no estuvieron mucho tiempo, o no sirvieron para
nada. *** Justo esta semana inició con el hallazgo el lunes, en la carretera
transístmica, en el tramo Jáltipan-Acayucan, frente a la planta de coque, de un
cuerpo decapitado. La cabeza no fue localizada. *** Hay quienes sugieren que se
trate de la persona cuya ejecución fue difundida en redes sociales el sábado 17 de
mayo, por parte de un grupo armado con el rostro cubierto, en Nanchital. *** Horas
después, este martes, en el poblado La Arena, de san Juan Evangelista, fue
hallado el cadáver de un hombre, vendado de los ojos y con las manos atadas. ***
Los investigadores que acudieron al sitio presumen que le dieron muerte en ese
mismo sitio, pues fueron localizados casquillos de arma de fuego. *** Por cierto:
son ya 118 los candidatos que han solicitado protección debido a las amenazas
que han recibido. Y pensar que todavía hay gente que insiste en asegurar que
estas elecciones serán “pacíficas”.
En el mejor ánimo de reconocer los aciertos de la actual administración estatal, es
digna de encomio la decisión de la gobernadora Rocío Nahle de emitir un decreto
para dar marcha atrás a la creación de la Dirección General de Verificación
Ambiental Vehicular, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos y Planeación
del gobierno estatal.
El argumento de la gobernadora es bastante válido: “El procedimiento de
verificación vehicular es de naturaleza eminentemente ambiental, por lo que es
competencia exclusiva de las autoridades en esa materia; dicho procedimiento se
norma entre otros instrumentos por la Ley Estatal de Protección Ambiental, misma
que es de observancia obligatoria y tiene por objeto la conservación, preservación
y restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y la procuración
del desarrollo sustentable, de conformidad con las facultades que se derivan de
una ley superior, es decir, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente”.
Sin embargo, lo incongruente de esta medida está en el hecho de que fue la
propia gobernadora Rocío Nahle, la que publicó en la Gaceta Oficial del Estado,
¡hace apenas dos semanas!, el decreto por el que se creaba esa oficina asignada
a la Secretaría de Finanzas.
En los “considerandos” de aquel primer decreto, la gobernadora argumentaba que,
a pesar de ser una facultad de la Sedema, “su potencial como mecanismo de
captación de recursos (…) demanda una orientación más directa con las políticas
fiscales”.
La nueva oficina -se explicaba en aquel primer decreto- tendría entre sus
atribuciones “la operación, administración, control, supervisión y recaudación de
los procesos de verificación vehicular en el estado”.
De hecho. se anticipaba que los recursos captados por ese concepto se irían a un
Fideicomiso Público (de esos que tanto criticó López Obrador y terminó
extinguiendo y apropiándose de sus fondos) destinado a la modernización del
transporte público.
Pero ya no. De pronto (pero muy a tiempo) la gobernadora se dio cuenta de que
“los centros de verificación son establecimientos autorizados, mediante
otorgamiento de concesión, por la Secretaria de Medio Ambiente; que cuentan con
las especificaciones de equipamiento, infraestructura y procedimientos para
brindar el servicio de verificación ambiental”.
Y este no es el primer caso en el que la mandataria estatal toma una decisión y
luego se arrepiente.
Apenas el pasado 8 de marzo, Rocío Nahle anunció la fusión de las secretarías de
Turismo y de Cultura en una sola dependencia, con el objetivo -dijo- “de optimizar
recursos y fortalecer la promoción del estado en el ámbito nacional e
internacional”.
Explicó que, tras un análisis (que no debe haber sido muy profundo), se determinó
que ambas áreas no pueden estar separadas, ya que la riqueza cultural del estado
es un pilar fundamental de su atractivo.
“Es imposible separar la promoción turística de nuestra vasta y rica cultura. Somos
un estado con mucho que mostrar y promover, por eso he decidido volver a
fusionar en una sola secretaría lo que es Turismo y Cultura”, afirmó.
Dos meses después, el 12 de mayo, la propia gobernadora admitió que aún no
había una decisión final sobre la fusión de las secretarías de Turismo y de Cultura,
y argumentó que escucharía las voces que se manifestaban en contra.
“Yo gobierno escuchando al pueblo, y hay un grupo que está dentro de Cultura
donde están manifestándose y los voy a recibir. Vamos a escuchar a todos (…)
Esto no se trata de una imposición. Lo que sí les digo es que no puede ir
separado, si van a estar las dos secretarías o va a estar una, no puede estar
separado”.
¿De qué se trata?
¿De un gobierno de ocurrencias?
¿Quién hace la tarea de investigar el marco jurídico y los protocolos
administrativos?
¿Quién le dijo que primero se toma la decisión y después se consulta a los
involucrados?
Estos “bandazos” en las políticas públicas del gobierno estatal, quizá sean la
explicación para tantos movimientos en el gabinete, ese que la gobernadora
califica como “sólido”.
Epílogo.
“No puede, digo yo, no se debe; no deben llegar personas a gobernar con
carpetas de delincuencia o de hechos fuertes; por eso le pedí a la Fiscalía que
haga una revisión, no nada más de él (el candidato de MC en Nanchital), sino de
todos”. *** Fue una petición (orden) de la gobernadora a la titular de la Fiscalía
General del Estado (FGE), Verónica Hernández. Coincido con ella y, sabedor de
las limitaciones que tiene esa oficina encargada de procurar justicia, me permito
aportarle información sobre el tema. *** Es candidato del PRI en el municipio de
Papantla (zona que, como ya hemos visto, debería aparecer en el mapa político
con un puntito rojo). Crispín Carreón García tiene dos carpetas de investigación en
su contra (la 1114/2023 y la 58/2016) ambas por el delito de despojo, en agravio
de una pariente suya de muy avanzada edad. *** En efecto: no deben llegar a
gobernar personas con esos antecedentes.
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