ALPIE06ABRIL2025
AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
El miércoles 19 de marzo, a las 07:23 horas, arribó al puerto de Tampico, en Tamaulipas, el
buque tanque Challenge Procyon con 10 millones de litros de diésel a bordo. Según el
informe oficial, el megabuque había zarpado tres días antes del puerto de Beaumont, Texas,
con documentos que indicaban transportar aditivos para la fabricación de lubricantes.
Después de que el combustible fue descargado del buque, el “huachicol fiscal” fue
trasladado en camiones cisterna a una empresa de fletes ubicada cerca de la carretera
Camino Antiguo a Medrano. Ahí se planeaba su distribución hacia 18 estados del país. Fue
en ese momento cuando elementos de seguridad federales aseguraron tanto el buque como
el combustible. La embarcación pertenece a la naviera Altamarítima, una empresa
mexicana que según el diario El Universal opera como agencia consignataria de buques y
proveedora de servicios portuarios, y que en su sitio web se presenta como una de las
principales en su ramo en México, afirmando contar con el respaldo de Norton Lilly
International y Ultramar desde hace cinco años.
Fuentes de seguridad informaron que estos cargamentos provienen de Houston, Texas. Son
productos que no lograron venderse en Estados Unidos por su baja calidad. En México, sin
embargo, se comercializan a precio de mercado, lo cual representa un negocio rentable para
quienes participan en la cadena de distribución ilegal. Para ello, existe una red de
complicidad que incluye a dueños de gasolinerías, transportistas y trabajadores portuarios.
De acuerdo con estimaciones de la Onexpo Nacional, organización que agrupa a
empresarios gasolineros, cada día ingresan a nuestro país de forma ilegal hasta 300 mil
barriles de combustible (más de 40 millones de litros) bajo esquemas como el huachicoleo
fiscal.
Empresarios del sector calculan que uno de cada tres litros de combustible que se venden
en México tiene origen ilícito. Esto representa una pérdida de más de 525 mil millones de
pesos anuales para el erario, Pemex y otros comercializadores legales. Pero, además, genera
también daños en los motores de los vehículos debido a la baja calidad del combustible.
Según datos de la Secretaría de Marina, en 2023 llegaron a México 4 mil 034
embarcaciones petroleras, de las cuales 276 desembarcaron en el puerto de Tampico,
Tamaulipas. Cerca del 70 por ciento del combustible que entra al país lo hace a través de
puertos y aduanas cercanos a Estados Unidos.
Las operaciones de inteligencia han detectado que cada 10 días entra un buque cisterna
cuyo capitán reporta una carga distinta a la real, lo que permite evadir impuestos.
Con este operativo y el ejecutado el 26 de marzo en Ensenada, Baja California –donde
fueron incautados en un terreno arrendado por el ex senador de Morena, Gerardo Novelo
Osuna, otros 8 millones de litros de hidrocarburos ingresados también de forma ilegal por
vía marítima–, el golpe a esta mafia en la que estarían implicadas al menos 15 empresas
ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ascendería a 432 millones de pesos.
¿Deveras creían que con el asesinato del empresario tamaulipeco Sergio Carmona Angulo
–un financiador de las campañas de gobernadores de Morena, que fue ejecutado en
noviembre de 2021 en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León–, ya habían
erradicado el negocio ilícito del huachicol fiscal?
Pero otra sangría fuerte que obviamente impacta las finanzas de Pemex es la del otro
“huachicol”, como se conoce a la extracción de gasolinas mediante perforaciones a las
válvulas, el principal delito que el ex presidente López Obrador se comprometió a combatir
luego del episodio más doloroso al inicio de su mandato, cuando explotó un ducto en
Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019, como consecuencia de una toma abierta. El
saldo fue de 137 muertos por calcinación y quemaduras de tercer grado.
Sin embargo, durante su gobierno, Pemex cuantificó un quebranto de tres mil 303 millones
81 mil 348 pesos por robo de combustibles a través de tomas clandestinas, aunque dicha
cifra sólo consideró los casos en los que hubo un dictamen para valuar daños y solamente
sobre los que se inició una carpeta de investigación, por lo que no se tiene la suma de todo
lo extraído mediante “ordeña” en el sexenio obradorista.
“Lo sabían todos, desde (Vicente) Fox”, dijo el tabasqueño sobre el huachicol en su
conferencia matutina del 9 de enero de 2019, al afirmar que hubo conocimiento de los
presidentes acerca de este delito, que no contuvieron. Pero en los dos sexenios panistas de
Fox y Felipe Calderón (2000-2012) hubo cinco mil 920 perforaciones a ductos en el país;
con el priista Enrique Peña Nieto (2012-2018) se dispararon hasta llegar a 41 mil 351,
mientras que el de AMLO (desde enero de 2019 hasta agosto de 2024) se registró el más
alto en la historia: 72 mil 337, un promedio de mil 63 cada mes; 35 válvulas rotas para ser
saqueadas cada 24 horas.
En Veracruz, este negocio ilícito cobró auge desde el sexenio del ex gobernador priista
Fidel Herrera Beltrán (2004-2010) y continuó con el de su sucesor Javier Duarte de Ochoa,
también del PRI. Tan solo entre 2006 y abril de 2022, Pemex detectó 88 mil 153 tomas
clandestinas en sus ductos en todo el país. Y entre los seis estados que concentraban el 75%
de estas llaves clandestinas, Veracruz –entidad gobernada en ese lapso por mandatarios del
Revolucionario Institucional, de la coalición PAN-PRD y de Morena– figuraba con 6 mil
925, sólo por debajo de Hidalgo (19 mil 577), Puebla (12 mil 587), Estado de México (9
mil 707), Guanajuato (9 mil 284) y Tamaulipas (7 mil 772).
¿Habrá sido casual que en el sexenio de Herrera Beltrán algunos empresarios gasolineros
fuera consultados o llevaran mano en la designación de candidatos del PRI a las alcaldías, y
que la noche del 26 de julio de 2010, cuando Duarte de Ochoa recibió la constancia de
mayoría que lo acreditaba como gobernador electo, el entonces representante estatal de los
expendedores de combustibles le ofreciera una cena en su residencia de la zona conurbada
Veracruz-Boca del Río?