AL PIE DE LA LETRA.
Raymundo Jiménez.
Este fin de semana circuló en redes sociales un video en el que un grupo de hombres
encapuchados y fuertemente armados, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG), enviaron un mensaje para deslindarse de la estructura criminal
identificada como “La Barredora”, integrada por antiguos Zetas, a la que atribuyen haber
sembrado el pánico en Tabasco, la entidad natal del presidente López Obrador.
“Este mensaje es para Daniel Hernández Montejo, alias el ‘H’ o el ‘Prada’, líder principal
del grupo criminal La Barredora, quien tiene ex integrantes de los Zetas y son los
generadores de violencia del estado de Tabasco…”, se le escucha decir al aparente jefe de
los encapuchados en la grabación de más de un minuto.
Durante el clip, el presunto líder del CJNG en la entidad vecina de Veracruz, dijo estar en
contra de “secuestradores, rateros, violadores, extorsionadores y Zetas; ¡dejen de estar
quemando los carros de los ciudadanos y asaltando sus comercios!”, exigió, por lo que les
advirtió que harán una limpia en la entidad tabasqueña contra “esas lacras”.
Los supuestos sicarios aclararon que su “guerra” no es en contra del gobierno del presidente
López Obrador sino contra los “mugrosos que tienen aterrorizado a su estado (Tabasco)”.
A nadie debió sorprender que el CJNG apareciera en esa entidad que hasta el 30 de agosto
de 2021 gobernó Adán Augusto López Hernández, quien al día siguiente asumió la
titularidad de la Secretaría de Gobernación, cargo al que a mediados de junio del año
pasado renunció porque le hicieron creer que podría ser el candidato de Morena a la
Presidencia de la República.
Sin embargo, el ex gobernador de Tabasco sabía desde un año antes que estaba vetado para
suceder a su paisano y casi hermano. Y es que su nombre apareció en un par de documentos
contenidos en los miles de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) que en septiembre de 2022 fueron filtrados por el grupo de hackers Guacamaya.
Las fuerzas de inteligencia del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI) lo
habían relacionado, dentro de sus investigaciones, con los grupos de robo de combustible
que operan en el sur del país, entre Tabasco y Veracruz.
El nombre de Adán Augusto fue ligado a una red a la que las investigaciones federales
denominaron “El Caso Olmeca”: una estructura bien organizada que roba combustibles de
instalaciones de la estatal Pemex para después distribuirlos mediante carreteras al norte del
país mediante la cooptación de autoridades y funcionarios.
El negocio consistía en comprar los hidrocarburos a proveedores que “ordeñan” los ductos
de la estatal en precios que van de los 2.50 a los 4 pesos por litro para revenderlo más tarde
en 17 pesos. El principal mercado del combustible robado era Monterrey, Nuevo León,
pero había indicios de que la red criminal buscaba iniciar también exportaciones de
gasolina hacia Estados Unidos y de diésel hacia Arabia Saudita. De momento, según el
seguimiento de las autoridades, esto solo estaba en planes.
Los documentos que vinculaban al político tabasqueño con el grupo independiente de robo
de hidrocarburos estaban fechados en agosto del año antepasado.
El CENFI, una iniciativa del sexenio pasado y que habría liderado la investigación, tiene
dentro de su estructura a elementos de la Secretaría de Gobernación.
Según las comunicaciones interceptadas por el aparato de inteligencia nacional y relatadas a
la Sedena, López Hernández habría recibido información sobre depósitos y apoyado con
protección a miembros de la red que lucra con el combustible robado a Pemex a través de
agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada
(SEIDO).
Las relatorías contenidas en los correos electrónicos relacionaban el nombre del político
tabasqueño con el de un hombre a quien identifican como “el Hamer”, un distribuidor de
combustible robado y encargado de la cooptación de autoridades para el libre tránsito de las
gasolinas, que tendría al funcionario como parte de su red de contactos. “El ex gobernador
enfatizó que está a la orden y si los paraba la Guardia Nacional, le hablaran directamente al
comandante de la SEIDO al número que ya tenían”, se relata en uno de los documentos a
los que Diana Nava, reportera de Expansión, tuvo acceso.
Según refiere la periodista, el seguimiento a la red de venta ilegal de combustible relataba
de manera frecuente la interacción con un funcionario a quien denominan “el secretario de
arriba” que daría instrucciones a algunos integrantes de la estructura a través de otros
funcionarios públicos.
En las investigaciones se identificó la planeación de una reunión entre uno de los líderes de
la red de contrabando con funcionarios de la Administración Portuario Integral y la
Agencia Nacional de Aduanas para recibir instrucciones del “secretario de arriba”.
La reunión, planeada para mediados de agosto de 2022, tendría también la participación de
un empresario. Pero el encuentro, según los relatos, no se llevó a cabo.
La reportera refiere que los relatos también daban cuenta de participación de funcionarios
de la coordinación estatal de la Guardia Nacional, de Pemex y de las fiscalías y de un alto
mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de quienes no detallan más
información.
El nombre del político tabasqueño está enmarcado dentro de uno de los casos que han sido
marcados por el CENFI como una de las seis prioridades a seguir en la región sur del país.
Las investigaciones, según los archivos filtrados, habrían comenzado apenas en 2022, con
solo una detención hasta el momento. La red tendría una relación con una fracción del
Cártel Jalisco Nueva Generación con presencia en el sureste del país. Este último grupo
pediría se les informe sobre los movimientos de combustible y depósitos para dejarles
continuar con sus actividades.
Luego de hacerse público, el presidente López Obrador descalificó los documentos
contenidos en las filtraciones y defendió al ex gobernador de su estado y ex secretario de
Gobernación, calificándolo como “un hombre honesto”. Sin embargo, la Agencia Proceso
publicó también que entre los millones de archivos hackeados a la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) por el colectivo Guacamaya, existían al menos 16 informes de
inteligencia militar que identificaban a Hernán Bermúdez Requena, hasta ese entonces
titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, como integrante
del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en esa entidad.
Hace un mes, el 5 de enero, Bermúdez Requena renunció al cargo que le había asignado
Adán Augusto desde el 11 de diciembre de 2019; la causa fue la ola de violencia registrada
sobre todo en Villahermosa, la capital, donde grupos de delincuentes con armas largas y
cubriendo sus rostros con pasamontañas irrumpieron en establecimientos comerciales como
Oxxos, Extras y Elektra, generando el caos en distintas colonias de la ciudad que
aterrorizaron a los tabasqueños.
Paradójicamente, el jueves 18 de enero pasado, la alcaldesa morenista de Manzanillo,
Griselda Martínez Martínez, quien aspiraba ser candidata al Senado, fue expulsada de
manera inmediata y sumaria del partido guinda en una reunión en la que estuvo presente
Adán Augusto –ahora coordinador político de la precampaña presidencial de Claudia
Sheinbaum– y que fue convocada por el dirigente nacional Mario Delgado Carrillo, a quien
vinculan con el empresario huachicolero de Tamaulipas, Sergio Carmona, ejecutado el 22
de noviembre de 2021 en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León.
Según la alcaldesa, fue literalmente corrida de Morena luego de que afirmara al periodista
veracruzano Ricardo Ravelo, del diario digital sinembargo.mx, que en Colima existen
personajes ligados al narcotráfico que participan en dicho instituto político. Y es que la
munícipe también acusó que la gobernadora colimense Indira Vizcaíno Silva le está
acercando esos personajes a Sheinbaum Pardo, quien incluso se había fotografiado con
algunos de ellos durante una de sus recientes visitas a esa entidad.
Por esto, y muuuuchas otras historias similares, es que la versión sobre la investigación de
la DEA sobre los dos millones dólares que presuntamente el cártel de los Beltrán Leyva
habría aportado a la campaña presidencial de López Obrador en 2006, llegó a sonar
verosímil.