Punto de Vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
Digna Ochoa y Plácido, activista de derechos humanos, originaria de Misantla,
Veracruz, fue asesinada el 19 de octubre del 2001. *** Luego de múltiples quejas
por las irregularidades detectadas en la investigación por su muerte, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado mexicano
fortalecer los servicios periciales. *** La Corte determinó que el Estado mexicano
incurrió en graves irregularidades en la investigación de la muerte de Digna
Ochoa, entre las que enumeró: Fallas en el manejo de la escena del crimen,
errores en la descripción de los hallazgos, y falta de coincidencias entre el
protocolo de necropsia y las lesiones de la víctima. *** La CIDH concluyó que el
Estado mexicano no garantizó el derecho a la vida de Digna Ochoa, ya que no
investigó su muerte de manera diligente. *** Para corregir esas fallas, en la
sentencia emitida por la CIDH se dispone que el Estado mexicano deberá
“elaborar, presentar e impulsar, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal, una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía e
independencia a los Servicios Periciales, como órganos especializados,
imparciales, con personalidad jurídica y patrimonio propio, los cuales gozarán de
plena autonomía técnica y de gestión, así como de capacidad para decidir sobre el
ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna”. *** Para
cumplir con esa obligación se le dio al Estado un plazo de dos años, que se
cumplieron en noviembre del 2023. Tales reformas nunca fueron realizadas. ***
Una evidencia clara de las fallas en materia de servicios periciales es el estado de
Veracruz. El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDH)
denunció la “crisis forense” que atraviesa el estado, pues en la actualidad hay más
de 2 mil restos sin identificar, un tema pendiente que ninguna administración
estatal ha podido enfrentar ni resolver.
Y de pronto, nuestro senador Manuel Huerta -el mismo que pido llegar a ser
candidato al gobierno de Veracruz, pero “se le atravesó género”- cometió su
primera pifia grave en la responsabilidad que le tocó como premio de consolación:
el Senado de la República.
En su afán de garantizar la imposición de las propuestas de su partido en la
elección de jueces, Manuel Huerta planteó, en la discusión de las leyes
secundarias, que cualquiera de los tres poderes (la Presidencia, el Congreso y la
Suprema Corte) podrían vetar las listas de aspirantes a juzgadores que elaborarán
los Comités de Evaluación.
Esa adición les permitiría pedir nuevas listas o reducir las opciones antes de la
insaculación, proceso en el que se sortean los aspirantes.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, exdirigente estatal de Morena en Veracruz,
propuso agregar un párrafo al artículo 500, estableciendo que, si alguno de los
poderes no estaba de acuerdo con los candidatos, podría rechazar la lista.
Eso provocó la reacción de la oposición. Ricardo Anaya, del PAN, advirtió que esa
modificación iba en contra de lo que establece la reforma constitucional y denunció
que Morena buscaba con ello controlar el proceso y asegurarse de que las
candidaturas para el Poder Judicial quedaran bajo su influencia.
Por supuesto que los senadores de Morena y sus partidos no le hicieron caso y
aprobaron con su mayoría la modificación.
Lo que no esperaban era que la propia presidente Claudia Sheinbaum “le vetara el
veto”.
En su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con el
veto aprobado en comisiones del Senado y afirmó que debería mantenerse lo que
quedó plasmado en la Constitución, por lo que “sugirió” (esto es, ordenó) que se
eliminara antes de su aprobación final.
“No conozco de quien fue la iniciativa, pero no debe ocurrir eso”, afirmó. No tardó
en acercarse alguien y darle el nombre del autor de tal iniciativa: “Fue Manuel
Huerta, nuestro senador de Veracruz”.
Horas más tarde, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier,
anunció que su bancada “corregiría” la reforma a leyes secundarias de la Reforma
Judicial, justo en ese párrafo que incluía el polémico veto a los aspirantes a
jueces, magistrados y ministros.
Según Mier, el cambio había sido impulsado por “algunos legisladores” (Manuel
Huerta y Adán Augusto López), pero aclaró que buscarían regresar al proceso
establecido en la reforma constitucional.
“No va a haber ningún veto para ninguno de los aspirantes, nuestra vocación es
democrática», aseguró Mier.
Un fuerte coscorrón para quien se proclama como “el defensor de la cuarta
transformación” y quien presumió siempre su gran cercanía con el líder político de
todos en Morena, Andrés Manuel López Obrador.
Epílogo.
La que también recibió un revés por parte de la nueva presidente Claudia
Sheinbaum, fue la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle. *** La nueva
presidente reconoció que la central nucleoeléctrica de Laguna Verde funcionaba
bien, pero aclaró que su gobierno “no contempla” la construcción de más plantas
nucleares en México. *** “No soy muy pro nuclear, porque también tiene otros
impactos ambientales; no emite gases invernadero que provocan el cambio
climático, pero tiene sus riesgos. La planta de Laguna Verde opera bien, pero no
tenemos contemplado crecer con (energía) nuclear, vamos a crecer la generación
eléctrica con ciclos combinados y otra parte con fuentes renovables”. *** Desde
que era titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle le insistió al entonces
presidente, Andrés Manuel López Obrador, la “conveniencia” de instalar un tercer
reactor nuclear en Laguna Verde. Hoy esa opción parece descartada, en forma
definitiva.
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