AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Así como ahora han llegado al gobierno de Veracruz altos funcionarios que no son nativos
de la entidad y cuyos últimos cargos los ejercieron en la administración pública federal en
la Ciudad de México, en noviembre de 2018 arribó a Xalapa el abogado regiomontano
Hugo Gutiérrez Maldonado, para asumir el 1º de diciembre de ese año la titularidad de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.
Gutiérrez Maldonado fue recibido por algunos morenistas veracruzanos con la misma
reverencia y admiración manifestadas quinientos años atrás por sus ancestros al
conquistador español Hernán Cortés y sus expedicionarios. La principal atracción de este
personaje no era su polémica trayectoria como jefe policiaco en Nuevo León, su estado
natal, sino su presumido parentesco con la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del
entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Nadie se preocupó por investigar y verificar sus antecedentes y, si acaso lo hicieron,
optaron por guardar un prudente pero cómplice silencio.
La primera mala señal fue que, al asumir la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), incluyó en su currículum un doctorado sobre el “Nuevo Sistema Penal Acusatorio”
que supuestamente había cursado ¡en un año! en el Centro de Estudios Superiores en
Ciencias Jurídicas y Criminología, una institución educativa ubicada en una sórdida calle
de Monterrey a la que la Secretaría de Educación Pública (SEP) le había negado en 2008 el
Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE). A mediados de diciembre de 2018 la
revista Proceso investigó y desmintió su título académico al confirmar que en la oferta
educativa de la página oficial del Cescijuc no existía tal doctorado.
El diario Reforma publicó que cuando Hugo Gutiérrez se desempeñó como director del
Centro de Operaciones (CEO) en Nuevo León, fue destituido en 2016 acusado de extorsión.
El diario capitalino –a cuyo grupo editorial pertenece El Norte, de Monterrey– reseñó que
Gutiérrez Maldonado, un fiscal y 28 policías del CEO fueron relevados tras la aprehensión
de dos de sus subordinados. Según la versión periodística, los elementos bajo su mando
habrían extorsionado a un empresario, al exigirle presuntamente 300 mil pesos para dejarlo
comercializar diésel. Pero refería también que otros empresarios denunciaron actos de
chantaje, secuestros y narcomenudeo por parte de los subordinados del jefe policiaco.
En los casi cuatro años que se desempeñó como titular de la SSP en Veracruz se
denunciaron una serie de abusos policiacos que inclusive provocaron la muerte de al menos
dos detenidos que fallecieron a causa de los golpes que recibieron en los separos del cuartel
policiaco de San José, en Xalapa, lo que motivó que la Comisión Estatal de Derechos
Humanos emitiera las recomendaciones 013/2022 y 031/2022 dirigidas a la dependencia
que encabezaba Gutiérrez Maldonado.
Una recomendación más fue la 18/2021, por la muerte de dos menores de 13 y 14 años que
fueron alcanzados por proyectiles de los elementos de la Fuerza Civil que supuestamente
repelieron una agresión de hombres armados en el municipio de Amatlán en julio del año
anterior.
Sin embargo, la gota que al parecer derramó el vaso fue la desaparición forzada del
coordinador de la Policía Vial, José Alan Cuetero Meza, (a) El Archie, por la que la
Fiscalía General del Estado detuvo e imputó a cuatro de sus colaboradores, entre ellos a
Alan “N”, quien fue subdirector operativo de la Academia Regional de Seguridad Pública
del Sureste y director de operaciones de la SSP.
Su renuncia, coincidentemente, se dio horas después de que la mañana del jueves 20 de
octubre de 2022 el entonces subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal,
Ricardo Mejía Berdeja, ventilara este caso en la conferencia del presidente López Obrador
en Palacio Nacional, en cuyas imágenes proyectadas aparecía Gutiérrez Maldonado
dándole posesión del cargo al presunto victimario. Por la tarde-noche presentó
sorpresivamente su renuncia al gobernador García Jiménez pretextando que “debo atender
cuestiones muy personales que me reclaman e impiden seguir destinando todo el tiempo
que este encargo demanda…”.
Ayer, el columnista del diario El Universal, Héctor de Mauleón, se refirió a la reciente
viralización en redes sociales de “uno de los videos más crudos del crimen organizado” que
“cimbró a Coatzacoalcos”, donde presuntamente habría sido grabado.
“No lo describo aquí, y ni siquiera hay forma de describirlo. Lo que está ahí es el infierno,
el mal en estado puro”, dice De Mauleón, quien comenta que el video generó terror no sólo
en el sur veracruzano sino en el país entero. “Contiene todo lo que pudo ocurrir en cada uno
de los casos de desmembramiento ocurridos en los últimos tiempos en Veracruz: personas
aterrorizadas implorando clemencia, mientras encapuchados provistos de uniformes
tácticos los descuartizan en vida”.
El autor de la columna política En Tercera Persona, señala que “en ninguno de los casos se
reportaron detenciones. En ninguno de estos hubo pronunciamientos por parte de Rocío
Nahle, gobernadora de un estado infestado por terribles niveles de violencia, ni de las
instancias de seguridad.”
“Lo que hemos visto en el video recién viralizado no parece tener existencia alguna dentro
la esfera, dentro del discurso oficial. Porque en Veracruz no hay Ejército, Marina, Guardia
Nacional ni Omar García Harfuch que valgan”.
Y cita que “documentos de la propia Sedena filtrados en 2022 por hacktivistas de
Guacamaya –en instancias de seguridad crece la certeza de que esos documentos fueron
filtrados en realidad por agencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos–, revelaron
que el entonces gobernador del estado, Cuitláhuac García, había apoyado la entrada en la
entidad del Cártel del Noreste”.
“Servicios de inteligencia del Ejército mexicano reportaron ese año (2022) que el Cártel de
Noreste se había asentado en Veracruz bajo la protección de agentes y funcionarios de la
Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Estatal y la Fuerza Civil del gobierno de
García”, cuyo jefe policiaco era Hugo Maldonado.
“Esto –afirma De Mauleón– habría agravado la crisis de violencia que, durante el sexenio
siguiente, el de la morenista Rocío Nahle, no ha hecho sino arreciar, y sobre la cual la
gobernadora ha guardado silencio de manera sistemática.
“Con amplio dominio del territorio veracruzano, el Cártel Jalisco activó una serie de células
violentas para rechazar al Cártel del Noreste, al Cártel del Golfo, al Grupo Sombra, a los
Zetas Vieja Escuela y a grupos procedentes de Sinaloa, a fin de evitar que se les despojara
de negocios como el del tráfico de huachicol, el tráfico de drogas y el tráfico de personas.”
Y reseña que a principios de marzo de este año aparecieron hombres armados en un video
que fue ampliamente difundido en redes sociales anunciando el debut del Grupo Cobra,
supuestamente financiado por empresarios locales “cansados de extorsiones, secuestros y
asesinatos”, y cuyo objetivo sería enfrentar al crimen organizado en Coatzacoalcos y otras
regiones de Veracruz, como Minatitlán y Cosoleacaque.
El columnista de El Universal apunta que, según le reportaron fuentes de inteligencia
federal, la irrupción del supuesto Grupo Cobra en el sur del estado “se da en momentos en
que a las instancias de seguridad del gobierno de Nahle se han sumado mandos que fueron
vinculados con el crimen organizado desde los tiempos del exgobernador, hoy en prisión,
Javier Duarte”.
Finalmente, De Mauleón consigna que “el Inegi ha registrado un notorio incremento en la
percepción de inseguridad entre los habitantes de Veracruz”, destacando Coatzacoalcos,
donde esta percepción pasó de 68.3 en 2024 a 75.8 en 2025. Y dice que esa población, que
el pasado 13 de marzo vivió el terror del hallazgo de cuatro bolsas con restos humanos
cercenados arrojados sobre la avenida Río Bravo, bajo el puente Coatzacoalcos I, “convive
ahora con los protagonistas del video que acaba de sacudir a México”.
