AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Quienes presumen de conocer bien a Igor Rojí López están desconcertados de que todavía
no haya renunciado a la Secretaría de Turismo, como en su momento tomó la
determinación de romper con el grupo político-empresarial liderado por el ex alcalde priista
Juan Manuel Diez Francos, quien lo había hecho presidente municipal en el periodo 2018-
2021.
Según una reseña del medio digital E-Consulta.com Veracruz, el 30 de diciembre del 2023,
a través de una carta, Rojí López hizo pública su renuncia irrevocable al PRI. En esa carta
no solo calificó como un partido al que le faltaba “reestructuración”, sino también, como
una fuerza política donde los amigos valían más que el trabajo de la militancia.
En esas fechas –refiere esta versión periodística–, los partidos se encontraban eligiendo a
quienes serían sus candidatos a las diputaciones locales, federales, senadurías y su
candidato o candidata a la gubernatura. Rojí aspiraba a una candidatura plurinominal que le
fue negada. “En los últimos años, el PRI, ante la falta de una total reestructuración, ha
dejado de representar las demandas del pueblo y se ha dedicado prácticamente a la
repartición de las candidaturas plurinominales ligadas a compadrazgos, amiguismos e
intereses económicos dejando a un lado la democracia, participación e inclusión
ciudadana”, afirmó en su carta.
Posteriormente, el 2 de enero del 2024, fue visto por primera vez vestido de guinda. A
través de redes sociales compartió fotografías con militantes de Morena y, en ese momento,
con la candidata del partido a la gubernatura Rocío Nahle. En la publicación anunciaba su
bienvenida al partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.
Su experiencia dentro de la política se extendía por más de 39 años, pero incursionó como
servidor público al ser nombrado secretario del Ayuntamiento de Orizaba entre 2008 y
2010, en la primera administración de Juan Manuel Diez.
En el segundo periodo como alcalde de Diez Francos (2014-2017), Rojí asumió el cargo de
director de Desarrollo Humano. La relación entre ambos era tan cercana que Diez Francos
le “heredó” la presidencia municipal. Si bien, tuvo que participar en una campaña, él tuvo
todo el apoyo del entonces alcalde y fue así como gobernó del 2018 al 2021.
En marzo del 2024 fue postulado como candidato de la coalición PVEM-PT-Morena a la
diputación local por el Distrito de Orizaba, cargo de elección popular que ganó y ejerció
solamente durante cuatro meses, pues de inmediato solicitó licencia para ser nominado a la
alcaldía orizabeña. Pero, en estas elecciones, Igor fue ampliamente superado por el priista
Hugo Chahín Kuri, quien con el apoyo del alcalde Diez Francos obtuvo 31 mil 203 votos
contra 13 mil 68 del diputado Rojí.
Una semana después de retornar a su curul en el Congreso local, cuando apenas se
recuperaba anímicamente de su aplastante derrota, volvió a pedir licencia para asumir por
invitación de la gobernadora Nahle la Secretaría de Turismo en sustitución de Dulce María
“Nena” de la Reguera, madre de la famosa actriz Ana de la Reguera, quien le había
expresado a la mandataria que dimitiría “por motivos personales”, decisión que se dio en
medio de la polémica por la propuesta de fusionar las secretarías de Turismo y Cultura, y
por las severas críticas a su pobre desempeño.
Rojí López lleva escasamente un año al frente de la Sectur, pero hace tres días corrió el
rumor de que estaría por dimitir también luego de que, en plena temporada vacacional de
Semana Santa y cuando la entidad enfrentaba una intensa campaña mediática por la
aparición de chapopote en sus playas, Igor fue visto con maletas en el aeropuerto para
viajar acompañado de su esposa.
El nombramiento del diputado con licencia había entusiasmado al empresariado del sector
turístico, pero pronto se diluyó cuando vieron que no tenía prácticamente poder de decisión
ni carácter para salir en su defensa ante algunas polémicas decisiones y políticas
gubernamentales que afectaban la llamada “industria sin chimeneas”.
A principios de enero de este año, por ejemplo, miembros de la Unión de Empresarios
Hoteleros de la Región Cultura y Aventura AC, pidieron una audiencia con la gobernadora
Nahle para dialogar sobre el fideicomiso del 2% al hospedaje, ello por el decreto que
eliminó el voto del sector empresarial dentro del órgano que administra este recurso.
La presidenta de la Unión de Empresarios Hoteleros Región Xalapa, María Xóchitl
Guzmán Segundo, declaró que el sector había seguido con atención las declaraciones de la
mandataria estatal por lo que consideró necesario que hubiera un acercamiento con ella
para hablar del tema.
Detalló que si bien es un impuesto que se cobra al huésped, en muchos casos son los
propios hoteleros quienes absorben el costo y lo trasladan como parte del pago fiscal.
“Creemos que sería muy importante que la gobernadora nos reciba para platicar sobre los
temas que ella tiene en mente y cómo aprovechar al máximo este recurso que generamos
los hoteleros”, expuso.
Remarcó que el gremio no busca confrontarse con el gobierno estatal, sino sumar esfuerzos
para mejorar la promoción turística, puesto que los beneficios impactan tanto al estado
como al sector turístico.
“Si le va bien al estado, nos va bien a todos. Si le va bien a la gobernadora, nos va bien a
todos. Nosotros siempre estamos dispuestos a apoyar y a trabajar para que Veracruz
crezca”, afirmó.
Asimismo, expuso que este momento podía ser importante para construir acuerdos y
aprovechar oportunidades, incluso cuando existan discrepancias.
“No tenemos que jalar cada quien para su lado. Tenemos que unirnos, aprovechar este
momento y sentarnos a la mesa para hacer coincidir los puntos que tenemos en común”,
puntualizó.
Sin embargo, en vez de recibirlos y escucharlos, la gobernadora les respondió a través de
una conferencia de prensa que el impuesto del 2% al hospedaje se había desvirtuado en
administraciones anteriores, al devolverse a empresarios del ramo turístico, quienes
decidían su uso.
“Se había desvirtuado porque se les regresaba a los hoteleros y ellos hacían sus viajes. Yo
no diré si estaba bien o mal la promoción turística, porque teníamos reportes de los
primeros 10 a 15 años”, dijo Nahle, quien les advirtió que, a partir de este año, el recurso
sería administrado directamente por el gobierno estatal y se destinaría de manera íntegra a
promoción turística e infraestructura.
Ante esto, el sector hotelero pidió un diálogo directo con la gobernadora para abordar el
tema y escuchar la voz del gremio empresarial. Pero se desencantaron de Rojí como
interlocutor, quien no solo ha sido desautorizado públicamente por su jefa para firmar y
recibir peticiones de apoyos económicos, sino hasta ser maltratado también por los
miembros del cuerpo de seguridad de la mandataria durante la Cumbre Tajín en marzo
pasado.
Uno de los incidentes más bochornoso ocurrió en octubre de 2025, tras las inundaciones,
durante los festejos por los 500 años de la fundación de La Antigua. Ahí, según los videos
que fueron difundidos en las redes sociales, Nahle le advirtió a su secretario de Turismo
que no podía firmar documentos sin su previa autorización: “No puedo repartir dinero… ya
se repartió mucho en el estado… Tú no puedes firmarle a nadie si no te lo autorizo, porque
si no se va a hacer aquí un relajo. Para poner orden”, le soltó la mandataria ante la mirada
atónita de asistentes y medios. En ese ejercicio fiscal, el presupuesto anual de la Secretaría
de Turismo aprobado por el Congreso local fue de 509 millones 811 mil pesos.
Sus malquerientes dudan que Rojí presente su renuncia y que la gobernadora se la acepte,
pues argumentan que carga sobre sus espaldas dos pesados expedientes. Uno, es el de los
pendientes que le observó el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) a su administración
municipal. En 2019, le detectó presuntas irregularidades por 18 millones 525 mil 195
pesos; en 2020, el monto sin justificar según la Cuenta Pública, fue de 10 millones 59 mil
329 pesos; y en 2021 el monto observado fue de 14 millones 50 mil 329 pesos, según
documentó la reportera Isabel Ortega, del portal la Silla Rota Veracruz, quien señaló que a
diferencia de otros ayuntamientos y ex alcaldes no existía una denuncia penal en contra de
Rojí por su bronca financiera de 42 millones 634 mil 853 pesos.
Pero el otro expediente que le ventilaron en la campaña pasada por la presidencia municipal
es mucho más delicado, motivo por el que, aunque su trabajo como alcalde del 2018 al
2021 le sigue siendo reconocido por los orizabeños, en esta última elección ya no le
refrendaron su apoyo al ahora Secretario de Turismo. Sus contrincantes le recordaron su
pasado priista y refiriéndole la existencia de una denuncia que lo involucra con un “Cártel
Inmobiliario”.
Rojí López, según sus detractores, fue denunciado en el 2022 ante la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción por presunta apropiación ilegal de un inmueble, en
complicidad con otros exfuncionarios municipales, durante su gestión.
El expediente fue interpuesto por familiares del finado Ángel Pascual Bautista Bello,
quienes acusan que el predio ubicado en la calle Poniente 24 colonia Santa María
Tlachichilco les fue arrebatado de forma indebida mediante una red de abusos, tráfico de
influencias y complicidades institucionales.
La denunciante, que es la legítima heredera tras el fallecimiento de su madre en diciembre
de 2022, refirió que, al acudir en 2024 a verificar la propiedad, encontró la barda demolida
y obras de reconstrucción en curso. Se supo que el cuidador de confianza, Alberto Girón
Miranda, había sido desalojado violentamente por personas que se identificaron como
actuarios del Juzgado Segundo de Primera Instancia, en un operativo que data de diciembre
de 2021.
En este caso fueron involucrados funcionarios del sistema judicial y de seguridad pública.
Entre los señalados figuran: Esthefani Campos Flores, actuaria del juzgado; Mario Arturo
Guzmán García, enlace jurídico de la policía estatal; e Iván Emmanuel Diz Pérez, el juez
que dictó la sentencia cuestionada. También fueron denunciados Carlos José Díaz Corrales,
Arturo Jiménez Romero, Antonia Muñoz Aguilar y Rojí López.
La gravedad de la acusación no reside únicamente en el despojo individual, sino en lo que
parece ser una red bien estructurada de corrupción judicial y administrativa. El abogado de
la denunciante descubrió que en los juicios civiles 2894/2021 y 649/2022 se utilizaron
simulaciones, incluyendo la presentación de una persona fallecida como albacea legal, lo
que habría facilitado el traspaso fraudulento del inmueble.
Este modus operandi –que combina falsedades legales, abuso de autoridad y violencia– ha
llevado a la denunciante a hablar de un posible cártel inmobiliario que opera en Orizaba,
con conexiones en el poder político local.
En particular, señaló la posible participación de la familia Sosa Luna, cercanos al ex alcalde
Rojí. La ex regidora Rocío Sosa Luna –que estuvo en la administración 2018-2021– fue
mencionada como pieza clave en esta red.
De acuerdo al expediente, se expone que los delitos imputados van desde el fraude procesal
y despojo, hasta amenazas, abuso de autoridad y uso indebido de funciones públicas.
La denunciante exigió una investigación profunda y transparente, por lo que advirtió que la
impunidad en este caso sentaría un grave precedente sobre el uso del aparato judicial como
herramienta de despojo patrimonial.
¿Procederán contra Rojí, quien actualmente no tiene fuero legislativo por haber solicitado
licencia a su cargo de diputado local? ¿Terminará de
