O P I N I O N
A partir de ayer domingo 30 de marzo y durante 60 días
más que es el tiempo autorizado para los aspirantes a
ocupar cargos de juzgadores en el Poder Judicial Federal
(PJF), podrán llevar a cabo sus campañas para permanecer
en el cargo o para integrarse a este importante Poder de los
3 que forman lo que aún queda de la incipiente democracia
mexicana.
Se elegirán 882 cargos, entre los que están ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); magistrados
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF); integrantes del Tribunal de Disciplina
Administrativa; magistrados de circuito y jueces de distrito
de entre aproximadamente 5, 379 candidatos.
Elección que desde sus comienzos, del planteamiento de
la reforma judicial, estuvo plagada no solamente de errores
de procedimiento, sino lo más grave, de acciones de
inconstitucionalidad que las autoridades correspondientes
entre las que están el Congreso de la Unión, no observaron y
autorizaron se llevaran a cabo.
A lo que hay que sumar el grave recorte presupuestal que
se hizo al Instituto Nacional Electoral (INE), con toda la
intención de que esta reforma y especialmente la elección
no se pudiera llevar a cabo en la forma adecuada, ya que de
un presupuesto solicitado de 13 mil 205 millones de pesos
para realizarla, los legisladores solamente le autorizaron 6
mil 219 millones, reduciendo lo solicitado en un 52.9 %, lo
que arrojó como consecuencia que solamente se puedan
instalar en 50 % de las casillas que originalmente se
autorizaron.
Pero lamentablemente para el país y los mexicanos lo
señalado no son los únicos problemas que está teniendo que
enfrentar esta aberrante elección, ya que hay 7 estados en
que los recursos para efectuarla también están limitados,
como en: Aguascalientes, Estado de México, Tamaulipas,
Tabasco, Sonora, Zacatecas y Veracruz y solamente en la
Cuidad de México (CDMX) y San Luis Potosí, hay más de lo
solicitado.
Problemas a los que hay que agregar la grave situación
que se vive a nivel nacional de la altísima inseguridad y que
la organización México Evalúa informa que su Programa de
Seguridad hay 19 entidades federativas en riesgo de caer
bajo control del crimen organizado (los ganadores de la
elección) de los que considera que están en alto riesgo son:
Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Tamaulipas,
Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
Como se aprecia en lo citado, el panorama de la elección
para juzgadores del PJF no es muy alentador a lo que hay
que sumar que cada aspirante deberá erogar los gastos que
pueda para llevar a cabo su campaña, siendo que los topes
de gastos van desde los 200 mil pesos aproximadamente
hasta el millón 400 mil, que autorizo el INE. Usted qué
opina, estimado lector. Hasta el viernes. noti-
sigloxxi@hotmail.com (Fech. Púb. Lun 31-marzo-25)