AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Ayer, tras la renuncia de la sonorense Guadalupe Taddei, la consejera Blanca Yassahara
Cruz García fue designada presidenta provisional del INE en tanto la Cámara de Diputados
define quién ocupará de manera definitiva la presidencia del Consejo General del órgano
electoral nacional.
Sin embargo, nunca faltan los que suelen buscar los prietitos en el arroz. Y rascándole al
pasado reciente de Cruz García descubrieron que como presidenta del Instituto Estatal
Electoral de Puebla se vio involucrada en una burda maniobra en su entidad natal.
Fermín Alejandro García, del diario La Jornada de Oriente, publicó que en el proceso
electoral de 2024 –en Puebla— podía haber alcanzado la categoría de impoluto, si no fuera
porque en su parte final brotó un grave escándalo al descubrirse una operación mediante la
cual se transfirieron 27 mil sufragios de Morena a la agrupación Fuerza por México (FxM)
para que, este segundo partido, pudiera alcanzar el 3 por ciento de la votación mínima y esa
condición le permitiera no perder el registro oficial, así como poder sobrevivir hasta la
fecha.
“Esa maniobra ilegal se habría planeado y ejecutado desde la estructura profesional del
Instituto Estatal Electoral (IEE)”, escribió el articulista del diario poblano, señalando que
“en medio de todo ese escándalo hubo un aspecto que destacó: ‘el silencio sepulcral’ de la
entonces presidenta del IEE, Blanca Yassahara Cruz García, quien nunca emitió una sola
palabra del tema”.
Al final, según reseñó, “el asunto se turnó a una investigación interna, que se ha vuelto
interminable y le ha dado un manto de impunidad a dicho fraude electoral”.
Ahora, escribió el 23 de abril pasado, “surge la sospecha, la suspicacia, de que ese ‘silencio
absoluto’ de Blanca Yassahara Cruz García, en el escándalo de los votos que le ‘regalaron’
a FxM, se acabó convirtiendo un factor decisivo para que, de manera sorpresiva, en un
universo de más de 400 aspirantes esta mujer pasara todas las evaluaciones y el martes por
la noche, fuera designada como nueva consejera del Instituto Nacional Electoral (INE)”.
Una decisión que, refirió, “se tomó en la Cámara de Diputados con el voto de 334
legisladores de Morena, el PT y el PVEM”.
Y apuntó “un pequeño gran detalle”: que el fundador y prácticamente dueño del Partido
Fuerza por México, que fue constituido en 2019, es el polémico empresario Pedro Haces
Barba, quien surgió de las filas de la CTM, cuando esta organización era uno de los tres
sectores del PRI.
Este personaje –actual diputado federal, vicecoordinador de la bancada de Morena que
lidera su compadre Ricardo Monreal– dirige la Confederación Autónoma de Trabajadores y
Empleados de México, la Catem, la cual es una agrupación que se ha visto involucrada en
señalamientos de supuestos actos de extorsión y disputas violentas de los contratos de obras
públicas, sobre todo en la construcción de carreteras.
Según el articulista de La Jornada de Oriente, “quien operó, desde la fracción de Morena, la
elección de tres nuevos integrantes del Consejo General del INE fue Ricardo Monreal,
quien se ha vuelto un defensor de los intereses políticos de Pedro Haces Barba”.
Rememora que hace un par de años, en los últimos comicios locales de la entidad poblana,
el Partido Fuerza por México obtuvo un pésimo resultado, pues, aunque ganó 12 alcaldías,
apenas consiguió obtener alrededor de 30 mil votos, la cual es una cantidad que alejaba a
FxM del 3 por ciento mínimo de sufragios que necesitaba para conservar el registro como
partido político estatal.
Luego de los comicios de 2024, entre los dirigentes de FxM en Puebla ya había resignación
y tristeza de que el partido de Pedro Haces acabaría desapareciendo en esa entidad.
Pero el pesimismo se frenó cuando de pronto, al terminar los cómputos oficiales de las
votaciones en la capital del estado, de la nada le llegó “un regalo” a FxM que era una
transferencia de 27 mil votos que le restaron a la suma final de sufragios obtenidos por
Morena, para anotárselos a Fuerza por México.
Dicho cambio se hizo mediante una operación secreta, ilegal y sobre todo burda, pues se
acabó descubriendo con una simple lectura de las actas –de antes y después de los
cómputos– que mostraban el cambio de cifras de votos en las dos fuerzas políticas
involucradas.
“¿Por qué se decidió en Morena salvar a FxM?”, se preguntó el articulista Fermín
Alejandro García. La respuesta que dio fue la siguiente: “se dice que habría sido Ricardo
Monreal quien contactó a los miembros de la cúpula de la 4T en el estado de Puebla y los
habría convencido de la necesidad de ‘no dejar morir’ a un aliado, es decir al Partido
Fuerza por México”.
Fue entonces que se habría dado la orden que, desde el IEE, se alteraran los números de
votos a favor del partido de Pedro Haces.
No era la primera vez que Monreal recataba de la extinción a Fuerza por México. En 2021
fue el debut electoral de FxM y, en esa ocasión, el partido también se quedó abajo del 3 por
ciento de la votación global, razón por la cual perdió su registro nacional. Meses más tarde,
surgió un polémico fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
que decidió regresarle el registro al Partido Fuerza por México, bajo el argumento de que
como había recibido incompleto el financiamiento público al que tenía derecho, había
enfrentado los comicios en condiciones de inequidad. Por tanto, le perdonaron que no
hubiera alcanzado el mínimo de votos que exige la ley. Y, según trascendió, habría sido el
entonces líder del Senado, Ricardo Monreal, quien intervino con algunos magistrados del
TEPJF para que surgiera la sentencia favorable a FxM.
Pero, regresando al tema de Puebla, el articulista de La Jornada de Oriente recuerda que, en
2024, cuando brotó el escándalo de los votos que le “regalaron” a FxM, la que nunca emitió
una sola posición sobre este asunto fue la entonces presidenta del IEE, Blanca Yassahara
Cruz, quien se limitó a decir que el caso se turnaría a la Contraloría Interna del Instituto
Estatal Electoral.
“Eso comportamiento se apreció como un intento de evitar que ese asunto tuviera
consecuencias jurídicas en contra de los actores políticos involucrados”, apunta Fermín
Alejandro García, quien hace seis meses concluía que “curiosamente en el reciente proceso
de selección de los nuevos consejeros del INE, se encontraron quien guardó ‘silencio’
desde el IEE en torno al affaire de FxM y los políticos que se beneficiaron con ‘el rescate’
de Fuerza por México”.
Ahora, Blanca Yassahara Cruz es la sucesora provisional de la defenestrada ex presidenta
del INE, Guadalupe Taddei.
CONTRALOR DEL INE
SABÍA, PERO ‘ENMUDECIÓ’
Por cierto, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que preside
Ricardo Monreal, aprobó ayer por unanimidad citar a comparecer a Víctor Hugo Carvente
Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, luego de los escándalos por
presuntos conflictos de interés de la consejera presidenta Guadalupe Taddei,
Carvente Contreras ha sido cuestionado por su aparente pasividad ante la presunta colusión
en actos de corrupción de Taddei y funcionarios afines del INE con proveedores del órgano
electoral.
Ha sorprendido la actitud del titular del OIC, quien fue designado en el cargo en diciembre
de 2024 por una votación unánime de 436 diputados federales de todos los partidos por su
formación y trayectoria profesional, ya que es Licenciado en Ciencias Políticas y
Administración Pública por la UNAM y Maestro en Administración Pública por el Instituto
Nacional de Administración Pública; cuenta con una Especialidad en Prevención de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y una Maestría en Políticas
Anticorrupción, ambas por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y cursaba en ese
entonces la Licenciatura en Derecho en esta máxima casa de estudios.
Fue galardonado por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública al mejor
trabajo de titulación en Administración Pública, y obtuvo el primer lugar de tesis en
Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública.
Se desempeñó en los sectores educativo, hacendario y de fiscalización, y ha fungido como
Titular de Auditoría en la Alcaldía Tláhuac, Contralor Interno en las Alcaldía Magdalena
Contreras y Alcaldía Xochimilco, así como Contralor Interno en el Colegio de
Postgraduados. Asimismo, fue Titular de Auditoría en el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) y Titular de Auditoría en la Lotería Nacional.
Desde su llegada al INE como Contralor Interno ha mantenido un perfil discreto y en
contadas ocasiones ha estado presente en ceremonias o eventos protocolarios.
En septiembre de 2025 reactivó una denuncia contra los tres consejeros del INE que
estaban por concluir su encargo y habían sido críticos de la 4T. Les abrió un procedimiento
de responsabilidad administrativa por la forma en que votaron en la revocación de mandato
de 2022, envió el expediente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que impidió
que les entregaran sus liquidaciones.
Ahora, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, exigió conocer “qué
está haciendo el OIC, cómo llegó el INE hasta este gravísimo exceso sin que fuera
advertido de manera formal por el Órgano de Control”.
Por su parte, el líder de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, acusó al contralor de haber sido
omiso ante el cúmulo de irregularidades exhibidas en las últimas semanas, entre ellas la
cercanía de Taddei con el proveedor del INE, Alfredo Hernández Casillas.
“No deja de ser desalentador que el encargado del Órgano Interno de Control del INE, que
tiene dos años que tomó protesta, no haya encontrado nada”, cuestionó el dirigente del
nuevo partido político rosa.
Sin embargo, la Comisión de Vigilancia y Transparencia de la Cámara de Diputados recibió
anteayer el informe del Órgano Interno de Control del INE, donde confirmó que desde
mayo de 2025 abrió 13 expedientes relacionados con conflictos de intereses, desvío de
recursos públicos e incluso casos de enriquecimiento ilícito, de los cuales nueve se refieren
a contratos que involucran a por lo menos 13 funcionarios y exfuncionarios, 18 empresas y
ocho personas físicas.
El OIC reportó que, como resultado de seis auditorías y ocho revisiones de control, se
abrieron 24 pesquisas adicionales en materia de contrataciones, y que las posibles
conductas identificadas con las indagatorias incluyen irregularidades en procedimientos,
desde posible simulación de cumplimiento de requisitos hasta abuso de funciones y
deficiencias en la planeación, administración, supervisión, recepción o pago de bienes y
servicios que provoquen un daño patrimonial.
Además, posible uso o aplicación irregular de recursos públicos, que podría derivar en
desviación de fondos del erario, incumplimiento de funciones o deberes de supervisión, que
podrían causar daños o perjuicios a la hacienda pública; probables actuaciones bajo
conflicto de intereses, abuso de funciones o participación indebida en procedimientos de
contratación.
Incluso, posibles faltas de particulares vinculados con procedimientos de contratación
pública o bien falta a la veracidad en la información declarada, que podría conllevar al
ocultamiento de conflicto de intereses o posible enriquecimiento ilícito.
También identificó posible ocultamiento de conflictos de interés en tres de cuatro casos
señalados, y en el restante realiza las actuaciones legales.
En el documento de cinco páginas, revela que analizó contratos en materia de adquisiciones
en las áreas de comunicación social, Coordinación de Asuntos Internacionales, direcciones
ejecutivas de Administración y de Organización Electoral y unidades técnicas de
Fiscalización y de Igualdad Sustantiva y no Discriminación, entre otras.
Ahí encontró presentación de documentos e información falsos o alterados, ocultamiento de
conflicto de intereses, recursos ejercidos sin comprobación, posibles actos de colusión y
participación ilícita en proceso, y personas morales que no acreditaron capacidad técnica o
que no cumplían sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
Reportó que de enero de 2025 a la fecha aplicó 20 sanciones, de las cuales 19 corresponden
a inhabilitaciones de 14 funcionarios y ex funcionarios, y a cinco particulares, así como
multas por 1.6 millones de pesos.
