AL PIE DE LA LETRA.
Raymundo Jiménez.
En su conferencia de prensa mañanera de este lunes, aprovechando la pregunta que le hizo
un reportero de los medios afines a la 4T, el presidente López Obrador volvió a insistir
sobre su propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación, cuyo grupo mayoritario
de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se le ha sometido.
“Hablando del Poder Judicial, lo hemos dicho aquí, el problema no es nada más los jueces y
los magistrados, y los ministros, el problema es la concepción de los abogados, la abogacía,
la formación de los abogados. Por eso se va a requerir una reforma profunda, porque si
forman a un abogado que no tiene mística, que no tiene convicciones, que no tiene
integridad para impartir justicia, sino que lo que busca es triunfar sin escrúpulos morales,
salir adelante bajo la máxima de que ‘el que no transa no avanza’ y encaramarse a los
cargos y luego con una mentalidad conservadora en donde lo fundamental es lo privado y
no lo público, y que el que tiene dinero tiene buenos abogados y puede salir de la cárcel, y
el que tiene para comprar su inocencia se puede quedar ahí todo el tiempo, y todo lo que
pasa, cómo defienden a particulares y la corrupción tan grande”.
La respuesta no tardó en llegar por parte de Carlos Eduardo Viñamata Paschkes, presidente
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México –uno de los cinco Colegios de
Profesionistas que reconoce la Dirección General de Profesiones–, el cual manifestó que la
organización que representa “disiente del criterio presidencial manifestado en la mañanera
de este 11 de marzo, ya que resulta absurda la crítica que hizo el Ejecutivo Federal respecto
a los abogados”.
Y enumeró que “primero porque está tasando a todos con el mismo rasero”, aceptando que,
“en efecto, es cierto que hay abogados buenos y malos, listos y no muy listos, honrados y
deshonestos, egoístas y espléndidos, etc.,etc., pero no somos todos nefastos, ni requerimos
adoctrinamiento para pensar de determinada manera”.
También admitió que es “cierto que el que tiene dinero, puede pagar buenos abogados”,
pero puntualizó que “sin embargo no quiere decir que no haya buenos abogados que presten
sus servicios para los de escasos recursos”.
“La salida no es acabar con los abogados, con la abogacía o con su sistema de estudios, la
salida es que el Estado tenga abogados bien pagados y suficientes como defensores de
oficio y asesores, si fuera el caso, de esa manera el Estado tendría buenos abogados para
defender a quien no tiene recursos”. Y resaltó que esa “es una obligación del Estado que no
ha sabido o querido cumplir, pero la culpa no la tiene la abogacía, ni sus estudios y menos
aún los abogados”.
Ayer, en su columna Razones del diario Excélsior, el analista Jorge Fernández Menéndez
publicó un texto titulado “Así se hace justicia en Veracruz”, en el que evidencia los vicios,
la manipulación y corruptelas que existen en el aparato de procuración de justicia en esta
entidad gobernada por uno de los mejores representantes de la Cuarta Transformación y
que además es el mandatario estatal más elogiado públicamente por el presidente López
Obrador, destacándolo como el más honesto de todos.
Escribe Fernández Menéndez:
“Si hay un estado donde la justicia ha sido torcida en forma casi cotidiana y se ha manejado
al antojo del gobernador en turno, ha sido en Veracruz. En muchos sentidos, la actuación de
Cuitláhuac García ha sido muy cuestionable, pero en el ámbito de la justicia ha destacado
que ha utilizado la misma como un mecanismo de venganzas políticas, han inventado
delitos y delincuentes, encarcelado gente sin justificación alguna. Es una de las formas más
graves de autoritarismo que vivimos en el país. Es también uno de los gobernadores peor
calificados.
“¿Recuerda usted el caso de la jueza Angélica Sánchez, amenazada por el gobernador,
detenida en la Ciudad de México, llevada a Veracruz, donde fue liberada, se le intentó
volver a detener, tiene procesos en su contra y una larga serie de acusaciones que se
exhibieron incluso en la mañanera? Pues bien, toda esa inquina contra la jueza proviene de
su decisión en un caso que exhibe la forma en que se aplica la justicia en Veracruz.
“El 3 de junio de 2023 fue detenido por elementos de la Fiscalía de Coahuila, en Ramos
Arizpe, el empresario Itiel Palacios García, fue presentado como un importante y peligroso
narcotraficante responsable de los asesinatos de Eneas Pérez Ramírez y Leonardo
Hernández, ocurridos el 27 de abril de 2018 en un palenque de Playa Vicente, Veracruz.
“La investigación la había realizado la Fiscalía de Veracruz y se basaba en el testimonio de
cuatro testigos que afirmaban haber visto a Itiel hacer los disparos. Con base en esos
testimonios el empresario fue detenido, trasladado a Veracruz y se le inició un proceso, a
pesar de que tenía innumerables pruebas de que nunca había estado relacionado con el
crimen organizado y que el día de los asesinatos estaba en una fiesta en Coahuila y no en el
palenque donde ocurrieron los hechos. Tenía decenas de testigos que certificaron ese dicho.
“Cuando se avanzó en la investigación, resultó que los cuatro testigos que había presentado
la Fiscalía de Veracruz, en la delegación Playa Vicente, eran testimonios falsos, personas
que habían ido por otras razones a esas oficinas a las que les hicieron firmar hojas en
blanco y que tiempo después descubrieron que habían sido presentados como testimonios
suyos. Los denunciantes fueron engañados por los fiscales de Playa Vicente. Por eso este
empresario fue liberado por la jueza Angélica Sánchez e inmediatamente después se le
inventó otro delito para volver a detenerlo al tiempo que se levantaba un proceso contra la
jueza (quien ahora es candidata a senadora por MC en los comicios de junio).
“Los testigos a los que se les suplantó la identidad han demandado ante la FGR a la fiscalía
y a los fiscales de Playa Vicente, y explicado sus casos. El primer testigo es Francisco
Jaimes Macedo, que se presentó el 9 de febrero a las instalaciones de la FGR para
denunciar el robo de identidad en el caso de Playa Vicente.
“El 7 de junio de 2023, cuatro días después de que Itiel fue reaprendido, encontró a su
cuñado robando en su casa y fue a la fiscalía regional a levantar la denuncia, lo recibió el
fiscal Julio Zamora y lo llevó con otros dos fiscales para que le tomaran declaración. Como
lo conocían, le dijeron que, para ahorrarle tiempo, les firmara y pusiera su huella en unas
hojas en blanco con membrete de la fiscalía y que ellos luego la llenarían. Nunca más supo
de su denuncia hasta que se enteró meses después, en noviembre, de que era el testigo de
cargo en contra de Itiel. Hizo la denuncia ante la FGR porque vive asustado e inquieto de
que algo le pase a él o a su familia.
“El segundo testigo es Juan Hernández Pérez, que fue el 8 de enero de 2023 a esas mismas
oficinas de la fiscalía local para atestiguar en el caso de un choque de un automóvil con una
motocicleta, el accidente había sido el 11 de abril de 2021 y, como murió una persona, fue
llamado a testificar. Fue entrevistado por el fiscal Javier Valderrábano Vázquez, quien le
tomó los datos y le pidió que fuera con el fiscal Zamora. Éste le dio hojas en blanco para
que firmara y pusiera sus huellas y le dijo que con eso era suficiente, que no era necesario
que regresara a la fiscalía, que el propio Zamora llenaría esas hojas con su denuncia. Meses
después se enteró que era el testigo de cargo en el caso de los asesinatos atribuidos a Itiel.
“El tercer testigo es Emilio Pulido Gómez, que también fue a testimoniar por el mismo
accidente automovilístico. Cuando llegó a la fiscalía lo atendieron dos fiscales, le dijeron
que pusiera sus huellas en unas hojas en blanco y que ellos las llenarían con su declaración.
Que ya no tenía que regresar. Meses después, un amigo le informó que aparecía como
testigo del homicidio. Emilio es un muchacho de 24 años que trabaja como estibador y que
dice que ni siquiera se enteró de que hubo un ataque armado en el que habían muerto dos
personas. Los tres han presentado denuncia en la FGR contra la fiscalía veracruzana y los
fiscales que intervinieron en el caso.
“Así se hace la justicia en Veracruz, así es el gobierno Cuitláhuac García”, concluye el
texto del columnista del diario Excélsior.
Hace un par de semanas, publicamos aquí un texto titulado “Adán y los Maclovios”, acerca
también de un escandaloso caso de manipulación de la justicia por parte de la Fiscalía
General del Estado, el cual había dado pie al rumor de la posible salida de la titular de la
FGE, Verónica Hernández Giadáns, por una carpeta de investigación –la número
VER/DXVII/FEMUJJ/F7/3445/2023– que le fue abierta dolosamente, con testimonios y
pruebas falsas, por el presunto delito de pederastia al propietario de unos terrenos ubicados
en la cabecera municipal de Medellín de Bravo, los cuales se los quería quedar
supuestamente un joven empresario tabasqueño muy allegado al ex secretario de
Gobernación y ex precandidato presidencial Adán Augusto López, que patrocina equipos
de fútbol infantil y juvenil en esa zona conurbada del puerto de Veracruz.
Sin embargo, al desestimar el juez las supuestas evidencias y testimonios presentados, la
misma Fiscalía encabezada por Hernández Giadáns decidió proceder en contra de los cinco
funcionarios y agentes ministeriales de la Fiscalía Regional que presuntamente en
complicidad con el empresario tabasqueño le fabricaron al dueño de los terrenos, por lo que
fue detenido y encarcelado.
El personaje que habría corrompido a una fiscal regional y agentes ministeriales fue
identificado como Maclovio Yáñez Villagrán, hijo del exsubdirector de las regiones norte y
sur de Pemex Exploración y Producción, Maclovio Esteban Yáñez Mondragón, cuya
empresa Núcleo SEPEC OFS SAPI de CV recibió por dedazo de Marcos Manuel Herrería
Alamina, director Corporativo de Administración y Servicios de Pemex, un contrato de 40
millones 712 mil dólares, según publicó el portal Petróleo y Desarrollo, del periodista
Miguel Avendaño.
Yáñez Mondragón, señalado e investigado en administraciones pasadas presuntamente por
traficar influencias y actos de corrupción, fue reivindicado en la actual administración al
grado de ser uno de los proveedores consentidos y favorecido con millonarios contratos, no
solo en Pemex, sino en administraciones estatales gobernadas por Morena.
El portal del periodista Avendaño publicó que a través de la adjudicación directa PEP-AD-
O-GCSEYP-100-94729-23-2, la empresa Núcleo SEPEC OFS SA de CV obtuvo el 30 de
agosto de 2023 el paquete 1 para el servicio de taponamiento y abandono para pozos
terrestres de los Activos de Producción Región Sur.
El monto del contrato asciende al equivalente a unos 716 millones de pesos en moneda
nacional al tipo de cambio de 17.59 pesos por dólar.
Según documentos oficiales, la adjudicación directa fue autorizada por la Dirección
Corporativa de Administración y Servicios (DCAS), que preside Marcos Manuel Herrería
Alamina, cuñado de Pedro Arturo López Obrador y quien también es considerado como la
mano derecha de Octavio Romero Oropeza, desde que el actual director de Pemex fue
Oficial Mayor en el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Andrés Manuel
López Obrador.
El aval fue elaborado por Carlos Gilberto Juárez Castellanos, Coordinador B de la
Superintendencia de Contratación de Perforación y Servicios a Pozos; aprobado, por Heli
Estuardo González Cerón, Subgerente de Contratación de Perforación y Servicios a Pozos
Terrestres, y fue revisado por Emmanuel Alejandro Vigueras Reyes, titular de la
Superintendencia de Contratación y de Perforación y Servicios a Pozos.
En la adjudicación se entregó el paquete 2 a la empresa OPP Servicios Petroleros SA de
CV/Constructora y Perforadora Latina SA de CV/Highbury Energy Services SA de CV y
FYC Multiservicios Generales Industriales SA de CV, por un monto de 30 millones 534
mil 071.92 dólares; el paquete 3 a la firma Mexxus Drilling International S de RL de CV,
por 30 millones 534 mil 071.92 dólares; y el paquete 4 a Técnica Profesional Mexicana SA
de CV/Probadores Petroleros SA de CV/JJ Services Integración y Mantenimiento Industrial
SA de CV y Petroalliance México SA de CV, por 16 millones 447 mil 398.18 dólares.
Como puede apreciarse, el dedazo en Pemex benefició con el contrato más jugoso a los
Yañez, incluso a pesar que éstos apoyaron las aspiraciones presidenciales del ex secretario
de Gobernación, Adán Augusto López, y el director de Pemex apoyaba a Claudia
Sheinbaum.
El portal Política y Petróleo recuerda en su reporte el historial de corrupción de Maclovio
Esteban Yáñez Mondragón, que empieza desde que ocupaba la subdirección de Pemex
Exploración y Producción Región Norte y ante la Región Sur, con sede en Poza Rica,
Veracruz, y Villahermosa, Tabasco, desde donde favoreció con contratos a empresas
“amigas”, y creó toda una red de complicidad con contratistas para saquear a la paraestatal
y construir su propio emporio económico con presencia actual en Tabasco, Veracruz,
Campeche, Mérida y Tamaulipas, donde se habla que el ex funcionario petrolero tiene
empresas petroleras, restaurantes, gasolineras y hasta hoteles, que son administrados por
sus hijos y nueras.
Tras su jubilación, saltó a la 4T y se volvió unos de los más prósperos y polémicos
proveedores de Petróleo Mexicanos a través de las empresas Servicios Petroleros
Especializados del Centro SA de CV (SEPEC), Petrodata Services SA de CV, Sepec Well
Services SA de CV, Sepec CTS, SA de CV.
Los contratos, por su vínculo con Pemex y por la red de complicidades creadas, empezaron
a fluir a manos llenas. Por ejemplo, la empresa Servicios Petroleros Especializados del
Centro SA de CV ganó los siguientes contratos: el número 414045807 para medición de
parámetros de fondo en pozos petroleros de alta temperatura de la Región Norte por un
importe de 25 millones 835 mil 440.00 pesos; el 424011839 para el sistemas
semipermanentes colgados y sensores de memoria de fondo y superficie en pozos de los
Activos Integrales de la Región Norte por un monto de 103 millones 801 mil 175.56 pesos;
y el 424048866 igualmente para medición de parámetros de fondo en pozos petroleros de
alta temperatura de la Región Norte por un monto original de 50 millones 404 mil 304.29
pesos, pero que mediante la ampliación de montos se elevó hasta los 122 millones 214 mil
952.53 pesos.
Sepec Well Services SA de CV firmó el contrato 424012926 servicio integral de
reacondicionamiento de pozos de producción con herramientas y equipos de inducción,
limpieza y adquisición de información en pozos de los Activos de la Región Norte por un
monto de 643 millones 999 mil 950.00 pesos más una ampliación de monto por 180
millones 598 mil 156.20 pesos.
Con SEPEC CTS SA de CV ganó el contrato número 424014801 para servicios, equipos y
herramientas para optimizar la productividad de los pozos del Activo de Producción Aceite
Terciario del Golfo y/u otros de la Región Norte por 658 millones 270 mil 800 pesos, más
una ampliación por un importe de 189 millones 979 mil 697 pesos.
El 20 de septiembre de 2017, en el penúltimo año del sexenio del ex presidente Enrique
Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó en el Diario Oficial de la
Federación la inhabilitación de las cuatro empresas del conglomerado SEPEC por 10 años e
impuso multas históricas que en conjunto sumaban 54 millones de dólares, todo por falsear
datos en una licitación.
Las resoluciones sancionatorias en contra de las empresas fueron a través de procesos
separados. Sepec recibió una sanción por 8 millones 182 mil dólares; Sepec CTS, por 9
millones 947 mil dólares; Sepec Well Services por 18 millones 129 mil dólares, y Petrodata
Services por 18 millones 129 mil dólares.
Sin embargo, ya en la administración de la 4T, la inhabilitación y la multa fueron borrados
de tajo, cuando en febrero de 2020 un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitió el
amparo liso y llano en favor del empresario tabasqueño Maclovio Yáñez Mondragón, que
exoneraba a las empresas señaladas.
El perdón y la disculpa pública se hizo oficial en el Diario Oficial de la Federación del 31
de agosto de 2021 en las circulares de la SFP números UR-DPEP-S-O2 (03,04 y 05)/2021.
Dicho documento comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, así como a las empresas productivas del estado, a la Fiscalía General de la
República y entidades federativas, que se había dejado sin efectos la resolución
administrativa del 8 de septiembre de 2017 y la consecuente inhabilitación de Servicios
Petroleros Especializados del Centro SA de CV; Petrodata Services, SA de CV; SEPEC
Well Services SA de CV y SEPEC CTS, SA de CV.
¡Cuánta razón tiene el presidente López Obrador en condenar la máxima de que ‘el que no
transa no avanza’! Pero lamentablemente estos ambiciosos, corruptos e inmorales han sido
acogidos y blindados también por la 4T.