Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
En el norte del país se encendieron las luces de alerta: la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) anunció el pasado viernes que la exportación de ganado vacuno a Estados Unidos quedaba suspendida temporalmente, luego de que durante una inspección se detectó un afta en un animal, una lesión que coincide con los síntomas de la fiebre aftosa. *** La organización de ganaderos alertó que esa enfermedad es catalogada como “de reporte obligatorio” ante las autoridades sanitarias y advirtió que la suspensión de las exportaciones se mantendría hasta que se determina el origen de la lesión detectada. *** Horas más tarde, el sábado, el gobierno federal descartó la presencia de fiebre aftosa en Sonora y las autoridades estatales anunciaron que las exportaciones a Estados Unidos se reanudarían el martes, después de su suspensión preventiva. *** El diagnóstico de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, obtenido en menos de 24 horas, descartó fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de alto impacto para la ganadería mexicana. *** Los análisis realizados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) dieron positivo al virus de la estomatitis papular bovina, una enfermedad que, según la dependencia federal, no representa un riesgo mayor para la salud animal. *** El caso se detectó el viernes durante una inspección rutinaria en la estación cuarentenaria de Agua Prieta, donde las autoridades federales informaron del hallazgo de aftas en la boca de un becerro. *** México fue declarado “libre de fiebre aftosa” desde 1954, pero también estaba libre del gusano barrenador de ganado y éste resurgió como consecuencia del creciente contrabando de ganado desde Centroamérica. *** La falta de control para esa movilización ilegal de animales también podría facilitar la aparición de otras enfermedades que ya fueron exterminadas en el país.
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La tarde del jueves de la semana pasada fue localizada sin vida en su departamento, ubicado en el fraccionamiento privado Santa Cecilia, en Coatzacoalcos, la doctora Cristina Ramos Argüello, de 33 años.
Las autoridades ministeriales revelaron que su cuerpo presentaba múltiples heridas provocadas por un arma blanca, lo que habría provocado su muerte.
Cristina Ramos prestaba sus servicios como especialista en el Hospital Materno Infantil IMSS-Bienestar de Coatzacoalcos y en el Hospital del ISSSTE en la misma ciudad.
La muerte de la doctora, que estaría siendo investigada como probable feminicidio, generó un fuerte impacto en la sociedad veracruzana. Su hermana, Ana María Ramos Argüello dijo temer que el expediente termine archivado y que el crimen quede impune.
Y su desconfianza no es gratuita. El abogado penalista Tomás Mundo Arriasa afirmó que los veracruzanos no creen en la fiscalía por su tendencia a fabricar culpables.
El jurista señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) carece de fiabilidad en las pruebas periciales y se pronunció por exigir que la investigación para esclarecer el feminicidio de la doctora Cristina Ramos sea sin sesgos, porque “pareciera que sólo tiene una línea de investigación y con los sesgos contextuales va a buscar confirmar, por lo mismo, que el que mató a la doctora fue el novio”.
Y esas sospechas parecen confirmarse. Resulta que la fiscal encargada del caso es Guadalupe García Hernández, quien enfrenta denuncias por su irregular comportamiento en su paso por el norte de la entidad.
Hay procedimientos en el Órgano Interno de Control (OIC) de la propia Fiscalía, porque la fiscal Guadalupe García ocultó información en un caso e incurrió en omisiones al momento de desahogar datos de prueba, además de que ha sido vinculada a una especie de “cártel inmobiliario”, que opera en la zona de Papantla y que se dedica a despojar de sus bienes a personas de avanzada edad.
Entrevistada sobre el caso de la doctora Cristina Ramos, la fiscal Guadalupe García dijo contar con “líneas de investigación suficientes” para avanzar en el esclarecimiento del feminicidio, aunque pidió que “cualquier persona que tenga información relacionada con los hechos” la proporcione a las autoridades para contribuir al esclarecimiento del caso.
En este caso aplica aquella ingeniosa -pero, lamentablemente, certera- frase del jurista francés Marcel Planiol: “A los culpables es más fácil escogerlos que encontrarlos”.
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Epílogo.
Abogados de todo el país se están uniendo para exigir el cese de la prisión preventiva. El punto de encuentro será la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Buap) que realizará esta semana un Congreso sobre Derecho Penal, con el tema “Alcances y Cumplimiento de la Sentencia Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz vs. México”. *** Dicha sentencia, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 25 de enero de 2023, declaró la responsabilidad del Estado mexicano por la violación de múltiples derechos humanos en perjuicio de Daniel García Rodríguez y de Reyes Alpízar Ortiz. *** La resolución le ordenó a México modificar su Constitución y eliminar o adecuar figuras jurídicas que vulneran el debido proceso. Entre ellas, la prisión preventiva. *** El Congreso que habrá de celebrarse en la Buap reunirá a destacadas figuras del derecho en México, como Paola Ivette Camarillo, Rodolfo Omar Hernández, Jorge Morales Álvarez, Jovany Lama Trejo, Marisela Cifuentes, Édgar Martínez Rosas, Noel Franco, Israel Calva, Norberto Valle, Eduardo Alberto Osorio, Silvia Ivette Olvera, José Eduardo Téllez, Martín Daniel Venegas y Tomás Mundo Arriasa.
