Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
En esta ocasión Javier Duarte mantuvo la cordura. Escuchó los alegatos y la
resolución del juez sin mayores aspavientos. *** El juez Gustavo Aquiles
Villaseñor, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, le dictó auto
de vinculación a proceso por el presunto delito de peculado. *** La nueva causa
penal en su contra (667/2025) señala un supuesto desvío de 5 millones de pesos
provenientes del Fondo para la Infraestructura para el Fortalecimiento e Inclusión
Social (Foros), un recurso destinado a las casas hogar. *** La continuación de la
audiencia inicial se centró en la respuesta de la defensa a la formulación de
imputación. El abogado Gerardo Hope Arteaga inició con un “extrañamiento”,
logrando que el juez declarara la nulidad de una reciente entrevista realizada por
la Fiscalía al testigo protegido Antonio Tarek Abdalá Saad, extesorero durante la
administración de Javier Duarte. *** El juez reconoció una “mala práctica” de los
fiscales” al no auxiliar correctamente a la defensa. Sin embargo, a pesar de este
triunfo parcial, los abogados del exgobernador fueron vencidos en el resto de la
audiencia, incluyendo el momento en el que se señaló que la imputación no
mencionaba quién se había beneficiado de los recursos desviados. *** Sólo una
vez tuvo oportunidad de hablar Javier Duarte y afirmó: “Yo tuve bajo mi cargo a
350 mil trabajadores. Se me hace sorprendente que pretendan vincularme a
proceso en hechos donde todavía no entiendo bien cuál dicen que fue mi
participación. No digo que no hayan ocurrido, lo que pregunto es: ¿cuál es mi
participación?”. *** El fiscal Julio Antonio Cobos le rebatió asegurando que el
desvío se comprobó porque, de 10 millones transferidos al fondo, “solo 5 millones
fueron usados para las casas hogar de los niños y adultos mayores en Veracruz”.
*** Al final, el juez Aquiles Villaseñor resolvió vincular a proceso a Javier Duarte
como “coautor” de peculado, aunque reconoció la dificultad de probar una orden
directa del imputado: “si bien nunca vamos a encontrar una instrucción directa por
parte del imputado a un subalterno, no se puede descalificar la acusación”. *** El
juez ratificó la prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de seis meses para
la investigación complementaria. *** Había concluido la audiencia, ya todos se
retiraban, cuando Javier Duarte expresó: “Solamente decirle que no me encuentro
sorprendido. Ganó nuevamente la política sobre la justicia”.
Algo extraño sucede con la exalcaldesa de Alvarado, Lizzette Álvarez Vela. Había
jurado que dejaría en paz la política para dedicarse a “sus negocios”, pero en las
semanas recientes se ha mostrado muy interesada en competir por la diputación
federal en el 2027. Y, aunque la aspiración es legítima, los reportes que llegan
desde aquel municipio es que pareciera que quiere abrir esa puerta… a patadas.
Alvarado sigue siendo un pueblo chico, donde todos se conocen, se saben sus
orígenes y entienden en qué anda metido cada quien.
Para nadie es un secreto en esa población, que la página “Eduardo Venegas
Informa” publica lo que la exalcaldesa ordena y ha llamado la atención que de
algunos días para acá ese espacio en redes sociales ha enfilado sus baterías
contra la gobernadora Rocío Nahle (de la que la exalcaldesa ha presumido que
son “amigas y aliadas”), contra el gabinete estatal y ¡hasta contra la propia
presidente Claudia Sheinbaum!
Desde esa página han cuestionado el estilo de gobernar de Rocío Nahle, el que
describen como “duro, áspero y hasta grosero”.
Las diferencias entre Lizzette Álvarez y Rocío Nahle pudieron tener su origen -o al
menos se agudizaron- en la etapa previa a la sucesión municipal. Mientras la
mandataria estatal buscaba atender su compromiso e impulsaba a Polo
Deschamps, la alcaldesa tenía a su propio “delfín” en Beto Cobos. Las posturas se
radicalizaron y en ese municipio Morena y el Partido Verde optaron por no ir en
alianza.
Los astros se le alinearon a Lizzette Álvarez y fue Beto Cobos el vencedor en la
contienda por la alcaldía, pero su plan no salió del todo bien. Cuentan en Alvarado
que el nuevo alcalde se dio a la tarea de formar su propio equipo de trabajo y
fortaleció sus vínculos con el gobierno estatal, por lo que prácticamente no le dejó
margen de maniobra a la exalcaldesa.
Los alvaradeños están sorprendidos, no sólo por el tono beligerante de Lizzette
Álvarez, sino por ese empeño por mantener la campaña de insultos, a pesar de
haber ganado con claridad la elección municipal. Agrede -señalan- no solo a la
gobernadora, sino a su equipo, a su gobierno y a la presidente.
Esa desesperación por conseguir la candidatura a la diputación federal y la actitud
agresiva que ha mostrado a través de la página “Eduardo Venegas Informa”,
obedece más bien -dicen- a las cuentas que dejó pendientes en su administración
municipal.
Ha trascendido que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un
presunto daño patrimonial que rebasa los 45 millones de pesos, en la revisión de
la Cuenta Pública 2024.
El informe que recién entregó el titular de la ASF, David Colmenares a la Cámara
de Diputados señala obras de mala calidad y pagos por trabajos o servicios que
no se realizaron, en proyectos de electrificación, alumbrado público, rehabilitación
de parques, pavimentaciones y obras en espacios educativos.
Nadie duda en Alvarado que los ataques continuarán, pero tanto en Xalapa como
en la Ciudad de México tienen muy claro, quién los impulsa y, sobre todo, sus
motivaciones.
Epílogo.
Ahora que el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, se comprometió
públicamente a revisar el desempeño de los servidores públicos que laboran en el
Registro Público de la Propiedad, no estaría de más que pusiera especial atención
en el comportamiento de la encargada del área Dictaminadora, Técnica y de
Supervisión, Jessica Cid Arroyo. *** Ciudadanos que acuden a esa área a realizar
trámites, lo mismo que personal de esa oficina, señalan que por sus constantes
ausencias y por falta de conocimiento del área, retrasa el trabajo, altera los
tiempos que son determinados por la ley y genera caos en las tareas que debe
cumplir el área jurídica. *** Apuntan que su desconocimiento de la ley notarial ha
provocado que se contesten de manera deficiente y fuera de término, diversos
asuntos promovidos por abogados y usuarios de servicios notariales. *** El
secretario de Gobierno debe recordar que aceptar un cargo para
