AL PIE DE LA LETRA.
Raymundo Jiménez.
Aunque existe la percepción casi generalizada de que se ve muy remoto que los tribunales
electorales federal y estatal anulen las elecciones para la Presidencia de la República y la
gubernatura de Veracruz a pesar del cúmulo de irregularidades que la oposición denunció a
lo largo de ambos procesos electorales y no nada más las registradas en el mero día de los
comicios, lo cierto es que hasta agosto, una vez que las instancias jurisdiccionales
respectivas desahoguen y resuelvan los recursos de impugnación presentados no sólo por
los ex candidatos y líderes de los tres partidos del frente opositor (PAN-PRI-PRD) sino
también por algunos ciudadanos, se sabrá finalmente cómo quedarán constituidas las dos
cámaras del Congreso de la Unión pero, sobre todo, si las virtuales gobernantes, Claudia
Sheinbaum y Rocío Nahle, serán legitimadas al comprobarse que surgieron de votaciones
realmente libres y democráticas.
Así, mientras Sheinbaum y Nahle anticipan la integración de sus gabinetes y realizan
respectivamente giras por el país y el estado para agradecer los millones de votos que
recibieron para sus holgados triunfos, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa
su paquete de reformas constitucionales que hasta ahora sacaría sin problemas en la Cámara
de Diputados, pero no en la de Senadores, donde su bancada todavía no alcanza la llamada
“mayoría calificada”, o sea, las tres cuartas partes de los escaños.
Sin embargo, Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los líderes de la Frente Cívico Nacional,
ante los reclamos expresados por los votantes antimorenistas salió a informar que “hemos
estado atentos a las denuncias que nos mandan por redes sociales y de manera personal y
las hemos estado estudiando en la medida de nuestras posibilidades”. El ex perredista
precisó que “algunas de ellas tienen sustento, otras no lo tienen”. Pero puntualizó que
“estamos atentos a esas aportaciones y a otras que tienen que ver con algoritmos, con
supuestas actividades o interferencias que se hicieron en las sumatorias de los Prep’s. Todas
las estamos revisando”. Y al comparar este proceso electoral con la polémica sucesión
presidencial de 2006 que AMLO tildó de fraudulento, Acosta ironizó que “nosotros no
queremos llevar cajas vacías como llevó (Gerardo Fernández) Noroña y la propia Claudia
(Sheinbaum) a protestar por un supuesto fraude electoral con pruebas inexistentes. Ni
quisiera llevar pollitos ni puerquitos como terminó en 2012 presentando López Obrador sin
pruebas contundentes. Cada cosa que vamos a presentar tiene que tener el sustento para que
nosotros podamos de manera seria ir a la pelea”.
También explicó que la asignación de diputados y senadores “se hará una vez que sean
resueltos los recursos que ha presentado la oposición. Ya con las cifras definitivas, entonces
el INE procederá a aplicar la fórmula que está en la Constitución y en la ley. Esperamos
que el INE se apegue al estricto espíritu de la Constitución y de la ley y por lo tanto no
permita esa sobrerrepresentación. En caso de que cometiera ese atropello, entonces
tendremos que presentar nuestros recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación y entonces yo creo que debemos movilizarnos con toda nuestra fuerza. No es
correcto que una fuerza política que formalmente y con todas sus trampas tienen solamente
el 55 por ciento de los votos, y quiera tener el 75 por ciento del Congreso. Eso es inmoral e
ilegal. Y, por otro lado, la fuerza de la oposición, que tiene el 42 por ciento de los votos,
tengan solamente el 25 por ciento del Congreso. Todavía no sucede, eso es lo que
pretenden, hay que estar atentos al mes de agosto”.
Y anunció que el 6 de julio, dos meses antes de que pase el proceso de
sobrerrepresentación, habrá un encuentro ciudadano en la Ciudad de México para analizar
las alternativas ante un posible golpe autoritario.
Según se prevé, agosto será un mes políticamente muy caliente, aunque el presidente López
Obrador afirme que la transición será inédita, por “ordenada y fraterna”.
LO QUE NO CUADRA DEL
HOLGADO TRIUNFO MORENISTA
Por cierto, si el triunfo electoral de Morena fue apabullante, ¿por qué anoche trascendió que
la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, solicitó juicio político contra un
juez federal que ordenó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
nombrar a los dos magistrados que le faltan a la sala superior de esta máxima instancia
jurisdiccional que resolverá todas las impugnaciones y calificará las elecciones del pasado 2
de junio, tanto las federales como las estatales?
Y otra preguntita que lanzó anteayer el diario Reforma en su columna política estelar
Templo Mayor: “¿Cuál es la razón por la que el INE no ha querido entregar las bases de
datos de casillas conflictivas?”.
El diario capitalino consignó que “las han pedido representantes partidistas, académicos y
otros usuarios interesados en analizar el comportamiento de grupos criminales y otro tipo
de poderes fácticos en la elección”.
“Se trata –apuntó– de las casillas conocidas como ‘Secciones con Estrategias
Diferenciadas’; es decir, con presencia de grupos del narco, con conflictos políticos
específicos o problemas agrarios, situaciones orográficas complejas, entre otras
dificultades.
“Ya se va a cumplir un mes de la elección y no aparecen esos resultados agrupados en el
instituto que encabeza Guadalupe Taddei”, concluye el comentario.
Y, por si fuera poco, el miércoles de la semana anterior, la sala superior del TEPJF
determinó que el presidente López Obrador vulneró la imparcialidad, neutralidad y equidad
en la contienda, además de haber incurrido en el uso indebido de recursos públicos por las
expresiones que hizo en la conferencia matutina del 10 de noviembre de 2023.
Con esta nueva resolución, que es inatacable, suman más de cuatro sentencias en las que la
sala superior del Tribunal Federal Electoral confirma que el mandatario incurrió en dichas
infracciones en el proceso electoral 2024, pese a las medidas cautelares en las que se le
pidió abstenerse de hablar de los comicios o temas vinculados.
En la conferencia del 10 de noviembre del año pasado, el Presidente mencionó que “antes
se elegía por dedazo y ahora hay otro método y la gente ya no se deja engañar y ahora se
vota de manera libre”.
Por estas declaraciones, el TEPJF concluyó que la sala regional especializada tuvo razón al
señalar que López Obrador excedió los límites de libertad de expresión, ya que sus palabras
no configuraron un ejercicio periodístico, sino su postura sobre los aspectos que la
ciudadanía debe tomar en cuenta como señalar si el candidato tiene ideales y cuál es el
partido político que los postula.
La máxima instancia electoral resolvió que, por dichas expresiones en esa conferencia, el
titular del Poder Ejecutivo volvió a incurrir en manifestaciones que no debió hacer en
periodo de precampaña electoral, por lo que utilizó de manera indebida presupuesto
público, aunque por tratarse del Presidente de la República no se le podían imponer
sanciones económicas.
A AMLO se le olvidó cuando al entrometerse en la sucesión presidencial de 2006 le gritó al
entonces mandatario panista Vicente Fox: “¡Ya cállate, chachalaca!”.