AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
La primera acción aberrante en contra de la libertad de expresión, tolerada ya durante la
administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se dio en el estado de Campeche donde
a mediados de este año la jueza de control interina del Sistema Penal Oral y Acusatorio de
esa entidad, Ana Maribel de Atocha Huitz May, dictó nuevas medidas cautelares contra el
periodista Jorge Luis González Valdez y el diario Tribuna, las cuales establecían que ambos
contarían con interventores designados por el Tribunal Superior de Justicia para revisar qué
podían publicar y prohibiéndoles de manera estricta referirse a la gobernadora morenista
Layda Sansores San Román.
Y aunque se confirmó la suspensión definitiva de otras medidas cautelares que consistían
en la prohibición por dos años para ejercer el periodismo a González Valdez y que se
suspendiera la publicación digital de su medio, la juez condicionó el ejercicio del
periodismo con nuevas medidas cautelares “aberrantes, más drásticas y violatorias de mis
garantías constitucionales”, como las calificó el comunicador sancionado, quien enfrenta
además una sentencia judicial por daño moral contra el director estatal de Comunicación
Social, Walther Patrón, al que debe pagar una indemnización de 2 millones de pesos, para
lo cual, como garantía, la autoridad judicial ordenó que la casa del periodista fuera puesta
en subasta pública.
Por esos mismos días, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, también de
Morena, fue igualmente muy criticado porque a sus agresiones a periodistas y medios de
comunicación locales durante los primeros seis meses de su administración se sumó en
junio de este año la aprobación y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla
la llamada “Ley Censura”, una serie de reformas al Código Penal estatal que crea y tipifica
delitos como el “ciberasedio”, espionaje digital, usurpación de identidad, “hacking” y
“grooming”.
La organización Artículo 19 y la Red de Periodistas Puebla exigieron que se rechazara el
proyecto porque los delitos que se crearon violentan el principio de taxatividad (certeza) en
materia penal, y en su elaboración no incorporó el “expertise” técnico de especialistas.
“Debido a estos factores, los delitos pueden ser utilizados contra la ciudadanía de manera
arbitraria, particularmente personas periodistas y medios de comunicación”, advirtieron.
En respuesta, el mandatario poblano envió una carta dirigida al Congreso local de mayoría
morenista para que convocara a foros abiertos de discusión sobre la “Ley Censura”,
diálogos que bien pudieron convocarse antes para garantizar un debate sobre las
modificaciones ya aprobadas.
Ahora, este fin de semana, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) alertó sobre
una iniciativa de ley de Morena que se cocina en la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, la cual plantea regular los contenidos que sacerdotes, pastores, monjas y ministros
de culto publiquen en internet y redes sociales como Facebook, X, TikTok o Instagram.
Según trascendió, la iniciativa presentada por el diputado Arturo Ávila, muuuuy cercano a
la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, propone adicionar un párrafo al
artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para que los religiosos
que operen medios digitales, incluyendo plataformas de contenido multimedia, garanticen
“el respeto a los derechos digitales, la neutralidad de la red y la prevención de discursos de
odio”, sujetándose “a los lineamientos que emita la Agencia de Transformación Digital y
Telecomunicaciones en coordinación con la Secretaría de Gobernación”.
El abogado Uriel Esqueda, representante de la organización civil Actívate.org.mx, declaró
al diario Excélsior que esta iniciativa es una forma de “censura disfrazada de ley”. Advirtió
que, de aprobarse, México regresaría a restricciones del siglo pasado y los líderes religiosos
serían el único grupo social sujeto a una regulación de contenidos tan específica por parte
de dependencias federales.
Por su parte, el Obispo de Cuernavaca, Monseñor Ramón Castro, presidente de la CEM,
compartió en sus redes una publicación de la agrupación Catolicfluencers, que alerta sobre
el ataque a la libertad de expresión que implica esta propuesta.
El documento establece plazos para regular medios digitales de asociaciones religiosas, con
180 días para asociaciones que operan a través de terceros y 90 días para que el gobierno
emita lineamientos detallados.
Esperemos que en Veracruz no caigan en esta tentación.
MARCHAN ‘ASESORES
SOLIDARIOS’ DE LA UPAV
Si usted piensa salir este miércoles 12 por carretera de Xalapa hacia el puerto de Veracruz o
irse de compras a la Plaza Américas, tome sus precauciones porque alrededor del mediodía
está programada una “marcha pacífica por un pago justo y digno” convocada por los
llamados “asesores solidarios” de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV),
que se manifestarán frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz
(SEV).
Según versiones que llegaron hasta Palacio de Gobierno, se trataría de una movilización
manipulada por David Agustín Jiménez Rojas, el subsecretario de Educación Media
Superior y Superior, quien al parecer ha llegado a la SEV no para sacarla del rezago en la
que la dejó el pasado gobierno de Cuitláhuac García sino para hacer política electoral.
Y es que coincidentemente ayer circuló en redes sociales y en grupos de WhatsApp un
audio en el que se le escucha decir que llegó a “operar”, a trabajar en una estructura
electoral que pueda favorecer para la sucesión gubernamental del 2030 a Esteban Ramírez
Zepeta, dirigente estatal de Morena, o al ex secretario de Educación y actual diputado
federal morenista, Zenyazen Escobar García.
“Aquí me manda la gobernadora, sólo seis meses, máximo un año y de ahí (a la) Fiscalía.
Vamos a aprovechar el lugar para hacer estructura, para 20-30. El proyecto es Esteban o
Zen, no hay más”, les dice supuestamente a sus colaboradores cercanos en una reunión.
A los amigos cercanos de Juan Javier Gómez Cazarín les sorprendió que no haya incluido
en la terna para la gubernatura de 2030 al ex líder del Congreso local y actual delegado de
la Secretaría de Bienestar, quien –según recuerdan– lo habría salvado de ir a la cárcel en
junio de 2023, cuando el día que iba a tomar posesión como comisionado presidente del
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI)
lo acompañó porque temía que agentes ministeriales ejecutaran en su contra una orden de
aprehensión que la Fiscalía General del Estado habría promovido por instrucciones del
poderoso secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, ex jefe político de Jiménez Rojas al
que traicionó.
APLAZAN AUDIENCIA DE JAVIER
DUARTE HASTA EL MIÉRCOLES 19
Anoche trascendió que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tendrá que
esperar una semana más para saber si se le concede la libertad condicional.
Según publicó el diario El Universal, Ángela Zamorano Herrera, juez de Ejecución Penal
del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, aplazó para el próximo miércoles
19 de este mes la continuación de la diligencia sobre la futura libertad del ex mandatario
veracruzano.
Lo anterior, en virtud de que aún faltan seis testigos de la Fiscalía General de la República
(FGR) y uno de la defensa por comparecer respecto a su conducta al interior del Reclusorio
Norte.
