Punto de Vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
La iniciativa enviada por el gobernador Cuitláhuac García al Congreso local, en
realidad no es suya. Se trata de un “obsequio de despedida” para su fiel tesorero,
el titular de Finanzas José Luis Lima Franco. *** El aún gobernador de Veracruz
envió una iniciativa que plantea reformar la Ley de Coordinación Fiscal del Estado
y los Municipios. En el fondo, lo que se pretende es obligar a los ayuntamientos a
celebrar convenios con el gobierno estatal, para que éste participe en el cobro del
impuesto predial. *** En la segunda mitad del actual gobierno, José Luis Lima
Franco “invitó” a los alcaldes a firmar esos convenios con la promesa de que
recibirían montos adicionales a lo recaudado. Está claro que el negocio es el
“jineteo” de fondos que corresponden a los municipios. *** La iniciativa, por
supuesto, será aprobada vía “fast track” por un Congreso local que es
mayoritariamente oficialista. *** Antes quedaba el Poder Judicial de la Federación
como recurso para defenderse de esas imposiciones. Hoy ya no se sabe.
La titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) es de los
nombramientos que tiene pendientes la gobernadora electa Rocío Nahle. Ella
misma ha admitido que para designar al responsable de esa área tan delicada (a
la que ella misma atribuyó la calidad de “prioritaria”) le ha pedido consejo y
asesoría al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal,
Omar García Harfuch.
La certeza entre los más cercanos a la gobernadora es que se inclinará por
alguien que pertenezca a las fuerzas armadas, ya sea el Ejército o la Marina.
La creciente ola de violencia que vive Veracruz es atribuible, en gran medida, a la
inoperancia (algunos atribuyen esas fallas a la incapacidad de quienes han estado
al frente, pero otros advierten que se pudiera tratar de acuerdos con los grupos
criminales) de la Secretaría de Seguridad Pública.
La llegada de un mando ajeno a las estructuras enquistadas en el gobierno estatal
podría favorecer un profundo programa de saneamiento en las áreas de mando y,
con eso, una mejoría en el desempeño de la corporación.
Pero los problemas no sólo se focalizan en el ámbito operativo. Hay reportes bien
documentados de que se ha incurrido en graves irregularidades en el manejo de
los recursos destinados a la seguridad de los veracruzanos.
Este jueves Mayra Vanesa Osorio Morales, empleada de archivo en el área
administrativa de la SSP, denunció que fue despedida de su trabajo desde el
pasado 13 de septiembre, con el argumento de que había desviado 5 millones de
pesos.
Pero resulta que ese recurso no estaba bajo su resguardo, pues su área de
trabajo era el archivo. Al hacer pública su denuncia, la empleada de la SSP solicitó
al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) que audite el área de Combustibles y
Servicios Generales de la dependencia.
Con una década sirviendo en Seguridad Pública, Mayra Osorio sabe cómo se
manejan esas áreas y señala directamente al titular de la Unidad Administrativa,
Ulises Rodríguez Landa (casualmente, suplente de Eleazar Guerrero en la
Cámara de Diputados); al encargado de la oficina de Combustibles, Abraham
Sánchez Cervantes y al jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales, Israel
Josua Reyes Dorantes.
“Hay unas tarjetas con las que accedemos al sistema mediante una clave y ellos
me adjudican el desvío de 5 millones de pesos de marzo a septiembre. El día que
solicitaban mi renuncia, yo les decía que me estaban culpando sin pruebas. Les
pedí que me demostraran su acusación, pero jamás lo hicieron. Hasta el momento
no hay ninguna denuncia ante la Fiscalía en mi contra por ese desvío. Nunca me
presentaron nada; simplemente me retiraron mis credenciales de acceso a la
institución”, explicó.
¿No le parece raro que una persona sea despedida por robarse (“desviar”, dicen
ellos) 5 millones de pesos y que no exista una denuncia penal?
Resulta curioso, además, que este señalamiento coincida con un rumor que corrió
muy fuerte durante el período de campañas electorales: que la numerosa comitiva
que acompañaba a la candidata oficialista (no menos de 15 vehículos, de 8
cilindros) pagaban la gasolina con vales de la Secretaría de Seguridad Pública.
El combustible consumido por esas unidades pudiera coincidir con el monto
“extraviado”.
Hay otras inconsistencias en el manejo de los recursos de la SSP que iremos
dando en próximas entregas, como la relación de personal “comisionado” y la
adquisición de vehículos en fechas recientes.
¿Estará enterada de todo eso la gobernadora electa?
¿Asumirán, los involucrados en estos desvíos, que con los apoyos hechos a la
campaña se “compraron” la impunidad?
Epílogo.
Lo publicamos en la edición de este jueves y coincidió con lo plasmado el mismo
día por el analista Héctor de Mauleón, en el periódico El Universal. *** “Una furia
feminicida recorre de arriba a abajo el estado de Veracruz. Entre los casos más
demoledores de este año se encuentran el de Jessica, asesinada en el puerto a
cuchilladas por su expareja, un elemento activo de la Secretaría de Marina, y el de
Beatriz, conocida como Betita, quien estuvo desaparecida durante 17 días y cuyo
cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa de plástico en la colonia Lomas de Río
Medio”, escribe el periodista. *** Y aporta cifras dramáticas: “Más de 1,500
mujeres fueron asesinadas en la entidad entre 2018 y 2023, según la Red
Nacional Defensoras de la Paridad en Todo: desde hace años, Veracruz se mueve
entre el tercero y el quinto lugar nacional en materia de feminicidios. El gobierno
Cuitláhuac García cierra los ojos, presenta cifras alegres, hasta que jornadas
como las de este lunes y martes, donde estalla la realidad descarnada de las
mujeres veracruzanas, viene a tocarle la puerta”. *** Si se atreve a hablar (pues
parece haber recibido la instrucción: “calladito te ves más bonito”), con seguridad
Cuitláhuac García hará referencia al “periodismo amarillista”, a “plumas pagadas”,
pero lo único real son las mujeres muertas en todo el territorio veracruzano. *** La
impunidad agudiza la crisis de violencia.
filivargas@gmail.com
