Punto de Vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
Es un llamado a tiempo: la gobernadora Rocío Nahle está a punto de caer en el
mismo error cometido por Cuitláhuac García. La titular del Poder Ejecutivo no
puede -no debe- cumplir las funciones de “vocera” del órgano “autónomo”
conocido como la Fiscalía General del Estado (FGE). *** Este miércoles la
gobernadora salió a informar que la Fiscalía seguía ya dos líneas de investigación
para esclarecer el homicidio de los hermanos Juan Daniel y Carlos Ramsés Neri
Rodríguez, este último secretario del ayuntamiento de Paso del Macho. *** “La
Fiscalía tiene dos líneas de investigación, sí se ha avanzado desde el primer
momento en que se reportó y se atendió a la mamá, posteriormente se localizó el
vehículo y se tienen dos líneas de investigación”, dijo. *** Mal, muy mal hecho. Si
la relevancia del caso ameritaba que el tema fuera tratado en esa conferencia de
prensa, remedo de la que se realiza en Palacio Nacional, lo propio hubiera sido
que se invitara a la titular de la Fiscalía (o a un vocero de ese organismo) para que
aportara los datos que considerara “publicables”, pero no es correcto que la
gobernadora asuma ese papel, pues la Fiscalía no es una dependencia de su
gobierno y, por lo tanto, no resulta “prudente” que la gobernadora salga a hablar
de un tema que, por no estar en sus responsabilidades, no domina. *** No
olvidemos que, por informar de un caso que no conocía (la desaparición de una
joven en Cardel), Cuitláhuac García cometió el error de afirmar ante reporteros
que la joven estaba “resguardada” y pocas horas después apareció sin vida y
desmembrada. *** Bien reza el dicho: “Zapatero, a tus zapatos”.
Transparencia Internacional ubicó a México en la posición 14º de 180 naciones
evaluadas en materia de combate a la corrupción. Nuestro país obtuvo una
calificación de 26 puntos sobre 100 posibles, lo que significó la más baja desde
que la organización lleva a cabo esta medición.
Según los datos del Índice de Percepción de la Corrupción 2024, México ocupa el
último lugar (38 de 38) dentro de las naciones que conforman la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en materia de malas prácticas.
En el Grupo de los 20 (G20) solo supera a Rusia, que obtuvo 22 puntos. En
América Latina, aunque supera a Guatemala (25/100) y Paraguay (24/100), se
encuentra por debajo de Brasil (34/100) y Chile (63/100).
Al respecto, la presidente Claudia Sheinbaum decide no creer esas cifras (“yo
tengo otros datos”, ¿recuerdan?):
“Afortunadamente, la percepción de la gente es distinta. ¿Cómo puede explicarse
que la recaudación se duplicó casi del 18 al 24 sin una reforma fiscal? Se
acabaron los privilegios, se acabó la corrupción, todavía hay espacios ahí donde
todavía podemos seguir rescatando recursos. Pero hubo un avance muy
importante”.
El propio López Obrador daba su aval a las cifras que presentaba esa
organización internacional. En enero de 2019, a unos meses de haber asumido el
cargo, las ponía de ejemplo:
“Vean lo de Transparencia Internacional, cómo estábamos en corrupción cuando
empezaron a medir y cómo estamos ahora en el mundo. Es de los países, México,
desgraciadamente, con más corrupción”.
Ya para enero del 2024, cuando faltaba menos de un año para cumplir su
mandato, presumía sus avances en la materia:
“No hemos permitido que se roben el dinero del presupuesto, que es dinero del
pueblo… ¿Cuánto hemos ahorrado por no permitir la corrupción? Varios billones
de pesos, nada más. Tengamos en cuenta que ahora el gobierno está destinando
2 billones 700,000 millones de pesos para programas de bienestar. Eso, nunca en
la historia se había visto. Y todo ese dinero se ha obtenido porque ya no hay
corrupción”.
Transparencia Mexicana señaló que hay cinco elementos fundamentales que
explican el bajo desempeño del país en el índice:
Incertidumbre sobre reformas anticorrupción y al Poder Judicial; impunidad en
casos emblemáticos, como los casos de Odebrecht, Agronitrogenados, la Estafa
Maestra y Segalmex.
Bajo nivel de sanciones administrativas: De las 3,350 responsabilidades
administrativas iniciadas desde 2017, sólo el 8.4% han resultado en sanciones;
corrupción vinculada al crimen organizado, y empresas “fantasma” en contratos
gubernamentales.
El estado de Veracruz es un ejemplo de malas prácticas de gobierno que tienen
que ver con la corrupción.
La administración de Cuitláhuac García fue señalada por el desvió de más de 5 mil
millones de pesos mediante un esquema fraudulento en el que habrían participado
al menos 227 empresas “fantasma”, que lucraron en sectores estratégicos como
salud, educación y desarrollo social.
Quizá todavía sea pronto, pero hasta la fecha el gobierno de Rocío Nahle no ha
mostrado acciones que tiendan a investigar -y en su caso sancionar- los casos de
corrupción denunciados del gobierno que la antecedió.
Esperemos.
Epílogo.
Juan Vergel sabe de lo que habla. Apenas el año pasado, justo durante el proceso
electoral para definir presidente, senadores, diputados federales, gobernador y
diputados locales, él formaba parte del equipo de trabajo de la Delegación del
Bienestar, el poderoso brazo proselitista (a través de los programas sociales) de la
cuarta transformación. *** Juan Vergel hoy aspira a la candidatura de Morena a la
presidencia municipal de Xalapa y advirtió que en el proceso interno no debe
imperar “la imposición” como -asegura él- sucedió el año pasado. *** Y no sólo
eso: dijo que se debe acabar con esa práctica de obligar a los burócratas a
dedicar su tiempo libre para apoyar a los candidatos de Morena. *** Sí, él sabe de
lo que habla. *** Y para los que insisten en que “lo del nepotismo todavía no es
ley”, sirve que pongan atención a las palabras de la presidente Claudia
Sheinbaum: “Esto no fue un invento mío, sino que lo fui recogiendo durante toda la
campaña, además del tiempo que llevamos participando; entonces, la gente no
quiere que haya nepotismo, que se herede un puesto a un familiar. Entonces es, si
un familiar quiere participar en política, pues por lo menos que pase un periodo;
pero que no sea que el familiar se lo herede a la esposa. Incluso, ahí la Consejería
Jurídica puso que ‘que en los últimos tres años no haya sido pareja’, de la persona
que quiere lanzarse, para que no haya ahí ninguna simulación. Entonces, es un
deseo del pueblo de México”. *** ¿De verdad creen en Veracruz que se tengan
que esperar hasta que la propuesta sea ley? ¿Irán en contra de una convicción de
su presidente?
filivargas@gmail.com