Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
No hay nada que justifique la bestialidad con la que se comportan las
organizaciones criminales, pero ojalá lo sucedido este día en Tuxpan sea la señal
de que las fuerzas del orden los tienen copados. *** Lo más triste de los hechos
registrados este día, fue la muerte de una menor, de apenas 12 años, identificada
como Ana Gabriela, quien después del ataque fue trasladada a un hospital, pero
todo fue inputil. *** El ataque tuvo lugar la mañana de este miércoles en el
fraccionamiento Puerto Pesquero, de Tuxpan. Sujetos desconocidos dispararon
contra un hombre identificado como Luis Daniel, quien perdió la vida en el lugar de
los hechos. *** Sin embargo, los disparos alcanzaron a dos menores que se
encontraban en la zona. Ana Gabriela, estudiante de la primaria José
Vasconcelos, fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario, pero por la
gravedad de las heridas, poco después se reportó su muerte. *** Fuerzas
federales, coordinadas con la policía estatal, iniciaron una fuerte acometida contra
grupos a los que ellos llaman “generadores de violencia”. En diversos operativos
han logrado la captura de varios de sus integrantes, pero en la región prevalece
una confrontación entre bandas delictivas y la violencia no cede.
Urgida de aportar a los veracruzanos alguna buena noticia, la gobernadora Rocío
Nahle recurrió al manido tema de la deuda pública. El razonamiento es impecable:
“el tema es tan denso, que con afirmar que estoy bajando la deuda que recibí,
será suficiente para anotarme un punto favorable”.
Sin embargo, no basta con enredar a los ciudadanos con cifras que superan su
entendimiento. Es necesario sustentarlas.
Frente a versiones de que había hecho crecer el pasivo del estado, la
gobernadora salió a negar que hubiera contratado nueva deuda y presumió que
mantenía una “estrategia de saneamiento financiero”, a la vez que anunciaba el
pago de cerca de 1,900 millones de pesos (de deuda) en lo que va del año.
Y una vez más -como lo han hecho todos los gobernantes antes que ella- anunció
con argullo que había conseguido una reestructuración. Explicó que algunos
créditos que tenía el gobierno estatal con Banobras fueron “trasladados” a BBVA
con mejores condiciones: “Le pagábamos alrededor del 13% a Banobras y ahora
vamos a pagar cerca del 7%”.
Ya lo he repetido hasta el cansancio (con otros gobernadores): no existen fórmulas
mágicas para reducir la deuda, la única válida se llama “pagar”. Habrá quien
alegue que las “reestructuras” permiten reducir los pasivos, pero eso no es más
que una ilusión.
Lo que no reveló la gobernadora fue el plazo contratado con BBVA. De pronto lo
que ya no se tiene que pagar ahora se convierte en más años comprometidos.
Este mismo miércoles el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Luis
Carbonel de la Hoz, hizo un firme llamado a la Secretaría de Finanzas y
Planeación (Sefiplan) para que esclarezca los detalles y las condiciones de las
operaciones de refinanciamiento de deuda pública que fueron inscritas ante la
Federación.
El líder partidista consideró “imperativo” que la autoridad estatal rinda cuentas
claras sobre el impacto real que esas decisiones tendrán en el patrimonio de los
veracruzanos durante las próximas décadas. Esto es, como lo asenté, que nada
dijo la gobernadora sobre los nuevos plazos de amortización.
El Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señala
que el gobierno de Veracruz formalizó movimientos financieros bajo el concepto de
“refinanciamiento”, aunque sin autorización del Poder Legislativo.
Esos datos arrojan que el pasado 25 de marzo de 2026 se concretaron contratos
con BBVA por más de 4,860 millones de pesos, divididos en dos créditos de tipo
simple que comprometen las finanzas de la entidad hasta el año 2040.
Luis Carbonel de la Hoz advirtió que, aunque estas operaciones se registran bajo
el argumento de “mejorar las condiciones de las tasas de interés”, la extensión de
los plazos de pago y el uso del Fondo General de Participaciones como garantía
requieren de una explicación técnica y pública.
Pero vayamos a las cifras, a los datos duros.
En diciembre del 2024, cuando Rocío Nahle asumió la gubernatura, la deuda del
Poder Ejecutivo andaba en los 47,100 millones de pesos. Hasta antes de que se
concretaran estas operaciones reportadas ante Hacienda, esa misma deuda
oscilaba entre los 46 mil y 49 mil millones de pesos.
La principal aportación de este gobierno fue el pago (casi en su totalidad) de la
deuda con el SAT y con el ISSSTE. Para ello, la gobernadora aprovechó una
importante promoción del gobierno federal que otorgaba un considerable
descuento si se cubría buena parte de esos pasivos.
No ha habido, por lo tanto, una reducción sustancial de la deuda, aunque sí logró
abatir rezagos históricos y reducir en forma sustancial las obligaciones fiscales.
En el contexto nacional, se aprecia que Veracruz no es el estado más endeudado,
pero tampoco está en el grupo con finanzas sólidas. Se ubica en un segmento
intermedio.
Las casas calificadoras le reconocen, como fortalezas, una deuda “estructurada y
garantizada” (esto es, “apalancada” con las participaciones), con una mejora en
sus indicadores y sin presiones inmediatas de refinanciamiento.
Las debilidades, sin embargo, no son menores: en principio, un portafolio rígido
(los fideicomisos), una alta dependencia de las participaciones federales (esto es,
que genera pocos recursos propios) y pasivos no financieros, como el sistema de
pensiones de la burocracia.
No estaría de más que, en abono a esa “vocación de transparencia”, el secretario
de Finanzas, Miguel Reyes Hernández, diera los detalles de esta nueva
“reestructura” y explicara las razones por las que no se consultó al Congreso local.
Ni modo que temieran que no se las fueran a aprobar.
Epílogo.
Esta es, quizá, la mejor muestra de que las cosas están cambiando en la Fiscalía
General del Estado (FGE). La disposición de las nuevas autoridades para admitir y
atender las recomendaciones en materia de derechos humanos. *** La nueva
titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Minerva Regina
Pérez, dio a conocer que la Fiscalía rectificó su actitud respecto a la
Recomendación 030/2025 por violaciones a la dignidad y a los derechos de
víctimas y familiares de la masacre ocurrida en el bar “Caballo Blanco”, en agosto
del 2019. *** “Había sido rechazada (la recomendación) y ya fue aceptada”,
confirmó Minerva Pérez. Con ello, la FGE se la obliga a ofrecer una disculpa
pública, a iniciar procedimientos administrativos para deslindar responsabilidades
y a reconocer, de manera formal, la calidad de víctimas. *** “En un lapso de 15
días hábiles (tres semanas) nos tienen que mandar un oficio con las acciones que
van a realizar y los tiempos estimados para dar cumplimiento a cada uno de los
puntos”, señaló la titular de la CEDH. *** La Recomendación 030/2025 documenta
violaciones graves en la atención institucional del caso. Hubo trato indigno hacia
víctimas y familiares, negligencia en la preservación de evidencias, deficiencias en
los procesos de identificación y entrega de cuerpos, así como falta de
acompañamiento institucional a los deudos.
filivargas@gmail.com
