Punto de Vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
Se vienen retos importantes por el abandono que sufrió el estado de Veracruz, por
lo que una de las prioridades de la gobernadora Rocío Nahle es elevar la
recaudación de ingresos propios. *** El pasado martes apareció publicado en la
Gaceta Oficial del Estado un decreto que dispone la condonación de multas y
recargos a automovilistas del estado de Veracruz que arrastran adeudos, con el
objetivo de que se regularicen y contribuyan con sus obligaciones. *** Rocío Nahle
dijo que es necesario otorgar estímulos fiscales a los automovilistas con la
finalidad de que den cumplimiento al Programa de Verificación Vehicular
Obligatoria y los exhortó a cumplir con las disposiciones del programa, para
contribuir así a la mejora de la calidad del aire y a la creación de un ambiente más
saludable. *** El decreto dispone condonar el cien por ciento los adeudos a
quienes no realizaron el pago de Verificación Vehicular del primer periodo de 2024
y de años anteriores que correspondan. *** Esta medida entró en vigor este
miércoles primero de enero de 2025 y estará vigente hasta el 30 de junio del
presente año. *** La gobernadora también ordenó que se conceda un estímulo
fiscal del cien por ciento por concepto de recargos y actualizaciones a quienes no
pagaron el segundo periodo de 2024, siempre y cuando lo realicen durante la
vigencia del decreto, que obliga a regularizar las unidades antes del 30 de junio.
*** El gobierno de Veracruz informó que, debido a la alta demanda del servicio de
verificación vehicular durante el cierre del segundo semestre de 2024, se amplió el
periodo de regularización para los propietarios de vehículos emplacados. *** “Esta
prórroga estará vigente del 1 al 15 de enero de 2025, brindando a la ciudadanía la
oportunidad de cumplir con los requisitos establecidos de manera oportuna y
eficiente”, destaca el comunicado.
La madrugada de este miércoles, al menos dos sujetos rociaron algún tipo de
combustible y le prendieron fuego a un centro de acopio de material de reciclaje,
en Xalapa.
Los Bomberos de la capital veracruzana recibieron el reporte del incendio poco
después de las 5 de la mañana. Las cámaras de la empresa recicladora captaron
el momento del atentado.
Este tipo de ataques suele estar vinculado con un delito que ha ido creciendo en el
estado de Veracruz: la extorsión.
Algunos lo conocen como “derecho de piso”, o “pago de cuota”, pero significa lo
mismo: un grupo de la delincuencia organizada acude a los negocios para exigir el
pago de una suma importante de dinero que deberá ser periódica. Algunos cobran
por semana, otros por mes.
Los empresarios que se niegan a ceder a la extorsión sufren las consecuencias,
como se pudo ver la madrugada de este miércoles.
El delito de extorsión creció casi el 11 por ciento (tan sólo considerando el número
de denuncias presentadas ante la Fiscalía de Veracruz) entre 2019 y 2023, esto
es: casi todo el gobierno de Cuitláhuac García.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), en 2019 se abrieron 794 carpetas de investigación por
extorsión en esa entidad. Esta cifra se elevó a 881 en 2023.
Las cifras del Secretariado indican que, en promedio a nivel nacional, este delito
creció 7.4 por ciento, por lo que Veracruz es una de las entidades en las que se
superó esa cifra.
Todo ello, sin considerar la “cifra negra”, o sea: los casos que no son reportados a
las autoridades.
Apenas en noviembre del 2024, a unos días de dejar su cargo como secretario de
Seguridad Pública, el capitán Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla insistía en negar que se
hubieran registrado ataques con bombas molotov en las instalaciones de grúas y
contra un autobús de pasajeros en Acayucan y Soconusco.
“No hay bombas Molotov -decía- no sé de dónde sacan esa información. Nosotros
acabamos de tener una reunión en la Mesa de Seguridad y no tenemos reporte
alguno de esos hechos. La verdad, los medios luego tergiversan la información”.
Según su propia versión, el incendio de un autobús se debió a “fallas mecánicas”
pero no pudo explicar lo ocurrido el lunes 11 de noviembre, cuando un grupo de
sujetos lanzó bombas Molotov e incendió al menos seis vehículos que se
encontraban resguardados en un terreno de la empresa “Grúas MG”, ubicado a un
costado de la carretera Costera del Golfo en Acayucan.
Un ataque similar se registró en el fraccionamiento Santa Cruz, del municipio de
Soconusco, cuando un autobús de la línea Transporte del Istmo fue incendiado
tras recibir un supuesto ataque con bombas molotov.
Existen testimonios que contradicen la versión de quien era en ese entonces
funcionario estatal. Testigos aseguraron que los agresores rompieron las ventanas
del autobús con un pico y lanzaron los artefactos incendiarios, lo que causó que el
vehículo quedara calcinado casi en su totalidad.
Esa es parte de la herencia sangrienta que le deja Cuitláhuac García a Rocío
Nahle. Hay quien acusa al exgobernador de incompetente. Otros, sin embargo,
advierten que en todos estos delitos lo que se pudo observar es que había
contubernio entre las fuerzas del orden y los grupos criminales.
La tarea será titánica, pero le urge a la gobernadora sanear las instituciones
encargadas de la seguridad de los veracruzanos.
Epílogo.
El golpe ya está dado: el último día de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum
envió para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los decretos
mediante los cuales se reforma el artículo 19 de la Constitución, en materia de
prisión preventiva oficiosa, y el artículo 21, referente a la facultad de investigación
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). *** Al modificar el
párrafo segundo del artículo 19, se establece que el juez podrá ordenar la prisión
preventiva de manera oficiosa “en los casos de abuso o violencia sexual contra
menores, delincuencia organizada, extorsión, delitos previstos en las leyes
aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación,
enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación,
almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas
esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados”. *** También aplica para casos
de homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de
casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales y corrupción,
tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
*** Otros delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa son el robo al
transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición
forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos
con medios violentos como armas y explosivos, y delitos en materia de armas de
fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. ***
El catálogo lo completan “los delitos graves que determine la ley en contra de la
seguridad de la nación, de la salud, del libre desarrollo de la personalidad,
contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales,
en los términos fijados por la ley”. *** Para evitar que los jueces traten de evadir
este mandato constitucional, se agregó el siguiente párrafo: “para la interpretación
y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado
deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación
análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer
nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”. *** Adiós
a la garantía universal de presunción de inocencia. *** Dolorosas pérdidas en el
cierre del 2024 e inicio del 2025. En especial, la partida de Fernando Charleston
Salinas, quien fue diputado federal, Secretario del Ayuntamiento de
Coatzacoalcos, Coordinador regional del DIF Estatal, Subdirector jurídico del
ISSSTE, Director de Trabajo y Previsión Social, Subsecretario y posteriormente
Secretario de Trabajo y Previsión Social en la administración de Miguel Alemán
Velazco, magistrado del Poder Judicial de Veracruz y Presidente del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje. *** Otra triste pérdida, la del contador Mario Tejeda Tejeda,
con una larga trayectoria en el estado. Fue presidente del Instituto de Contadores
Públicos al Servicio del Estado (Incopse), dirigente de la asociación política Vía
Veracruzana, director de Industria y Comercio y ocupó importantes comisiones en
el PRI. Descansen en paz.
filivargas@gmail.com