Por Miguel Ángel Cristiani G
¿De verdad alguien cree que casi dos mil millones de pesos pueden evaporarse sin
responsables y sin consecuencias, solo porque el poder así lo desea? En Veracruz, esa
parece ser la apuesta: que el escándalo se desgaste, que la cifra se diluya y que la memoria
colectiva haga lo que la justicia no ha querido hacer.
El señalamiento es grave y no admite matices. La Auditoría Superior de la Federación
detectó un presunto daño a la Hacienda Pública Federal por mil 896 millones 723 mil
pesos correspondientes a la Cuenta Pública 2024 del gobierno de Cuitláhuac García
Jiménez. No es una cifra menor ni un error administrativo. Es, en términos llanos, un
boquete financiero de proporciones obscenas en un estado marcado por la pobreza, la
violencia y la precariedad de los servicios públicos.
Por eso resulta pertinente —y necesario— el reclamo público del dirigente estatal de
Movimiento Ciudadano en Veracruz, Luis Carbonell de la Hoz, quien exigió que las
autoridades federales y estatales no se conviertan en cómplices por omisión. Su advertencia
no es estridente: es lógica. Cuando la ley no alcanza a los poderosos, deja de ser ley y se
convierte en simulación.
Los datos no provienen de rumores ni de adversarios políticos: emanan de la Auditoría
Superior de la Federación, el máximo órgano fiscalizador del país. Y los hallazgos son
tan detallados como indignantes. Solo en la Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando
del capitán Cuauhtémoc Zúñiga, se detectó un gasto superior a 414.8 millones de pesos en
alimentos “gourmet” —arrachera, salmón y otros lujos— supuestamente destinados a
centros penitenciarios. En un estado donde los penales padecen hacinamiento, violencia y
carencias elementales, el dato no es solo irregular: es insultante.
Pero si la seguridad indigna, la salud avergüenza. El mayor quebranto financiero se
concentra en los Servicios de Salud de Veracruz, con mil 78 millones de pesos aún por
aclarar. Recursos federales destinados a salvar vidas, no a perderse en laberintos
administrativos ni en cuentas bancarias paralelas. La auditoría habla de mezclas indebidas
de financiamiento, contratos sin soporte documental, posibles empresas fantasma y pagos
por bienes y servicios que nadie puede acreditar que existieron.
Aquí conviene separar hechos de juicios. El hecho es que existen observaciones formales,
documentadas y cuantificadas. El juicio —legítimo— es preguntarse por qué, frente a estos
señalamientos, no se observa una respuesta institucional contundente. ¿Dónde están las
investigaciones penales? ¿Dónde las inhabilitaciones? ¿Dónde la rendición de cuentas? El
silencio oficial no es prudencia jurídica: es una señal política.
La historia reciente de Veracruz explica el escepticismo ciudadano. Demasiados escándalos
han terminado en el archivo muerto; demasiados exfuncionarios han cambiado el banquillo
por el fuero del olvido. Cada vez que se protege a un exgobernador bajo el argumento de la
“estabilidad”, se envía un mensaje devastador: robar desde el poder sale barato si se
pertenece al grupo correcto.
La exigencia no es venganza ni linchamiento mediático. Es cumplimiento de la ley. Que se
investigue, que se aclare y, si hay responsabilidades, que se sancione. Así de simple y así de
complejo. La democracia no se mide solo en elecciones, sino en la capacidad del Estado
para aplicar la justicia sin mirar colores partidistas.
Veracruz no necesita más discursos ni cortinas de humo. Necesita instituciones que
funcionen y autoridades que entiendan que el dinero público no es botín de salida ni
herencia política. Como bien advirtió Movimiento Ciudadano, la salud y el patrimonio de
los veracruzanos no pueden ser moneda de cambio para proteger a nadie.
Porque cuando casi dos mil millones de pesos desaparecen y el poder guarda silencio, no
estamos ante un error contable: estamos frente a una traición pública que exige justicia, no
complicidad.
La verdadera auditoría pendiente no es financiera, es moral: o se castiga la corrupción o
se normaliza el saqueo.
