· La Ley de Responsabilidades de los funcionarios públicos
· La corrupción y la impunidad han sido problemas arraigados en la política estatal
· No pueden los funcionarios públicos ejercer cargos simultáneamente en empresas privadas
Por Miguel Ángel Cristiani G.
Afirma Pancho López el filósofo ateniense xalapeño que no se puede ser juez y parte demandante, así como no se puede ser borracho y cantinero o querer andar en la procesión y estar al mismo tiempo en la misa.
Todo lo anterior porque algunos funcionarios de la llamada Cuatro T, al parecer no entienden la incompatibilidad de ser funcionarios públicos y empresarios de negocios particulares.
Por eso es que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos fue diseñada para establecer un marco claro sobre las conductas esperadas de quienes ocupan cargos públicos. Sin embargo, en Veracruz, la aplicación de esta ley ha sido más una recomendación que una obligación. La corrupción y la impunidad han sido problemas arraigados en la política estatal, y muchos ciudadanos se sienten frustrados.
Los funcionarios, al asumir sus roles, se comprometen a cumplir con ciertas normas. No obstante, la realidad muestra que muchos de ellos actúan como si estas normas no existieran. ¿Por qué sucede esto? La respuesta es multifacética. Desde la falta de capacitación hasta la cultura de la impunidad, hay muchas razones que perpetúan esta situación.
Es bien sabido que los funcionarios públicos no pueden desempeñar, por sí mismos o mediante sustitución, un segundo cargo dentro de la Administración Pública, ni percibir por tanto una remuneración adicional de parte de las Administraciones Públicas.
Tampoco podrán los funcionarios públicos ejercer cargos simultáneamente en empresas privadas si estas interfieren con la dedicación que requiere su desempeño como funcionario público o pueda representar conflicto de intereses con las funciones que ejerce en el ámbito público. Entre otras cosas, porque esto impediría el estricto cumplimiento de sus obligaciones como funcionario o comprometería la imparcialidad que como tal debe tener.
La ley establece sanciones claras para aquellos que incurren en faltas. Sin embargo, la implementación de estas sanciones a menudo queda en el aire. Los casos de corrupción se acumulan, pero las consecuencias para los infractores son escasas. Esto crea un ciclo vicioso: los funcionarios se sienten intocables y continúan actuando sin temor a ser castigados.
Así, por ejemplo, un Coordinador de Comunicación de un Poder de gobierno, no puede ser dueño de un medio de comunicación al mismo tiempo, al que le asigne partidas preferenciales de publicidad, en la propia oficina y en los ayuntamientos más importantes en toda la entidad.
En caso de que la falta se catalogue como grave o muy grave, queda implícita la revocación del cargo.
Los veracruzanos exigen cambios. La demanda por mayor transparencia y rendición de cuentas es constante. En las redes sociales, los ciudadanos se organizan y comparten información, convirtiéndose en una voz poderosa. Las protestas no solo son una forma de desahogar frustraciones, sino una exigencia de un gobierno más ético.
Algunos expertos sugieren que es necesario reformar la Ley de Responsabilidades para hacerla más efectiva. Esto incluye establecer mecanismos más claros de supervisión y control. También se plantea la necesidad de crear instancias independientes que evalúen el desempeño de los funcionarios, ya que las existentes no han cumplido con su responsabilidad.
La incompatibilidad de los funcionarios y la Ley de Responsabilidades en Veracruz es un reto que no se puede ignorar. La corrupción y la impunidad son enemigos de la democracia. Sin embargo, la esperanza no está perdida. Los ciudadanos están despertando y demandando un cambio. Con voluntad política y un compromiso real, Veracruz puede avanzar hacia un futuro donde la ley sea un verdadero pilar de la gobernanza y no permita tanta tranza.
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