Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
La secretaria de Educación, Raquel Bonilla, lo admite: las escuelas de la entidad
enfrentan múltiples problemas, que van desde la falta de agua hasta carencias en
infraestructura. El rezago en el sector educativo -afirma- es un problema
“histórico”. *** Resulta absurdo, por tanto, que desde la administración estatal se
impulse una campaña para que los padres de familia se nieguen a aportar cuotas
voluntarias que han servido, durante muchos años, para dotar a los planteles de lo
mínimo indispensable para su operación: productos de aseo, materiales de
higiene, papelería básica para la operación de las oficinas administrativas, entre
otros. *** Raquel Bonilla reconoce que los problemas en los planteles escolares
derivan de la falta de mantenimiento, además de las condiciones geográficas y
estructurales en las que fueron edificadas. Son más de 3 mil escuelas en la
entidad que funcionan sin servicio de agua potable, reveló la titular de la SEV. ***
Tampoco da muchas esperanzas de que estos problemas se vayan a resolver en
el corto plazo. Dijo que la dependencia a su cargo “se encuentra elaborando un
diagnóstico integral para visualizar a detalle cada problemática escolar, evaluar las
dinámicas de cobertura docente y establecer soluciones efectivas que garanticen
condiciones dignas para la comunidad estudiantil”. Eso, por supuesto, va a
requerir mucho tiempo y ya después hablaremos de lo que se tardarán en aplicar
las “soluciones efectivas”.
“Yo pedí de la manera más respetuosa que no hubiera especulaciones, que
esperáramos a que se emitiera el resultado”, dijo la gobernadora Rocío Nahle.
Enseguida se tomó la libertad de aportar información que es clave para entender
las circunstancias en las que falleció el diputado federal Zenyazen Escobar.
“Fue muy sonado por cómo se dio; se encuentra a orillas de la carretera, dentro de
su carro, el carro cerrado por dentro, con seguros, hay una bala, una sola bala”.
¿Nadie de su equipo de asesores, ni siquiera la propia “fiscal autónoma” le explicó
que no podía revelar esos datos?
Era tal su deseo de demostrar que “ella sabía más” sobre ese tema, que no le
importó incurrir en un delito que está plasmado en el Código Penal para el Estado
de Veracruz. Se le conoce como “revelación de información reservada”.
El artículo 348 del Código Penal del Estado establece que se le impondrán de seis
meses a tres años de prisión, multa hasta de cincuenta días de salario, destitución
e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo
igual al de la prisión impuesta (segundo párrafo) “al servidor público que
indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de
ellas o de los documentos que obren en la investigación ministerial”.
Al revelar esos datos, Rocío Nahle quebrantó la reserva de las actuaciones.
La asesoría jurídica -eso está claro- es uno de los puntos más vulnerables de la
gobernadora de Veracruz.
En entrevista radiofónica se aventó otra “perla” en materia legal.
“En este caso, la investigación la tiene la Fiscalía General de la República (FGR),
porque así lo mandata la ley. La ley dice que cuando un diputado federal tiene un
suceso parecido, será la Fiscalía General de la República la que atraiga el hecho
para la investigación correspondiente”.
Nadie le explicó que no existe una disposición constitucional que establezca:
“los homicidios cometidos contra diputados federales serán competencia de la
Fiscalía General de la República”. Tampoco la Ley de la FGR contiene una regla
de esa naturaleza.
La Constitución (artículo 73, fracción XXI) establece que las autoridades federales
pueden conocer también de delitos del fuero común “cuando éstos tengan
conexidad (término jurídico que describe el vínculo o relación estrecha entre dos o
más procesos legales, delitos o causas) con delitos federales”.
Además, el régimen constitucional de la FGR contempla la posibilidad de que ésta
investigue y persiga delitos del orden común “cuando se actualicen los supuestos
de atracción previstos constitucional y legalmente”.
La calidad de diputado federal de la víctima no transforma por sí misma el
homicidio (suponiendo que ya se haya asumido que fue homicidio) en delito
federal. La propia Suprema Corte (SCJN) ha sostenido que la naturaleza del delito
no cambia sólo porque posteriormente opere la competencia federal. Un delito
local atraído por la FGR sigue siendo materialmente un delito del fuero común,
aunque su investigación y juzgamiento pasen al ámbito federal.
Un diputado federal es integrante de uno de los órganos constitucionales de la
Federación: el Congreso de la Unión. Un atentado contra él podría tener una
dimensión federal particularmente relevante, dependiendo de las circunstancias.
Pero esa circunstancia debe conectarse jurídicamente con alguno de los criterios
de atracción.
Por ejemplo, habría argumentos considerablemente más fuertes si el homicidio
estuviera relacionado con delincuencia organizada (fue el caso de la periodista
Roxana Guzmán); que involucrara otros delitos federales, que tuviera efectos o
ramificaciones en más de una entidad federativa; que estuviera vinculado con
amenazas o ataques contra el funcionamiento de instituciones federales; que
revelara una estructura criminal cuya investigación excediera las capacidades o
jurisdicción estatal; que tuviera elementos que hicieran necesario evitar la
fragmentación de la investigación, o que existieran circunstancias que justificaran
jurídicamente que el asunto reviste una trascendencia que amerite la intervención
federal.
¿Lo atrajo la FGR?
¡Excelente!
Aunque no sea por los motivos que aportó Rocío Nahle.
Epílogo.
No tardó en llegar la reacción. En este mismo espacio se dio a conocer la
investigación que se inició en el tribunal de Disciplina Judicial contra el juez de
control Andrés García Velasco, por su evidente injerencia en asuntos de despojo
en agravio de personas de avanzada edad en Poza Rica. *** El mismo domingo
por la noche llegó más información sobre ese tema: “¿Sí sabes que es un juez
protegido por Aurelia (Jiménez, actual fiscal de Veracruz)? Perdió la elección y aun
así lo pusieron otra vez como juez, a pesar de no haber ganado un lugar en la
elección judicial, sólo por ser cercano a la que en ese entonces presidía el Poder
Judicial”. *** Hay más datos, más señalamientos que pronto daremos a conocer.
filivargas@gmail.com
