Punto de VistaL
Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
Fue de las primeras confirmaciones en el gobierno de Rocío Nahle: Rodrigo
Calderón Salas, alcalde con licencia de Martínez de la Torre, quien fungió -al
menos nominalmente- como su coordinador de campaña, será el titular de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), un sector que
sufrió criminal abandono durante la actual administración. *** Llama la atención
que el gobernador Cuitláhuac García le ha ido “acercando” algunos de sus
colaboradores a la gobernadora electa (Sergio Rodríguez, Daniela Griego,
Verónica Hernández y Aurelia Jiménez, entre otros) ningún intento ha hecho por
respaldar a quienes tuvieron la responsabilidad de impulsar la actividad en el
campo veracruzano. *** Lo cierto es que en ese ámbito los servidores públicos
entregarán muy malas cuentas a la gobernadora electa: un campo sin proyección
ni producción como antaño, cuando se consideraba a Veracruz “el granero de la
nación”. *** Hoy todo se reduce a eventos simples y cultivos de traspatio que en
nada benefician a los verdaderos productores de alimentos de la entidad. De no
ser por los cultivos tecnificados que funcionan gracias a sus propietarios, Veracruz
no figuraría. *** Tan mal están las cosas, que en la Dirección de Ganadería los
puntos de inspección zoosanitaria que fueron observados por el departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA) funcionan sin luz ni agua. Los inspectores
se quejan de las malas condiciones en las que laboran, sin los servicios básicos, a
oscuras, sin agua y en muchos casos sin sanitarios para el personal que trabaja
en esos lugares. *** Y eso no debería estar sucediendo, porque hubo recursos
específicos para mejorar las condiciones de los centros de inspección. En algún
momento -no falta mucho- funcionarios como Evaristo Ovando Ramírez y
Humberto Amador Zaragoza tendrán que rendirle cuentas a Rocío Nahle y explicar
dónde quedaron esos fondos que hoy no alcanzan ni para el pago de servicios.
* * *
Veracruz fue sede del quinto encuentro para dialogar sobre una eventual reforma
al Poder Judicial de la Federación y, salvo las aportaciones que hicieron
especialistas del centro del país, la participación de Veracruz estuvo limitada a una
burda repetición de los argumentos que cada mañana presenta el presidente
López Obrador.
Nada quedó de aquella reconocida influencia de Veracruz en el marco judicial
nacional.
A partir de la premisa de que “el Pueblo” (esa estructura amorfa utilizada por los
políticos populistas como pretexto para cometer todo tipo de excesos) es sabio y
que “el Pueblo” debe elegir a quienes habrán de administrar justicia en el país, se
han planteado las más aberrantes propuestas que, por tener un dominio pleno en
el Poder Legislativo, pueden pasar de ser pesadillas, a convertirse en crudas
realidades.
Hay, sin embargo, datos crudos, reales, que no pueden ser soslayados si se
pretende, por lo menos en el discurso, mejorar el sistema de justicia del país.
No debemos perder de vista de que, antes de impartir justicia, hay que procurarla,
y esa es tarea de las fiscalías.
En México menos del 10 por ciento de los delitos se denuncian y, de estos, menos
del 4 por ciento terminan en sentencia. A pesar de ello, las cárceles están
saturadas y 4 de cada 10 personas privadas de su libertad son, en estricto apego
a la ley, inocentes, pues no han recibido sentencia.
Uno de los mayores problemas en esa materia es la falta de voluntad de los
gobernantes en mejorar las condiciones para impartir justicia. A nivel federal, la
Fiscalía General de la República (FGR) carece de autonomía, pues ha sufrido
fuertes recortes en su presupuesto, lo que hace que esa institución, en el papel
“autónoma” dependa de las “buenas relaciones” que mantenga con el Poder
Ejecutivo.
En los estados sucede lo mismo. El gobierno de Cuitláhuac García impuso una
reforma a la Constitución para limitar los recursos de los órganos autónomos
(Fiscalía y Poder Judicial) y sus titulares no se atrevieron a controvertir esas
medidas. Con el correr de los meses, se percataron de que “no les alcanzaban”
los recursos que les fueron aprobados y fueron a pedir -“implorar”- una ampliación
presupuestal.
¿Consecuencia? La procuración y la administración de justicia en Veracruz están
sometidas al capricho del gobernador en turno.
significativos, como lo documenta el Observatorio Nacional Ciudadano. También
se ha criticado el desempeño de la FGR y algunos han llegado a señalar que el
fiscal general ha utilizado la FGR como oficina personal para ejercer justicia en
asuntos personales.
Por cierto: esos que se doblegaron a la voluntad del exsecretario de Gobierno,
Éric Cisneros, están en una lista que descansa en el escritorio de la próxima
gobernadora. Si se imaginan el peor de los escenarios, quizá adivinen.
* * *
Epílogo.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había detenido las carpetas
que involucraban a organismos del gobierno de Veracruz. No querían -explicó uno
de sus visitadores- seguir acumulando negativas por parte del gobernador. ***
Pero debe ser que ya no lo ven con la fuerza política que mostraba a la mitad de
su administración, lo cierto es que ya están saliendo nuevas observaciones contra
servidores públicos del gobierno estatal. *** Es el caso del Colegio de Bachilleres
del Estado de Veracruz (Cobaev), cuyo titular, Andrés Aguirre Juárez, deberá
rendir cuentas por permitir abusos laborales en esa institución. *** Dos mujeres y
un hombre que laboran en Cobaev llevaron sus quejas hasta la CNDH, pues dicen
haber sido víctimas de acoso laboral y violaciones a sus derechos humanos por
parte de la titular de la Dirección de Recursos Financieros del Cobaev durante la
actual administración. *** Alguien tendrá que meter al orden a esos servidores
públicos.
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