Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Lo dicho: la Fiscalía de Veracruz está haciendo tiempo para elaborar una nueva
carpeta de investigación, inventar nuevas imputaciones e impedir que el exfiscal
Jorge Winckler Ortiz abandone la prisión. *** Este lunes los abogados de Jorge
Winckler amagaron con proceder penalmente contra jueces y funcionarios del
Poder Judicial del Estado que obstaculizan la celebración de una audiencia
ordenada por un Juez de Distrito, en la que se podría decretar su liberación. ***
Como se informó en este mismo espacio, Jorge Winckler obtuvo un amparo que
ordena el sobreseimiento del proceso penal en su contra por el delito de tortura,
en virtud de que “son hechos ya juzgados”. *** La defensa de Jorge Winckler
denuncia que funcionarios del Tribunal Superior de Justicia (señalan directamente
a la expresidente Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, a quien fuera su secretario
particular y actualmente director jurídico, David Cardeña Ortega, así como los
jueces de control Antonio Zarur Ahumada y Álvaro Vázquez Campa) estarían
incurriendo en la comisión de diversos delitos al impedir la celebración de la
audiencia en la que se tendría que ordenar la salida de Winckler de prisión. *** La
táctica fue utilizada con mucha frecuencia durante la presidencia de Lisbeth
Aurelia Jiménez como magistrada presidente, justo durante la administración de
Cuitláhuac García. *** Estos servidores públicos tienen a su servicio a varios “PPL”
(personas privadas de la libertad) a las que, a cambio de mejores tratos y hasta
estímulos en efectivo, se les “convence” de señalar a determinados personajes
como miembros de la banda delictiva en la que ellos ya han admitido que
participaron. *** Las denuncias, por su origen y por la urgencia con que son
elaboradas, resultan bastante endebles, pero aporta los elementos necesarios
para que jueces y magistrados de consigna prolonguen la estadía en prisión de
una persona inocente. *** En este caso, sin embargo, la defensa de Jorge
Winckler está exigiendo la celebración de la audiencia, conforme lo dispone la
sentencia de amparo, pero el juez Álvaro Vázquez Campa -afirman- se niega a
realizarla, pues dice que está siendo “presionado”. *** Tampoco su homólogo
Antonio Zarur Ahumada acepta realizarla, pues ha recibido órdenes directas de
Aurelia Jiménez y de David Cardeña. *** El Código Penal para el Estado de
Veracruz, en su artículo 348 Quinquies, establece que comete el delito contra la
administración de justicia el servidor público que, a sabiendas (III) “retarde o
entorpezca maliciosamente o por negligencia la administración de justicia”. *** A
quien comete ese delito le corresponden pena de prisión de tres a ocho años,
multa de 50 a 200 UMAS y destitución e inhabilitación hasta por el mismo tiempo
para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.
¿Debería la gobernadora Rocío Nahle iniciar un procedimiento jurídico en contra
de su antecesor Cuitláhuac García?
Quizá. En más de una ocasión la gobernadora ha explicado que su decisión de no
renovar la póliza de seguro contra desastres naturales (que fue contratado durante
el gobierno de Cuitláhuac García) resultó “ineficiente y con baja retribución para el
Estado” además de su alto costo, pues significaba hacer pagos anuales de 150
millones de pesos.
“En todo su sexenio (el de Cuitláhuac García) se pagaron 750 millones de pesos
de seguro. Cuando pasó el huracán Grace, sólo se le regresaron 25 millones (e
pesos) meses después, y eso porque las aseguradoras querían que, si se voló
una lámina, comprobáramos la factura de la lámina”, explicó la gobernadora.
¿Hizo Cuitláhuac García, entonces, un mal negocio que le representó a las arcas
estatales un daño de por lo menos 700 millones de pesos?
Está claro que la instrucción (¿condición?) que recibió Rocío Nahle para ser
candidata al gobierno de Veracruz, fue que no atacara a su antecesor, quien
gozaba de la protección de López Obrador y hoy sigue protegido, ahora por
Claudia Sheinbaum, pero en su reciente trayectoria política, Cuitláhuac García fue
acumulando “cadáveres en el clóset” que ya huelen mal y están a punto de dejarlo
en evidencia.
Lo publicado esta semana por el portal de noticias “24 Horas” no tiene desperdicio.
Informes de inteligencia militar -señala el reportaje- afirman que en 2021 una
empresa de capacitación de tiro estableció en Veracruz un campo de
entrenamiento y un esquema de venta de armamento para sicarios. En esa
operación, el Ejército vinculó al entonces gobernador Cuitláhuac García.
Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), emitidos en
septiembre de 2021, dan cuenta de la vigilancia que se aplicó al dueño de una
empresa (Get Off The X, aún vigente) quien, de acuerdo con intervenciones
telefónicas, estableció vínculos con el entonces gobernador de Veracruz.
La información sobre este caso está incluida en un documento de más de 200
cuartillas sobre los resultados del Centro de Fusión de Inteligencia (Cerfi) sureste,
obtenido como parte del hackeo de millones de documentos confidenciales, en el
caso conocido como “Guacamaya Leaks”.
El informe señala que bajo la fachada de una escuela de tiro deportivo y defensa
personal, el campo de entrenamiento operó en el municipio de Las Choapas y en
él también se ofrecía venta de armas y entrenamiento para integrantes del crimen
organizado. Los instructores eran mercenarios rusos y exintegrantes de fuerzas
especiales y civiles con adiestramiento militar en Israel y otros países.
El centro de inteligencia del Ejército hizo seguimiento de campo e intervención de
comunicaciones. Interceptó el teléfono de Luis Aarón Morales Gómez, dueño de la
empresa, capitán de marina mercante, con especialidad en seguridad en altamar.
Gracias a esas grabaciones se logró confirmar que Morales Gómez era el líder de
una célula dedicada al comercio de armamento y a la capacitación de integrantes
de la delincuencia organizada.
En esas llamadas interceptadas aparece una conversación entre Morales Gómez
y uno de sus allegados, con la clave de “Junior”. En la plática se afirma que hay
comunicación directa con Cuitláhuac García y que le había pagado 1.5 millones de
pesos para que le permitiera montar el campo de adiestramiento.
El informe del Centro de Fusión de Inteligencia relata que una intervención de
comunicaciones del 2 de septiembre de 2021: “Capitán (Morales) comentó a
Junior que recibió cursos en Israel, asimismo puntualizó, que le entregó un millón
quinientos mil pesos al gobernador de Veracruz (Lic. Cuitláhuac García)”.
En otra de las escuchas, Luis Aaron Morales indica que “conoce a varios
integrantes de la delincuencia organizada y que les ha impartido adiestramiento;
argumentó que tiene una deuda de ocho millones de pesos con integrantes de Los
Zetas, la cual se encuentra pagando”.
Inconsistencias millonarias encontradas en la revisión de sus cuentas públicas;
obras asignadas sin licitación y pagadas sin que hubieran quedado concluidas;
desvío de recursos en la Secretaría de Salud y la contratación de un seguro contra
desastres “inútil” (según la apreciación de Rocío Nahle) se suman a su probable
vinculación (protección y patrocinio) con empresas ligadas al crimen organizado.
Las Choapas, por cierto, es la tierra de uno de sus más cercanos colaboradores:
el aún dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta.
Epílogo.
El 20 de octubre del 2024 se celebró la asamblea estatal de Movimiento
Ciudadano (MC) en la que se acordó el relevo en su dirigencia. Sergio Gil Rullán
dejó la coordinación estatal de ese partido y pasó a ocupar esa posición Luis
Carbonell de la Hoz. *** El movimiento fue natural. Luis Carbonell había fungido
como delegado del comité nacional en Veracruz y para atender ese encargo había
recorrido el extenso territorio veracruzano. Conocía muy bien a los liderazgos que
el partido naranja estaba impulsando y tenía claridad sobre el reto que tendría que
afrontar: las elecciones municipales del 2025. *** Los resultados están a la vista.
Hoy Movimiento Ciudadano es la segunda fuerza política de Veracruz, su
crecimiento ha sido sólido y sostenido, por lo que es visto -tanto por la sociedad
como por los actores políticos- como la opción más fuerte en el 2027 y en el 2030.
*** Buena parte de esos números es responsabilidad -o mérito- de Luis Carbonell
de la Hoz, quien está celebrando su primer año al frente de la coordinación estatal,
con intensas jornadas de apoyo a las zonas afectadas por las inundaciones en el
norte de la entidad. *** El trabajo se ve allá, en la trinchera, con el lodo hasta la
cintura y con la convicción de que es ahí donde la gente lo quiere ver. Bien.
filivargas@gmail.com
