A propósito del degeneración de la política.
Apuntes desde el suelo
Dr. Lenin Torres Antonio.
Una pensaría que la política debería ser el espacio para el debate de ideas, la confrontación de proyectos políticos, económicos, sociales y humanos; el ejercicio de la razón orientado a transformar, de manera justa y eficaz, la realidad de lo público. Fundamentalmente, debería consistir en la presentación de las mejores alternativas de modelos para vivir en sociedad y atender con eficiencia los asuntos de la ciudad (la polis).
Pero, desafortunadamente, no es así —o al menos, no del todo—. El acto político está atravesado por lo pulsional y lo narcisista del ser humano; se desvía hacia fines que poco o nada tienen que ver con el bien común. Así, hemos visto cómo el poder público ha sido utilizado para apuntalar intereses particulares e individuales.
Insistir en que se está haciendo lo correcto debe contrastarse con los hechos, con las acciones concretas, y con su impacto real en el bienestar de la gente. Solo entonces puede afirmarse que un gobernante ha actuado con sabiduría y ha cumplido con su deber.
Hace poco me enteré de que una persona del sur del estado de Veracruz había decidido iniciar una huelga de hambre en la Plaza Lerdo, a un costado de la Catedral de la ciudad de Xalapa. El motivo de su protesta era un asunto personal relacionado con una presunta injusticia, y solicitaba la intervención directa de la gobernadora morenista Rocío Nahle. Pasaron algunos días desde que supe del caso, y ayer leí en redes sociales que el señor Ricardo Ordoñez había fallecido como consecuencia de 40 día de estar en huelga de hambre.
Las interpretaciones en torno a este trágico acontecimiento pueden ir desde analizar si la causa de Ricardo Ordoñez era justa y razonable, hasta preguntarse quién o quiénes son responsables de lo ocurrido. Algunos, incluso, restan importancia al hecho; otros, en cambio, nos detenemos a reflexionar profundamente sobre su significado. Independientemente del lugar que cada quien ocupe en el espectro de opiniones, hay una verdad ineludible: ¡nadie debería morir de esa manera! La figura del Estado, omnipresente por naturaleza, no puede eximirse de responsabilidad ante una fatalidad como esta.
No sé quién fue Ricardo Ordoñez, ni si su causa era justa o no. Lo que sí sé es que decidió protestar mediante una huelga de hambre para ser escuchado y atendido por el gobierno de Veracruz. En particular, solicitó la intervención directa de la gobernadora Rocío Nahle. Sin embargo, murió antes de lograr ese objetivo. Falleció sin haber sido escuchado por la mandataria morenista, llevándose a la tumba su causa y la esperanza —según él— de que se le hiciera justicia.
Hace ya algún tiempo, recién llegado el llamado “cambio” a Veracruz —una alternancia pomposamente descrita como de izquierdas—, me encontraba inmerso en la lucha por salvar a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) de los intereses partidistas. Nuestro objetivo era que su modelo educativo fuera reconocido como una alternativa real para abatir el rezago en educación superior en el estado.
Junto con un grupo de académicos y estudiantes, conformamos un frente de lucha al que denominamos Asociación de Académicos y Docentes de la UPAV (AADUPAV). Gracias a ese esfuerzo, logramos frenar la desaparición de la universidad durante el gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares. Con la llegada de Cuitláhuac García al poder, pensamos que por fin tendríamos un aliado en nuestra causa. Sin embargo, no fue así.
La UPAV volvió a ser utilizada como caja chica del gobierno estatal. Se improvisaron directivos que, lejos de fortalecer el proyecto educativo, se dedicaron a saciar sus apetitos personales, llenando sus bolsillos y utilizando la institución con fines partidistas. En particular, se instrumentalizó a su personal para llenar eventos de Morena y del gobierno de Veracruz. Lamentablemente, esta situación no ha cambiado con la actual gobernadora, Rocío Nahle.
En aquella época, ante la falta de escucha y respuesta por parte del gobierno de Cuitláhuac, habíamos considerado la huelga de hambre como uno de los medios de protesta. Le conté esta idea a un buen amigo y luchador social de Coatzacoalcos, el Dr. Andrés Canul, quien me dijo textualmente: “No, Lenin, no te lo recomiendo. Estos que llegaron al poder se creen ungidos de beatitud y moral. Te va a pasar como le ocurrió a un líder de Coatzacoalcos que inició una huelga de hambre frente al palacio municipal”.
Me contó que un amigo suyo había hecho exactamente eso: comenzó una huelga de hambre en Coatzacoalcos y nunca fue atendido. Si su madre no lo hubiera rescatado a tiempo, habría muerto. Luego añadió: “Cuando menos, con los anteriores, te enviaban a la Cruz Roja para que te monitorearan. Pero estos, como criminalizan a todos, piensan que esos revoltosos no merecen ser atendidos”.
La muerte de Ricardo Ordoñez trajo a mi memoria una conversación que tuve con mi amigo Canul, en la que le compartí mi intención de iniciar una huelga de hambre como parte de la lucha por salvar a la UPAV de la injerencia de la política partidista. En aquel momento, pude convertirme en la primera estadística de muerte por esa causa. Hoy, al ver que Ordoñez falleció sin haber sido atendido por la gobernadora Nahle, no puedo evitar reflexionar profundamente sobre lo ocurrido.
En primer lugar, creo que existe un símil entre la relación de un padre con sus hijos y la relación de los habitantes con el estado en el que viven. Así como un hijo representa para el padre una gran responsabilidad —que lo obliga a cuidarlo, educarlo, protegerlo y orientarlo para que tenga una vida digna y próspera—, el Estado tiene la obligación de velar por el bienestar de todos sus habitantes, sin distinción ideológica, sexual, de origen, o incluso de salud mental. Es su deber atender a cada persona por igual.
Por eso afirmo que, más allá de juzgar si la causa de la huelga de hambre de Ricardo Ordoñez era justa o no, el Estado —es decir, la gobernadora Rocío Nahle— tenía la responsabilidad de proteger su vida, atender y canalizar su demanda, y garantizarle atención médica oportuna. No debió permitirse que el desenlace fuera su muerte.
No sé si jurídicamente sea posible atribuir algún delito u omisión de la Muerte de Ricardo Ordoñez que amerite una demanda legal, ni si existen los medios para castigar a los responsables de la muerte de Ricardo Ordoñez; eso se lo dejo a los juristas. Lo que sí sé es que los nuevos inquilinos del Palacio de Gobierno de Veracruz —y quizás no solo ellos— han interpretado de forma equivocada la responsabilidad que implica el acto de gobernar. Deben entender que nadie posee la verdad absoluta, que no todos los luchadores sociales son corruptos, que los ciudadanos tenemos causas legítimas que nos llevan, en ocasiones, a tomar medidas drásticas para ser escuchados, y que es deber del gobernante atender a todos por igual.
Creo que no se ha dimensionado adecuadamente el peso simbólico y político que representa la muerte de Ricardo Ordoñez para la política y su posible regeneración. Su fallecimiento se ha convertido en una piedra en el zapato para la gobernadora Rocío Nahle, al evidenciar, de forma lamentable, su falta de empatía y su irresponsabilidad al no escuchar a los ciudadanos. Esta actitud refleja la ausencia de una comprensión clara de lo que significa “gobernar escuchando y obedeciendo al pueblo”, como lo aconsejaba Enrique Dussel. Además, pone en evidencia la
carencia de un equipo de funcionarios profesionales, capaces de asumir con seriedad sus responsabilidades y de asesorar con sabiduría a quien encabeza el gobierno.
Hace poco escribí que “la salida de López Obrador del gobierno representa el mayor reto para la viabilidad de la Cuarta Transformación como un proyecto de transformación estructural. A pesar del esfuerzo titánico de la presidenta Sheinbaum por mantener el rumbo del movimiento, su tarea se ve obstaculizada por una estructura dirigencial y gubernativa que no está a la altura de las exigencias éticas y políticas del momento. La falta de coherencia democrática, de austeridad republicana y de una cultura política crítica dentro del propio movimiento amenaza con desdibujar los logros alcanzados”¹.
Sigo creyendo que la cohesión del movimiento de la 4T descansaba casi por completo en la figura del expresidente López Obrador. Con su salida, la lucha interna por el poder dentro de Morena se libra sin cuartel. Los excesos y la corrupción se extienden por todos los espacios donde gobierna su partido. Muchos de sus políticos, que se autodenominan obradoristas, han dejado claro para qué han utilizado el poder: los vemos llegar a sus eventos políticos bajando de sus lujosos “tsuritos” (camionetotas), mientras se llenan la boca de vocablos revolucionarios y progresistas. Hablan de los pobres, de igualdad, de justicia, y siguen utilizando el pasado como recurso retórico para legitimar su supuesta lucha por transformar México. Pero, en el fondo, lo que realmente les interesa es el poder, tal como criticaban a sus adversarios.
Un despropósito que sitúa a los veracruzanos y a los mexicanos “entre la espada y la pared”, pues tampoco hay señales de regeneración en una oposición debilitada, atrapada en los brazos de figuras mediocres como Alito, Lilly Téllez, Ricardo Anaya, los Yunes, los Renaudos, entre otros. Al mismo tiempo, un Movimiento de Regeneración Nacional que ha dejado de regenerarse y que, cada vez más, demuestra ser simplemente “más de lo mismo”.
Más de ochenta años de la llamada “dictadura perfecta” en México, con un siglo de “espejismo democrático” como telón de fondo, seguidos por dos sexenios de una falsa transición democrática y casi siete años de un retorno a la entropía y a más de lo mismo, no han logrado sacar lo mejor de la Tercera Raza Cósmica. El parto ha sido lento y traumático; su desarrollo, enfermizo y débil. Por ello, sentarnos en el diván colectivo se vuelve urgente y necesario: para descubrir nuestra grandeza, nuestra identidad mesiánica y paradigmática, nuestra mexicanidad —el mestizaje—, que debe ser nuestro verdadero punto de apoyo.
Vivimos un escenario en el que la política se encuentra profundamente desacreditada, lo que nos obliga a repensarla con urgencia. Es fundamental tener siempre presente que la política es una responsabilidad compartida por todos y todas. Reivindicarla implica reconocer que no puede haber tregua en los asuntos de la República —la cosa pública—. Debemos asumir la necesidad de ciudadanizar la reflexión política, con el propósito de recuperar su esencia: generar ideas y colocar en el centro de toda acción el bienestar y la dignidad del ser humano.
Hoy, los asuntos en crisis de lo público no pueden abordarse desde una perspectiva ideológica partidista ni desde una posición de poder. Deben entenderse como cuestiones de interés nacional que involucran a todos por igual. En este contexto, el acuerdo plural resulta más importante que una visión personal sesgada, y mucho más que una ventaja electoral. Los asuntos de la República están en riesgo de colapsar y sucumbir ante la vorágine de la nostalgia por el poder de unos cuantos, o ante las promesas futuristas que, en un tiempo indefinido, aseguran soluciones efectivas a problemas tan urgentes como la pobreza, la marginación y la violencia.
El presente de los asuntos públicos es un “hoy” intensamente actual, un “ahorita” que significa ahora. No hay espacio para la práctica del ensayo y error, ni margen para el beneplácito de la investigación científica a posteriori. La actitud irresponsable de postergar las decisiones implica
una suma de muertos, sufrimiento humano y una acumulación de decadencia. Es repetir, una vez más, la historia del fracaso de la política como único instrumento de cambio y de buena organización social, capaz de frenar la entropía que consume lo público. En resumen, estamos en la antesala de un suicidio premeditado, asistido y perverso de la viabilidad de lo público, entendida como la tolerancia de estar frente al otro sin que ello implique un encuentro mortal o de exclusión, como lamentablemente ocurre hoy.
He insistido en que esta Cuarta Transformación de México debió comenzar con una refundación del Estado mexicano y un relevo radical de la decadente clase política. Los hechos demuestran que la política, entendida como una extensión de intereses particulares, ha provocado que la funcionalidad del Estado deje de operar con normalidad. Esto ha impedido la creación y el fortalecimiento de instrumentos e instituciones públicas capaces de atender y resolver los graves problemas que, de forma paulatina, se han agravado en el país.
Nunca una muerte como la de Ricardo Ordoñez, nunca una muerte por hambre y desatención médica, nunca una muerte por luchas de intereses políticos y económicos.
