Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Cada día se le complica más al diputado Adrián Ávila Estrada justificar su
militancia en Movimiento Ciudadano (MC). Por más que lo quiere justificar, para
todos es evidente que el tinte naranja se le ha ido oscureciendo y cada vez se
parece más al tono guinda. *** Es bien conocido de los compromisos (no sólo
políticos, sino financieros) que viene arrastrando Adrián Avila con la dupla Peña-
Nahle. Su llegada a la Legislatura local la vendió como “la posibilidad de tender
puentes y construir escenarios políticos favorables para MC”. Los puentes que ha
construido van de sus empresas a la Secretaría de Finanzas y el único escenario
que ha impulsado es el de sus propios privilegios en el Congreso. *** Ya son
varias las ocasiones en las que su voto se inclina a favor de Morena, incluso en
contra de la postura del partido que le dio su curul. Se suele conducir “por la libre”,
con el argumento de que su compromiso en MC es con Dante Delgado… con
nadie más. *** Este jueves lo volvió a hacer. Apenas unas horas después de que
el dirigente estatal de MC, Luis Carbonell de la Hoz, exigiera cuentas claras y
transparencia en el manejo de la deuda pública del gobierno estatal, el diputado
salió a “suavizar” esa postura. *** El legislador dijo “querer confiar” en la decisión
tomada por el gobierno de Rocío Nahle de reestructurar la deuda pública, y de
inmediato se dio a la tarea de justificar la medida. Aclaró que “no todas las
reestructuras son dañinas”, pues explicó que “hay esquemas que cuando se
mejoran las condiciones de un crédito, sí benefician”. *** Aunque coincidió en que
debe haber más información, llamó a “confiar en la autoridad, porque a veces
existen convenios, contratos, planes, plazos, intereses y se logra una
reestructuración que beneficia”. *** Y, ya encarrerado, insistió en justificar la
actuación del gobierno estatal: “Las tasas de interés luego asfixian o ahogan las
finanzas públicas y se deja de invertir en infraestructura. Ojalá se actúe con
responsabilidad, con mucha madurez, que se reduzcan los pagos de intereses
porque todo ese dinero libre que queda se podrá utilizar en beneficio de los
veracruzanos”. *** Y de pronto, como por arte de magia… se destrabaron los
pagos para sus empresas.
El 2 de abril de cada año se conmemora en todo el mundo el Día de
Concientización sobre el Autismo. Con ese motivo, en la Ciudad de México, la
titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) la
doctora Yerania Emireé Enríquez López, encabezó una jornada de sensibilización
y llamado a la acción bajo el lema internacional: “Autismo y humanidad: toda vida
tiene valor”.
En Veracruz, la Secretaría de Salud se limitó a subir a sus redes sociales un cartel
alusivo a la fecha y mencionar que reafirma su “compromiso con la inclusión, el
respeto y la atención integral de las personas dentro del espectro autista”.
Apenas el pasado sábado, 11 de abril, se presentó otra fecha significativa: el Día
Mundial del Párkinson. Se estima que en México hay cerca de 500,000 personas
que padecen esta enfermedad y cada año se registran cerca de 50 casos nuevos
por cada 100,000 habitantes.
En Xalapa, el Club Rotario “Macuiltépetl” Asociación Civil invitó a la ciudadanía a
participar en una plática sobre el Párkinson y a la presentación del libro “Párkinson
Positivos, Juntos en el camino de vivir bien con Párkinson”, que realizó el 14 de
abril. “El objetivo -explicaron- es concientizar acerca de las personas que viven
con esta condición”.
¿Cómo visibilizó el gobierno de Veracruz esta fecha tan significativa?
En su portal de internet publicó un cartel en el que informa que “el Parkinson es un
trastorno del sistema nervioso que afecta el movimiento y aunque es crónico y
progresivo, existen medicamentos que ayudan a las personas a controlar los
síntomas”.
Sólo eso.
La Secretaría de Salud en Veracruz vive una parálisis criminal, su titular, la doctora
Mariela Hernández García, ocupa buena parte de su tiempo en sostener una
guerra intestina con el director de Atención Médica, el doctor Roberto Alonso
García Díaz, quien aspiraba a ocupar la titularidad de la Secretaría tras la renuncia
de Valentín Herrera y que presume una “gran cercanía” con la familia Peña-Nahle.
Apenas el pasado lunes la gobernadora Rocío Nahle informó en sus redes
sociales: “Me reuní con la junta de gobierno de la Secretaría de Salud de Veracruz
y con el Servicios de Salud IMSS Bienestar, para impulsar el trabajo coordinado en
este sector tan importante. La universalidad en el servicio de la salud requiere más
recursos, más especialistas y mejorar algunos servicios todavía. ¡Estamos
trabajando!”.
Alguien le tiene que explicar a la gobernadora que el sector salud requiere mucho
más que “recursos, especialistas y mejores servicios”. Requiere gente que esté
dispuesta a trabajar por los veracruzanos y no convertir a esa dependencia en un
botín que se disputan entre bandidos.
Epílogo.
La resolución de la jueza Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de
Amparo en Materia Penal en Veracruz, Flor de María Meléndez Sánchez, abre un
mundo de posibilidades para todos aquellos exfuncionarios del gobierno de Javier
Duarte que mantienen procesos abiertos por peculado y otros delitos contra la
administración pública. *** La juzgadora desechó -por considerarlos “ilegales”- los
testimonios de Antonio Tarek Abdalá Saad, contra Fernando Charleston
Hernández, exsecretario de Finanzas y ordenó dejar sin efecto el auto de formal
prisión dictado el 28 de agosto de 2025 dentro de la causa penal 2/2023. *** En
ese proceso Charleston Hernández es acusado de peculado, por el presunto
desvío de mil 078 millones de pesos que -según la FGR- fueron transferidos a
distintas cuentas bancarias y nunca llegaron a las áreas a las que estaban
destinados, como el DIF estatal y el Instituto de Espacios Educativos. *** En
opinión de la jueza, las declaraciones de Antonio Tarek Abdalá Saad -quien fue
Tesorero en el gobierno de Javier Duarte y llegó a un acuerdo con la entonces
Procuraduría General de la República (PGR) para ser declarado “testigo
colaborador”- fueron integradas de manera irregular en la averiguación previa que
dio origen al proceso penal. *** La jueza explicó que el Ministerio Público Federal
vinculó esa diligencia a una investigación específica “sin acreditar su origen real ni
justificar su incorporación”. La declaración fue tomada de una indagatoria distinta,
lo que rompió la cadena de legalidad requerida. *** Este fallo obliga al juez de
control a convocar a una nueva audiencia y valorar nuevamente las pruebas
disponibles, excluyendo las declaraciones de Antonio Tarek. *** La resolución da
una pista para que en muchos otros casos se desestimen los testimonios del
“testigo protegido”.
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