Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Este martes el dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar
Aguilar, anunció que ya impugnó la elección municipal extraordinaria de Tamiahua,
en la que su candidato, Jorge Antonio Lara Cruz, fue superado apenas por 24
votos. *** Aunque el dirigente del PT habló de “múltiples irregularidades”, en
realidad los ejemplos que mencionó difícilmente servirían para modificar el
resultado de la votación. Acaso lo más que se podría conseguir es que se volviera
a anular el proceso, lo que de ninguna manera les favorecería. *** “Van a ser los
órganos jurisdiccionales los que van a determinar. Se impugnó el día de ayer. Hay
varias acciones que combatir, entre ellas, funcionarios de casilla que eran
trabajadores del Ayuntamiento, que (la candidata ganadora) no cubre la
residencia. La ayudaron a tener esa residencia con un escrito en la Secretaría del
Ayuntamiento. Se le va a dar vista al Ministerio Público. Hay varios, muchos más
elementos”. *** Y tiene razón: la elección debería ser anulada porque se permitió
que compitiera una candidata que no cumplía con los requisitos para ello, pero las
consecuencias de sancionarla, o de castigar la injerencia de la autoridad municipal
en el proceso, sería la anulación de la elección, lo que generaría un escenario muy
especial. *** Resulta que las leyes electorales no contemplan los pasos a seguir
en caso de que una elección extraordinaria fuese anulada por los tribunales. Ya no
se habla de una nueva elección y, por lo tanto, los especialistas en la materia
sugieren que eso daría pie a que se mantuviera por el resto del período de
gobierno, el Concejo Municipal designado por el Congreso local. *** Y ahí radica el
problema: el actual Concejo Municipal fue designado “a modo” para favorecer a la
candidata original, la sancionada Citlalli Medellín Careaga. Es ella, desde su cargo
como diputada local, quien mueve los hilos en ese concejo, con lo que, incluso
perdiendo, ganaría. *** Así se las gastan en la llamada “cuatroté”.
Cuando los argumentos se agotan, lo que sigue es la descalificación.
Desde los “zopilotes” que cometieron el pecado de difundir la tragedia que se vivió
en el norte de la entidad con el desbordamiento de ríos y la inundación de
poblados enteros, hasta “los comentócratas”, que se atrevieron a exhibir la
verdadera dimensión del desastre natural provocado en el Golfo de México.
El guion es el mismo: en Veracruz las cosas malas “no pasan” y, si suceden,
entonces “no son tan malas” y, si alguien insiste, “es que quiere que le vaya mal a
Veracruz”.
Esos, sin embargo, han sido hechos aislados, fenómenos de la naturaleza
(aunque en el caso del derrame de petróleo falta saber si existió la falla humana)
que, aunque con grandes dificultades y un alto costo social, terminan por resolver.
Hay otra crisis a la que no le han encontrado solución y a la que le aplican la
misma medicina: la descalificación de quienes la hacen pública.
Se trata de la inseguridad.
El estado de Veracruz sigue figurando entre las 10 entidades con mayor incidencia
de homicidios dolosos en el país. En lo que va del presente año son ya 248 los
ataques que costaron vidas humanas.
Aunque la zona más “caliente” sigue siendo el sur (Acayucan, Sayula de Alemán,
Texistepec y Oluta) lo cierto es que también en el norte se tiene identificada una
zona de alto riesgo, que tiene como epicentro al municipio de Poza Rica.
Para nadie es un secreto que hay organizaciones criminales en pugna, pues se
disputan el control de La Huasteca, paso obligado para quienes operan en las
fronteras de Tamaulipas con Estados Unidos: Nuevo Laredo, Reynosa y
Matamoros.
En fechas recientes Poza rica se vio sacudida con el secuestro y asesinato del
doctor José Antolín Montero Alpírez, y justo durante la Semana Santa fue
ejecutado un comerciante de pollos en el centro de la ciudad, muy cerca de donde
el pasado 19 de febrero fue asesinado el jefe de inspectores de Comercio del
Ayuntamiento.
Es natural, pues, que los pobladores de Poza Rica levanten la voz, que salgan a
las calles a reclamar mayor seguridad, que el compromiso de la gobernadora
Rocío Nahle se cumpla.
Pero para los gobiernos emanados de Morena la salida más fácil es la
descalificación. Alegar que las expresiones ciudadanas de protesta son producto
de “la politización” porque en la marcha identificaron a ciudadanos que militan en
partidos de oposición, es pretender distraer la atención del tema central: los
ciudadanos de Poza Rica -todos- reclaman seguridad y ninguno de los tres niveles
de gobierno se los ha podido resolver.
Los dirigentes y militantes de partidos políticos también son ciudadanos
pozarricenses y tienen el derecho de manifestar su inconformidad por la pasividad
con la que han actuado las autoridades. Eso mismo quisieran hacer muchos de los
que portan los colores de Morena, pero les temen a las represalias.
Tan fácil -y tan honesto- que habría sido que la alcaldesa Adanely Rodríguez
saliera a reconocer que la inseguridad es un problema serio y que su
administración está haciendo un esfuerzo extraordinario para resolverlo. Ahí
mismo pudo haber dado a conocer la adquisición de más patrullas y la próxima
contratación de más elementos para la policía municipal.
Pero no, lo más fácil es decir “aquí no pasa nada” y culpar a “los carroñeros” de lo
que ellos, como autoridad, no han podido -o no han querido- resolver.
Epílogo.
Y resulta que los “modernos” autobuses de pasajeros que la gobernadora Rocío
Nahle ha metido por la fuerza en Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos, no son
“la solución” que prometían. La crisis estalló en el sur de la entidad, pero muy
pronto podría replicarse en el centro. *** Los operadores de estas unidades
(bautizadas como “Quetzalli” en Coatzacoalcos) decidieron suspender labores en
protesta por los abusos laborales de los que eran víctimas. *** Les imponen
jornadas laborales de más de 12 horas, carecen de una estación de servicio con
los elementos indispensables, como servicios sanitarios; no les dan tiempo para
comer y, para colmo, no les están pagando lo que les prometieron. *** En las
convocatorias que emitió el gobierno estatal para la contratación de operadores,
les prometían jornadas de ocho horas e ingresos mensuales de entre 20 mil y 25
mil pesos. En lugar de eso, perciben pagos diarios de entre 500 y 900 pesos,
dependiendo de las horas trabajadas. *** Quien llegó a “dialogar” con los
operadores de Coatzacoalcos fue el representante del fideicomiso creado para la
adquisición de esas unidades chinas, Enrique Santos, un sujeto con muy mala
fama en el gremio de transportistas de Veracruz. *** Los transportistas volvieron a
trabajar en sus unidades, tras la promesa de “revisar” sus condiciones de trabajo.
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