Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Lo que nadie le explicó a Javier Duarte fue que su negociación con los emisarios
de “la cuatro te” se daba en condiciones totalmente adversas para él. Negociaba
mientras él estaba en prisión y su contraparte gozaba de “la plenitud del pinche
poder” (dixit Tío Fide). *** En esas circunstancias, los mensajeros tenían carta
abierta para ofrecer todo lo que el reo pidiera, a cambio de dinero, información,
contactos y estructura electoral, por lo menos. Todo lo dio y hoy ve que la
posibilidad de abandonar la cárcel podría complicarse. *** Este miércoles se dio a
conocer que el gobierno de Guatemala autorizó a la justicia mexicana a imputar al
exgobernador de Veracruz por delitos que no estaban incluidos en el acuerdo de
extradición. *** La Fiscalía General de la República (FGR) ya judicializó una nueva
carpeta relacionada con desvíos de recursos federales durante su gestión, de
diciembre de 2010 a octubre de 2016. *** Fuentes consultadas refirieron que
“desde hace meses” el Ministerio Público Federal solicitó a Guatemala la
autorización para agregar cargos a Duarte de Ochoa, lo que significa que sucedió
después de que Rocío Nahle (su “favorita” en la elección del 2024) asumió la
gubernatura de Veracruz. *** Nunca consideraron cumplirle a Javier Duarte los
compromisos. Lo necesitaban, lo utilizaron y después volvieron a echar a andar la
maquinaria de la justicia (ahora también afín a Morena) para mantenerlo en
prisión. *** Esta es la segunda vez que el gobierno de Guatemala accede a
modificar los términos de la solicitud de extradición. El acuerdo entre estos dos
países establece que cuando se accede a extraditar a una persona, la justicia del
país solicitante sólo podrá juzgar al extraditado por los delitos que hayan sido
incluidos en la solicitud. *** El pedimento de México incluía imputaciones contra
Javier Duarte por delincuencia organizada, lavado de dinero (por parte de la PGR),
así como delitos menores en el fuero común, como incumplimiento de un deber
legal y abuso de autoridad. *** Una vez en prisión, Javier Duarte fue sentenciado
por los delitos de asociación delictuosa (en lugar de delincuencia organizada) y
operaciones con recursos de procedencia ilícita (en lugar de lavado de dinero),
producto de un proceso penal abreviado. *** Fue entonces cuando la Fiscalía de
Veracruz le inició una carpeta de investigación por desaparición forzada. Se hizo
todo el trámite: la Fiscalía de Veracruz gestionó con la instancia federal, para que
ésta a su vez tramitara ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) que
enviara una solicitud al gobierno de Guatemala para incorporar una nueva
imputación contra Javier Duarte. *** El argumento que se utilizó fue que el delito
de desaparición forzada es considerado, a nivel internacional, como “de lesa
humanidad”, lo que justificaba la modificación al acuerdo original. Se le inició
proceso por ese delito, pero la Fiscalía de Veracruz no fue capaz de sustentar sus
imputaciones y la justicia federal ordenó su sobreseimiento. *** Pero se
aprendieron el camino y este mismo año volvieron a tocar las puertas del gobierno
de Guatemala, para incorporar nuevas acusaciones. *** Reza un proverbio chino:
“Es fácil esquivar la lanza, mas no el puñal oculto”.
Era marzo del presente año. Rocío Nahle conmemoraba sus primeros cien días al
frente del gobierno de Veracruz y hablaba de sus compromisos con los
veracruzanos.
“En infraestructura, esa era un área que requería atención inmediata. Lo primero
que hicimos fue emitir un decreto para que en la Secretaría de Infraestructura y
Obras, la SIOP, se concentren todas las obras de inversión: clínicas, escuelas,
edificios, caminos, carreteras, y con ello lograr mejores resultados y un ahorro
sustantivo en la planeación y el gasto”.
Cinco meses después, en agosto de este mismo año, la propia gobernadora
anunciaba en sus redes sociales una “¡inversión histórica en carreteras!” (los
signos de admiración son de ella). Daba a conocer que, con una inversión de más
de 2,500 millones de pesos en infraestructura carretera, se rehabilitarían más de
900 kilómetros de tramos carreteros a lo largo de todo el estado.
“Es así como se trabaja en el segundo piso de esta cuarta transformación;
fortaleciendo nuestras vías de comunicación, impulsando el desarrollo económico
y mejorando la vida de miles de veracruzanas y veracruzanos en cada región del
estado”, presumía.
Nada de eso sucedió. Hace 10 días, el 24 de noviembre, Rocío Nahle criticó la
“burocracia” que domina en la SIOP y le advirtió a su titular, Leonardo Cornejo,
que, en caso de que persistieran los retrasos, ella misma intervendría para
resolverlos.
“Es administración interna, si en la administración interna no se ponen las pilas,
voy a terminar prácticamente yo también metiendo la planeación y la ejecución
desde mi oficina, pero de que se hace, se hace”.
Y, en efecto, los legisladores le reclamaron al titular de la SIOP que hasta el mes
de noviembre apenas había ejercido el 20 por ciento del presupuesto destinado
para este año en obras de infraestructura, lo que representa un subejercicio
cercano a los 3,500 millones de pesos.
Este miércoles, en su comparecencia en el Congreso local, Rocío Nahle terminó
admitiendo que lo que había prometido no se concretó, que lo que plasmo en el
papel, no se llevó a los hechos.
“Soy consciente de que en este rubro tendré el próximo año que canalizar toda mi
energía y atención”.
Y no, no es el único rubro en el que falló durante su primer año de gobierno. Hay
muchos temas pendientes en materia de seguridad, de salud, de economía, de
desarrollo agropecuario y en el manejo financiero del gobierno.
Destaca el tema de infraestructura porque, al menos en ese sí admitió que no fue
capaz de cumplir lo prometido.
¿Removerá al titular? Difícilmente.
Le quedan cinco años. Tiempo suficiente para enmendar el camino.
Epílogo.
Fue una falla recurrente en los seis años en los que Juan Javier Gómez Cazarín
estuvo al frente de la Junta de coordinación Política (Jucopo): determinaciones del
Poder Legislativo de Veracruz fueron revocadas en tribunales federales. ¿La
razón? Esencialmente que no tuvieron un buen sustento jurídico. Ahora sucede
algo similar. *** La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) resolvió de manera unánime revocar la resolución incidental
dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), la que había considerado
“cumplida” la sentencia que instruía al Congreso del Estado a expedir la ley
reglamentaria para la revocación de mandato. *** La Sala Superior analizó el
Juicio de la Ciudadanía 2504/2025 que promovió Eduardo de la Torre Jaramillo,
quien impugnó que el TEV diese por cumplida la sentencia pese a que el
Congreso local no ha aprobado la legislación solicitada. Este miércoles, la Sala
Superior revisó el incidente resuelto por el tribunal local y determinó que no había
cumplimiento real. *** A pesar de que el Congreso de Veracruz dio a conocer al
Pleno y turnó el tema a la Junta de Coordinación Política, la ley de revocación de
mandato sigue sin ser expedida. La insistencia en que se le diera entrada provocó
el enojo de la gobernadora Rocío Nahle, quien advirtió: “yo estaré aquí los seis
años, pésele a quien le pese”.
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