Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Un caso de extorsión y fabricación de delitos se está destapando en la
comandancia de Pánuco de la Policía Ministerial del Estado. *** Tres elementos de
esa corporación (Roberto Carlos García Cárdenas, alias “Barbie”, Marco Antonio
Montiel Pérez, alias “Vitolita” y Jesús Rivera Cartagena) son señalados de
presionar a una víctima para que acusara a uno de sus compañeros (Antonio “N”)
de extorsionarlo. *** El elemento al que pretendieron atribuir el delito explicó que
en noviembre del 2023 fue concentrado en las oficinas centrales de la Policía
Ministerial, en la comunidad Las Trancas de Emiliano Zapata, y por ello gestionó
un permiso para regresar a su anterior base, en Pánuco, con el fin de recoger sus
pertenencias. *** El 8 de noviembre acudió a la comandancia en Pánuco y llegó
acompañado de una persona -Ezequiel Barboza García, quien aparecía como
agraviado en la carpeta de investigación UAT/F2/251/2023- por lo que lo presentó
con el nuevo encargado de la base, Roberto Carlos García Cárdenas, alias
“Barbie”, pues éste le asignaría su carpeta a otro elemento. *** Una vez que los
presentó, Antonio “N” pasó a las instalaciones para recoger un chaleco balístico de
cargo y dejó a Ezequiel Barbosa en la oficina del encargado de la base. *** “Tras
salir de la oficina caminé tres cuadras con rumbo a mi cuarto, me acosté unos 20
minutos, cuando de pronto escuché que tocaban la puerta fuerte y gritaban mi
nombre. Me asomé a la ventana y me percaté que eran Roberto Carlos García
Cárdenas, Marco Antonio Montiel Pérez, alias Vitolita y Jesús Rivera Cartagena,
este último elemento administrativo, pero que hacía funciones de operativo”, narra
Antonio “N”. *** “Al abrir la puerta se metieron por la fuerza y les pregunté cuál era
el motivo. Marco Antonio Montiel Pérez, alias Vitolita, me dijo: ‘ya te la sabes, el
comandante acaba de llegar y trae hambre’. Yo en tono de broma le dije: ‘lo
hubieras llevado a desayunar’ y entonces intervino Roberto Carlos García
Cárdenas: ‘déjate de mamadas Toño, yo quiero dinero’, a lo que yo le contesté que
sólo traía para mi pasaje de regreso”. *** “En ese momento, Roberto Carlos García
Cárdenas les hizo una seña con la cabeza a los otros dos, quienes me sacaron
por la fuerza de mi departamento y me subieron a una camioneta Ford Lobo F-150
color blanca”. *** Hoy se sabe que los agentes ministeriales presionaron al
denunciante para que dijera que Antonio “N” le había exigido tres mil pesos y el
director de la misma corporación obligó a los policías que participaron en el
montaje a aportarlos para configurar el delito de extorsión. *** Todo este montaje
se cayó, pues la victima que había sido presionada para que señalara a Antonio
“N”, no se prestó para ese engaño.
El mensaje que envió la delincuencia organizada es alarmante.
La propia presidente Claudia Sheinbaum aseguró que el alcalde de Uruapan,
Michoacán, asesinado el pasado sábado, “contaba con protección federal” y los
mandos territoriales de Defensa y de la Guardia Nacional mantenían comunicación
con él.
El mensaje es que ni con la protección del gobierno se está a salvo de esos
grupos delictivos.
¿Cómo insisten las autoridades en que se denuncien los casos de extorsión, de
“cobro de piso”, si los que se han atrevido a hacerlo caen abatidos por las bandas
de esos criminales?
Carlos Manzo se postuló como candidato independiente a la Presidencia Municipal
de Uruapan en las elecciones de 2024 y resultó ganador. Antes de ser alcalde,
Manzo fue diputado con las siglas de Morena de 2021 a 2024. De 2017 a 2018 fue
auditor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán.
Estudió Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente y se destacó desde su campaña por la alcaldía
por impulsar medidas controvertidas, como la activación de códigos rojos tras
capturas de líderes criminales, como “El Rino”.
Se pronunció, además, en contra de la estrategia de seguridad del gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, se declaró a favor de aplicar “cero tolerancia” y por
el uso irrestricto de la fuerza. Incluso llegó a pedir armas de alto calibre, para
igualar la capacidad de fuego del crimen organizado.
Lo sucedido en Uruapan, Michoacán, debe provocar que las autoridades en
Veracruz pongan especial atención en un fenómeno que ha crecido de manera
sostenida en la última década: la violencia vinculada con la política.
Del análisis que realiza el gabinete denominado “Votar entre balas”, se observa
que entre 2018 y 2024, las víctimas anuales de violencia política incrementaron
casi 300% sumando un total de 2,259 víctimas.
Los municipios afectados pasaron de 127 a 322 en el mismo lapso, lo que
representó un incremento del 153.5%. La mayor parte de los casos fueron
asesinatos de actores municipales. Los homicidios representaron el 56.7% de las
agresiones registradas y los actores municipales concentraron 72.3% de las
mismas.
En ese fenómeno de violencia, el estado de Veracruz juega un papel
preponderante. En el pasado sexenio se ubicó en tercer lugar nacional entre las
entidades con mayor número de víctimas de violencia política: 201 (60.7% son
asesinatos), sólo detrás de Guerrero (256) y Guanajuato (223). En esta entidad el
número de víctimas de violencia política se incrementó 400%, al pasar de 10 en
2018 a 40 en 2024; año en el que no se llevaron a cabo elecciones municipales.
No tenemos que remontarnos muy lejos en el tiempo. Apenas el pasado sábado,
por la mañana, el agente municipal de la localidad Cerro Colorado, del municipio
de Apazapan, fue asesinado a balazos.
Efraín Ruiz se encontraba dentro de su vehículo en la calle Guadalupe Victoria,
junto a las vías del ferrocarril, cerca de la zona conocida como “La Cumbre”,
cuando varios hombres armados se acercaron a él y abrieron fuego.
Está claro que las corporaciones de seguridad del gobierno de Veracruz han sido
incapaces de frenar la violencia en zonas claramente identificadas, como la región
entre Poza Rica y el Totonacapan, o el extremo sur, pasando por Acayucan,
Coatzacoalcos, Sayula de Alemán y Las Choapas.
Algo tiene que hacer el gobierno estatal, además de ocultar las cifras de muertos o
prometer que los homicidios “no quedarán impunes”.
Epílogo.
Una expresión que quedará grabada en la memoria de los veracruzanos: la
gobernadora respondiendo a la reportera que la cuestionaba sobre el seguro
contra desastres naturales-*** “Déjenme decirles algo, esto no es cuestión de
dinero, ese no es el problema”, afirmaba Rocío Nahle en los primeros días de
atención a las inundaciones en el norte de la entidad. *** Un gesto de soberbia que
le siguen recriminando los veracruzanos y que no ha podido corregir la
gobernadora. En cada acción de gobierno, la sociedad le hace ver que el dinero sí
tiene qué ver. *** Un ejemplo de ello, es el caso de la representación de lucha
olímpica de la entidad, que participó la semana pasada en una competencia en
Oaxtepec, Morelos. *** Los clubes y padres de familia de los niños y jóvenes
participantes acudieron al Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), que encabeza
el destacado atleta Crisanto Grajales. La respuesta oficial del gobierno para el que
“el dinero no es problema”, que de absoluta cerrazón. *** Ningún apoyo, ni para el
transporte, ni para el hospedaje, ni para su alimentación. En un extraordinario
esfuerzo de los familiares de los pequeños competidores, sufragaron un transporte
y viajaron en la madrugada del mismo día en que iniciaban las competencias, para
no tener que pagar un día más de hospedaje. *** Mientras otras delegaciones
llegaban en autobuses oficiales, con 48 horas de anticipación, a hoteles de
primera categoría y con la alimentación más adecuada para su mejor desempeño,
los deportistas veracruzanos dormían en las gradas del sitio de competencia y se
alimentaban con lo poco que les podían proporcionar sus familiares. *** Así, en
condiciones precarias, el club Pinar del Río, de Xalapa, que dirige el profesor Raúl
Alexis Pérez Miranda, consiguió tres preseas de oro (Ricardo Guarneros Galicia,
Laura San Gabriel Osorio y Juan Rafael Hernández Montaño); cuatro de plata
(Daniela Ameyalli Landa García, Ignacio Baruch León González, Genaro
Alexander Fuentes Tepetla y José Luis Hernández Romero), y dos de bronce
(Ángel Moisés León González y Giovanni Nahum Fuentes Tepetla). *** Esto es: de
20 elementos que conformaban su equipo, nueve consiguieron subir al podio.
¿Cuánto más pudieron haber conseguido si hubieran contado con el respaldo de
las autoridades estatales, esas para las que “el dinero no es problema”? *** Detrás
de ese desinterés y abandono -cuentan- está la mano del subdirector de
Desarrollo del Deporte del IVD, Eugenio Chimal Rodríguez y el desapego a sus
obligaciones por parte de Crisanto Grajales.
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