Por Miguel Ángel Cristiani
Cada vez que en México se habla de regular la comunicación, el debate se polariza casi de
inmediato. Unos advierten el riesgo de la censura; otros sostienen que es indispensable
poner orden en un espacio donde la desinformación, las noticias falsas y los intereses
comerciales también afectan a la sociedad.
La discusión ha resurgido con el proyecto de Ley de Audiencias, una propuesta que, en
esencia, busca fortalecer los derechos de quienes reciben información a través de la radio,
la televisión y las plataformas de comunicación. En principio, el objetivo parece
incuestionable: toda persona tiene derecho a recibir información veraz, diferenciada de la
opinión, libre de publicidad engañosa y con mecanismos para hacer valer sus derechos
como audiencia.
Difícilmente alguien podría oponerse a esos principios.
Sin embargo, el debate no termina ahí.
La historia enseña que las leyes no sólo deben juzgarse por sus buenas intenciones, sino
también por los efectos que pueden producir cuando se aplican.
Ahí es donde aparecen las dudas.
¿Hasta dónde puede llegar el Estado en la regulación de los contenidos sin afectar la
libertad editorial?
¿Quién determinará cuándo una información cumple con los criterios establecidos por la
ley?
¿Existirá el riesgo de que una interpretación discrecional termine convirtiéndose en un
mecanismo de presión para medios y periodistas?
Son preguntas legítimas en cualquier democracia.
La libertad de expresión nunca ha significado ausencia de responsabilidad. Los medios de
comunicación tienen el deber ético de verificar la información, distinguir claramente entre
noticia y opinión, rectificar cuando se equivocan y actuar con profesionalismo. Esa
exigencia forma parte de la esencia del periodismo.
Pero también es cierto que la libertad de expresión pierde sentido cuando el poder público
adquiere facultades que puedan influir, directa o indirectamente, sobre las decisiones
editoriales.
Por ello, el verdadero reto consiste en encontrar un equilibrio.
Las audiencias merecen protección frente a la desinformación, la manipulación o la
publicidad disfrazada de noticia. Al mismo tiempo, los periodistas necesitan garantías para
investigar, cuestionar y publicar sin temor a represalias derivadas de interpretaciones
ambiguas de la norma.
No se trata de escoger entre uno u otro derecho.
Una democracia madura necesita ambos.
Porque una audiencia desprotegida es vulnerable frente a los abusos informativos.
Pero una prensa limitada también deja indefensa a la sociedad frente a los abusos del poder.
En tiempos donde la información circula con una velocidad nunca antes vista, el desafío ya
no consiste únicamente en regular, sino en fortalecer la ética periodística, la alfabetización
mediática de la ciudadanía y la transparencia de las instituciones.
Las mejores democracias no son aquellas donde el gobierno decide qué debe publicarse.
Tampoco aquellas donde los medios actúan sin responsabilidad.
Son aquellas donde existe una ciudadanía crítica, medios libres, periodistas responsables y
autoridades respetuosas de las libertades constitucionales.
La discusión sobre la Ley de Audiencias representa una oportunidad para construir ese
equilibrio.
Lo verdaderamente preocupante sería que el debate terminara reducido a posiciones
irreconciliables, cuando en realidad lo que está en juego es un principio superior: el derecho
de la sociedad a estar bien informada.
Pancho López, el filósofo ateniense xalapeño, pregunta:
«¿Quién protege mejor a las audiencias: una ley escrita en el papel o una sociedad que
defiende, al mismo tiempo, medios libres y periodistas responsables?»
