AL PIE DE LA LETRA.
Raymundo Jiménez.
A diferencia de los otros nombramientos que hasta ahora ha hecho públicos –el de Ricardo
Ahued, como secretario de Gobierno; Rodrigo Calderón Salas, secretario de Desarrollo
Agropecuario; Xóchitl Molina, secretaria de Cultura; Ernesto Pérez Villarreal, secretario de
Desarrollo Económico y Portuario; Claudia Tello, secretaria de Educación; el cardiólogo
Valentín Herrera Alarcón, secretario de Salud, y Margarita Santopietro, secretaria de
Desarrollo Social–, la gobernadora electa Rocío Nahle dio a conocer este miércoles que
José Luis Lima Franco continuará como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación
(Sefiplan), peeeero a la vez presentó también como subsecretario de Egresos a Pedro
Miguel Rosaldo García, su verdadero hombre de confianza.
Se presupone que Rosaldo –un abogado de Coatzacoalcos, doctor en Administración
Pública, ex delegado de la Secretaría de Gobierno en el sur de Veracruz y quien
actualmente es director general de investigación, desarrollo tecnológico y formación de
recursos humanos y titular de los fondos presididos por la Secretaría de Energía que hasta
finales del año pasado encabezó Nahle– terminará relevando en la titularidad de la Sefiplan
a Lima Franco en cuanto el economista pozarricense, único funcionario cuitlahuista que
hasta el momento ha sido ratificado, resuelva el complicado pago de sueldos, pensiones y
aguinaldos de diciembre próximo y aclare algunas deudas y la presunta malversación de
millonarios fondos públicos.
En su edición de ayer, por ejemplo, el diario La Jornada dio a conocer que la deuda de
entidades públicas estatales y municipales con los seguros de retiro, cesantía en edad
avanzada y vejez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (Issste) ascendía a casi 78 mil millones de pesos, equivalente a un aumento de 42
por ciento en tres años.
El diario capitalino más afín al obradorismo refirió que, de acuerdo con la reforma a la ley,
la omisión en el pago de las aportaciones al Issste es una falta administrativa grave y la
Secretaría de Hacienda puede retener a las entidades los recursos que correspondan a las
cuotas en cada año fiscal. Y señaló que, en cuanto a los recursos no enterados a las cuentas
individuales de los servidores públicos, nueve estados concentran la mayor parte del
adeudo, en particular, en las secretarías e institutos de educación. En enero de 2021 se
informó que las cuentas individuales de los trabajadores en las Administradoras de Fondos
para el Retiro (Afore) habían dejado de recibir 55 mil millones de pesos. A mayo pasado, el
monto ascendía a 77 mil 996 millones 787 mil 947, de los cuales Veracruz adeuda 19 mil
138 millones 465 mil 52 pesos. De esta cantidad, la Secretaría de Educación acumuló 18
mil 353 millones 972 mil 87 de 2008 a 2014.
Además, el año pasado le descubrieron a Lima que el 28 de febrero de 2023 autorizó
contratar una línea de crédito por mil 717 millones 650 mil 673 pesos con el Banco
Nacional de Obras (Banobras), del que no informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público pese a que por ley está obligado a reportarle para inscribir la deuda en el Registro
Único de Financiamientos y Obligaciones de las Entidades Federativas.
Esta línea de crédito, que supuestamente se destinaría para reestructurar el Programa de
Financiamiento Fondo para la Reconstrucción de Entidades Federativas (Fonrec), adquirido
durante la administración del ex gobernador priista Javier Duarte en agosto de 2011, se
saldaría hasta noviembre de 2031, o sea, hasta el año siguiente de que concluya el próximo
sexenio.
Presuntamente a la gestión del gobernador Cuitláhuac García le tocaría pagar
mensualidades que van desde los 9 millones 986 mil pesos a 11 millones 819 mil pesos
hasta el 25 de noviembre de 2024, cinco días antes de que finalice su régimen. Pero Nahle
deberá pagar mensualmente hasta noviembre de 2030 casi 23 millones de pesos, el doble de
los intereses.
El reportero Jair García, del diario porteño Imagen de Veracruz, investigó que a tales
montos deberán sumársele aún los intereses y comisiones correspondientes, los que Lima
Franco se ha negado a informar no obstante que Banobras obliga a transparentar y hacer
públicos los datos.
La misma actitud evasiva adoptó cuando en septiembre de 2023, al descubrirse este caso
siete meses después, le preguntaron sobre el monto de la deuda total que heredarían a la
siguiente administración. Ante la insistencia de los reporteros, sólo respondió escuetamente
que “creo se pagan 6 mil millones de pesos al año”, explicando forzadamente que la mitad
se abona al capital y la otra parte al pago de los intereses.
Por si fuera poco, Lima tampoco ha informado sobre los 358 millones de pesos de los
Servicios de Salud que decidió invertir en Accendo Banco, la institución financiera de los
desprestigiados hermanos Reyes de la Campa que recibió permiso de operar como banca en
2019 y se dedicó a manejar el dinero de varias entidades gubernamentales con el aval de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), perdiendo en 2021 su licencia de
operación debido a su bajo índice de capitalización.
Casualmente, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, un economista oriundo de
Papantla, amigo y paisano de Lima, fue quien informó en conferencia de prensa el 9 de
septiembre de 2021 que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores había votado para revocarle su licencia. El motivo fue que, en el periodo de marzo
a septiembre de ese año, se llevaron a cabo acciones de supervisión por parte de la CNBV,
y uno de los hallazgos más destacados fue precisamente la repetida falta de cobertura de
liquidez por debajo del mínimo requerido, una condición única en el país que sólo afectaba
a este desacreditado banco.