Punto de Vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
Tráfico de influencias, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal. ***
esos son los cargos que le imputan a David Cardeña Ortega, actual secretario
particular de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia en
Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. *** La denuncia fue presentada en la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y en ella se narra cómo David
Cardeña a su paso por la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro, en
enero del 2019, obtuvo una orden de aprehensión contra el indígena Guillermino
Vicente Licona, a quien le violaron sus derechos, pues fue víctima de tortura y se
le negó el acceso a un traductor, a pesar de que pertenece a una comunidad
indígena en la que se comunican en totonaco. *** Precisamente por la falta de
comprensión de los hechos que le imputaban, el fiscal lo obligó a firmar
documentos cuyo contenido desconocía. *** Luego de ese tratamiento, el fiscal
obtuvo del juez Adrián Reyes Acosta (contra quien también se hacen imputaciones
en esta denuncia) prisión preventiva oficiosa de dos años. *** Una vez que
Guillermino Vicente quedó en prisión, el fiscal David Cardeña solicitó en siete
ocasiones que se difiriera la audiencia intermedia, hasta que en marzo de 2021
solicitó que se prorrogara la medida cautelar. *** El juez Adrián Reyes Acosta no
tuvo inconveniente alguno en ampliar el término de la prisión preventiva oficiosa
(la que, según la Constitución, no debe durar más de dos años) “por el término
que dure el proceso” y en su determinación modificó la medida cautelar al
convertirla en “prisión preventiva justificada”. *** La fiscalía, mientras tanto, siguió
difiriendo la audiencia intermedia y es el caso que Guillermino Vicente tiene ya
más de cinco años en prisión, acusado de un delito que no cometió, mientras la
Fiscalía y el Juzgado se coluden para negarle el derecho que le concede el
artículo 17 de la carta Magna: “Toda persona tiene derecho a que se le administre
justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial”. *** El blindaje bajo el que se ha cobijado David Cardeña
Ortega se ha ido debilitando y esta denuncia llega en un momento crítico. Muy
pronto se podrían estar dando los primeros pasos para que este personaje pague
por los abusos en los que ha incurrido.
Es una lección básica de los gobiernos emanados de Morena: “cuando no tengas
nada bueno qué decir, remítete al pasado, al “cochinero” que dejaron “los
gobiernos neoliberales”.
Como si al llegar a su oficina no supiera a lo que se iba a enfrentar, José Luis Lima
Franco ocupó buena parte de su mensaje introductorio, en la glosa del sexto
informe de gobierno, a narrar el “desastre financiero” que encontró a su llegada,
en diciembre del 2018, al gobierno estatal.
Habló de miles de millones de pesos pagados de adeudos “que dejaron gobiernos
anteriores” o del recorte de más de 20 mil millones de pesos a la deuda, cifras que
terminaron derrumbándose, cuando los legisladores (los de oposición, por
supuesto, porque los de Morena tenían la consigna de aplaudir cada gesto, cada
palabra del funcionario) sacaron sus propios números y exhibieron sus mentiras.
Lima Franco, quien ya fue ratificado en el cargo por la próxima gobernadora,
insistía en apegarse a las cifras que llevaba anotadas, pero los cuestionamientos
de los legisladores lo hicieron trastabillar, hasta que finalmente, en un lenguaje
cantinflesco, terminó admitiendo que la actual administración sí contrató deuda,
que los pasivos del gobierno estatal son del orden de los 50 mil millones de pesos
y que la reducción no llega ni al 5 por ciento.
Lima Franco se aferró a hablar de la deuda que generaron gobiernos anteriores,
sin atreverse a admitir que se trata de compromisos del gobierno estatal, sin
distinción del período o la administración que los haya adquirido.
La atropellada exposición del secretario de Finanzas parece confirmar la versión
que ha corrido en las últimas semanas: que su ratificación en el cargo tiene como
fin obligarlo a resolver los problemas que se generan, de manera recurrente, en
cada cambio de gobierno. Esto es, el pago de las obligaciones contractuales del
mes de diciembre y el pago del servicio de la deuda que, -él mismo lo ha admitido-
será mucho más alto en el próximo gobierno, porque así lo negoció él mismo.
Una vez que haya cubierto todos los temas pendientes y que el subsecretario de
Ingresos y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández tenga dominio pleno de
las funciones de esa dependencia, podrían estar procediendo contra Lima Franco
o, en todo caso, le buscarían una “salida decorosa”.
Las de este martes fueron las comparecencias tres y cuatro, y en todas ellas los
funcionarios parecen haber llegado desnudos, sin el blindaje que les ofrecía el
gobernador. Lo numerosa bancada de Morena y la de sus aliados (PT y Verde) no
son suficientes para cobijar a servidores públicos que están siendo exhibidos por
las numerosas irregularidades en las que incurrieron.
Si el desempeño es un reflejo de lo que prepara Cuitláhuac García para su
comparecencia, le podemos anticipar que será la jornada más complicada que
haya enfrentado en los seis años de su administración.
La oposición tiene claro que no gana en los votos, pero puede dejar profunda
huella desde la tribuna. Los ingenuos que esperaban que la próxima gobernadora
les tendiera la mano, ahora entienden que, como dice el clásico: “El Rey ha
muerto, viva la Reyna”.
Epílogo.
El secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, aprovechó la comparecencia
para hacer la glosa del sexto informe del gobierno estatal, para avisarles a los 212
alcaldes que van a recibir menos participaciones federales este mes. *** Les
sugirió “organizarse” y diferir los pagos de aguinaldos en parcialidades, o de lo
contrario tendrán problemas de liquidez. *** Lima Franco admitió que la
Recaudación Fiscal Participable sufrió una severa caída, especialmente porque
Pemex no liquidó los impuestos que le correspondían. *** El secretario de
Finanzas también reconoció que el fondo de contingencia para estos casos
(Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas) ya
prácticamente no existe, pues se recurrió a él en los años recientes y no hay forma
de que se pueda disponer para cubrir los requerimientos de los ayuntamientos. ***
Poco a poco se va descubriendo el desastre financiero que dejó el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador.
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