Sin tacto – Sucesión UV (38)
Por Sergio González Levet
Por mucho que Martín Aguilar se considere parte de la 4T, no se atrevió a seguir
el ejemplo de su líder y aplicar una especie de austeridad martiniana. De haberle
comunicado a las y los mandamases de las secretarías, vicerrectorías, direcciones
de Área, de Investigaciones, Posgrado, Servicios Generales, Defensoría de los
Derechos Universitarios y otros, que ya no dispondrían de choferes, que las
compensaciones económicas disminuirían a la mitad y que irían desapareciendo
otros privilegios que les otorga el cargo, dichos personajes no se habrían volcado
con tanto entusiasmo a operar las maniobras indignas de que han sido capaces,
en defensa de la prórroga de su jefe supremo.
Han utilizado su posición jerárquica para amedrentar e intimidar al personal bajo
su cargo por manifestarse en contra de la “prórroga”, y ya anunciaron que en la
próxima ocasión que alguien participe en ese tipo de acciones, procederán a
levantar acta de abandono de trabajo. Operaron el acarreo de “invitados
especiales” de las regiones universitarias con todos los gastos pagados,
incluyendo cena de lujo, para el malogrado Informe; previamente habían estado
telefoneando a los consejeros universitarios para conocer su postura y en
consecuencia decidir a quién sí y a quién no invitaban a la exclusiva “ceremonia”
del céntrico hotel xalapeño. Con más de 24 horas de anticipación, ordenaron al
personal de seguridad impedir que estudiantes accedieran al campus para las
artes y los deportes, donde se había anunciado la presentación del informe
rectoral; instruyeron a los directores de facultades que colocaran en las puertas de
salones de clase panfletos sobre la supuesta legalidad y legitimidad de la
prórroga.
Pero la acción más aberrante es la intimidación a los estudiantes. Una
institución que debe fomentar la formación de valores, entre ellos el valor cívico en
los jóvenes, la están convirtiendo en una agencia de amedrentamiento: pretenden
engañar a los estudiantes diciendo que estar contra la prórroga repercutirá en su
desarrollo escolar; han seleccionado a incondicionales para que tomen fotos de
quienes participan en las movilizaciones antiprórroga, y para que organicen
campañas de burla contra sus compañeros inconformes -¿no que la Universidad
debe ser un baluarte contra el bullying?-, lo que ha llevado a un par de pistoleros
digitales a propalar amenazas de muerte en las redes sociales: “se van a ir a la
v… voy a llevar una fusca mañana para sabotear su movimiento, somos más de
10 y el rector Martín triunfará…”, reza unos de los mensajes subido a Facebook
por alguien con seudónimo.
¿Habrán cotejado esos funcionarios y funcionarias su comportamiento con el
Código de Ética de la Universidad Veracruzana? ¿Tales acciones las inspira la
admiración ciega a su líder, o su interés personal por mantener el poder y los
privilegios de que gozan? Y mientras tanto, ¿qué hace la Defensoría de los
Derechos Universitarios?
No sólo la Junta de Gobierno y el exrector Martín Aguilar tienen la culpa de la
presente crisis universitaria. También hay que voltear a ver a los operadores
directos de la confrontación y de las amenazas: los funcionarios y funcionarias que
ostentan los cargos mencionados al inicio de esta columna.
sglevet@gmail.com
