AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Los grupos criminales que tienen contra las cuerdas al gobierno de Rocío Nahle no
aparecieron repentinamente en el estado, sino que llevan años asesinando, secuestrando y
extorsionando a miles de veracruzanos del norte, centro y sur de la entidad. Por eso no sólo
sorprende que la Marina, la Sedena, la Fiscalía General de la República (FGR) y la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estén realizando apenas un
“diagnóstico integral de seguridad” para Veracruz, sino que además resulta ilógico que
hayan enviado a 300 elementos de la Defensa y de la Guardia Nacional a patrullar la ciudad
de Coatzacoalcos, cuando las masacres están a la orden del día en el otro extremo del
territorio estatal, en la región de Poza Rica, Tuxpan y Álamo-Temapache.
Además, este tipo de operativos para “inhibir y acotar” al crimen organizado no funcionan,
pues sólo ahuyentan momentáneamente a los delincuentes, los cuales retornan en cuanto se
retiran los centenares de efectivos federales. Eso lo saben los comerciantes y empresarios
del sur del estado, a los cuales les han incendiado sus locales comerciales por no pagar el
llamado “derecho de piso”. Pero la extorsión existe en la mayor parte de la geografía
veracruzana. Hasta en los reclusorios, como el de Tuxpan, donde este sábado se amotinaron
los reos hartos de los cobros de hasta 200 mil pesos que internos pertenecientes al Grupo
Sombra les imponían con la complicidad del ex director de ese Centro de Reinserción
Social ejecutado a mediados de junio pasado.
Ayer, casualmente, el diario La Jornada publicó que la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados estaba por votar el dictamen a la iniciativa
presidencial para dar atribuciones al Congreso de la Unión de aprobar una ley general
contra la extorsión, que –según explica el proyecto a discusión– va en aumento y permite
financiar la compra de armas y las actividades del crimen organizado, y provoca un daño
anual estimado de 124 mil millones de pesos a empresas y comercios del país.
En el documento, al que tuvo acceso el diario capitalino más afín a la 4T y que ya fue
entregado a los integrantes de la comisión, se argumenta que ese entorno justifica una
“urgente e inaplazable” reforma, además de que, si bien el tipo penal de extorsión existe en
el Código Penal Federal, no se actualiza desde 1984, el delito evolucionó y cada estado lo
tipificó de forma distinta, lo cual dificulta su combate.
“La extorsión ha evolucionado a la par de las nuevas tecnologías y en estrecha relación con
las actividades de la delincuencia organizada. En ese sentido, el modus operandi supera
contundentemente la norma” vigente, añade.
Con el cambio al artículo 73 de la Constitución que propuso el Ejecutivo federal, el
Congreso de la Unión podrá expedir una ley para “unificar y contemplar, entre otros
puntos, el tipo penal de extorsión, sus agravantes, delitos vinculados y sanciones”, precisa.
Para la comisión legislativa, la iniciativa se justifica no sólo por las cifras del delito, sino
por el impacto económico y las secuelas negativas en la paz y la integridad social y de las
personas, que sufren daños físicos y sicológicos y, sobre todo, el riesgo de muerte por no
pagar.
“Las cifras y datos demuestran que día con día se comete este delito que atenta contra
personas, familias trabajadoras y comercios, el cual, además, ha presentado un
desafortunado crecimiento y evolución en sus modalidades de ejecución”, advierte.
En las consideraciones, la comisión citó datos de las encuestas nacionales de Victimización
de Empresas y de Percepción sobre Seguridad Pública, publicadas el año pasado por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que reflejan cómo en 2023, 1.3
millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito, esto es, 27.2% del total de
unidades económicas, y que el más frecuente fue la extorsión, con una tasa de mil 562
afectadas por cada 10 mil.
“En el mismo año, se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión y en 18 estados fue el
delito más frecuente contra las unidades económicas, las cuales realizaron un gasto de 67
mil 200 millones de pesos en medidas preventivas”, añade.
De los 747 mil delitos de extorsión cometidos durante ese año, 113 mil se perpetraron en la
calle, en establecimientos o por el denominado “cobro de piso”.
Las formas de extorsión se multiplican y van desde el chantaje de destruir un negocio o la
reputación de la víctima; violencia, muerte propia o de familiares, y quienes la cometen
provocan miedo en las víctimas, con amenazas de contar con información o imágenes de
las personas, lugar de residencia, y mediante violencia física y verbal.
No sólo se exige dinero, sino también “alimentos, bienes, servicios y favores, inclusive
pagos sexuales que afectan a las mujeres”, detalla.
EL ‘PRIMITO’, SOSPECHOSO DEL
CRIMEN DEL DELEGADO DE LA FGR
Por cierto, aunque las autoridades federales y del estado de Tamaulipas continúan con las
investigaciones por el atentado letal contra el delegado de la FGR, Ernesto Vázquez Reyna,
en las redes sociales se ha señalado a un posible responsable del ataque armado: César
Morfín Morfín, (a) “Primito”, un ex líder del Cártel del Golfo y actual jefe de una célula del
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que es investigado y fue sancionado el 1 de mayo
de 2025 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del
Tesoro de Estados Unidos.
Morfín estuvo involucrado en el tráfico de narcóticos –incluyendo fentanilo y
metanfetamina– y en el robo y contrabando de petróleo crudo hacia EU, usando empresas
fachada y sobornos para facilitar sus operaciones. También poseía un estilo de vida
ostentoso con vehículos y animales exóticos.
Según un comunicado oficial de la Fiscalía General de la República, hay una fuerte
probabilidad de que el asesinato de su delegado en Tamaulipas esté vinculado con las
operaciones del crimen organizado. Y es que apenas una semana antes del atentado, la
FGR, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras
dependencias del Gabinete de Seguridad, logró un decomiso histórico de combustible
robado.
La operación se realizó a finales de julio en la colonia La Escondida de la ciudad de
Reynosa, sede de la Delegación de la FGR, donde las autoridades aseguraron un millón 802
mil 650 litros de hidrocarburo. También incautaron nueve tractocamiones, 12 motobombas,
39 tanques móviles (frac tanks), tres vehículos, dos generadores de energía y una barredora
industrial. Esta acción representó un fuerte golpe a las finanzas del crimen organizado que
opera en la región.
Aunque la FGR no ha señalado una línea de investigación definitiva, la institución reconoce
que este decomiso podría haber sido el detonante del asesinato de Vázquez Reyna, quien
tuvo participación directa en el operativo.
¿Por qué entonces andaba tan desprotegido, sin guardaespaldas?
LIBRAN PENA DE MUERTE EL ‘MAYO’
ZAMBADA, CARO QUINTERO Y EL ‘VICEROY’
Ayer se anunció que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no solicitará la pena de
muerte para los capos del narcotráfico mexicanos Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro
Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, (a) “El Viceroy”.
La información se dio a conocer a través de documentos oficiales dirigidos a los jueces
encargados de los casos.
¿A qué acuerdos habrán llegado estos tres narcotraficantes para que la Fiscalía
estadounidense haya accedido a no pedir que les apliquen la pena máxima?
Pronto lo sabremos. Por lo mientras, algunos altos ex funcionarios y dinosaurios de la
política mexicana seguramente no pudieron dormir tranquilamente desde anoche.
PRESENTAN LIBRO DEL MAESTRO
MARCELO RAMÍREZ, EN COAUTORÍA
El próximo sábado 9 de agosto, a las 17:00 horas, en el Auditorio del Museo San Rafael
Guízar y Valencia, ubicado en la calle Benito Juárez No. 70, en el Centro Histórico de la
Ciudad de Xalapa, será presentado el libro “Humanismo en el horizonte de la
trascendencia”, cuyos autores son Ernesto Barra Viznado y el maestro Marcelo Ramírez
Ramírez.
El libro será comentado por Isabel Cristina León Sequeda, Maximiliano Sauza Durán y
Víctor Manuel Vázquez Reyes.
La moderadora será la doctora Ludivina Viznado Felizardo.
