Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Este lunes inició el período espurio como rector de la UV de Martín Aguilar
Sánchez. *** Supongamos que, a pesar del evidente rechazo de la comunidad
universitaria, Martín Aguilar se mantiene en el cargo, ¿qué nos garantiza que
antes de que se cumpla el plazo de su “prórroga” (cuatro años) no pedirá una
“ampliación” de la misma? *** Por eso hay reglas bien claras en la Constitución de
Veracruz, en la Ley Orgánica de la UV y en la Ley de Autonomía, mandamientos
que el “fake rector” se ha empeñado en pisotear. *** Lo dicen Alberto J. Olvera y
Adalberto Tejeda-Martínez, quienes en algún momento formaron parte de la junta
de Gobierno de la UV: “La sensatez aconseja la inmediata renuncia de Martín
Aguilar Sánchez, rector ilegal e ilegítimo desde este 1 de septiembre. Lo mismo
vale para la actual Junta de Gobierno, ya sin autoridad moral frente a la
comunidad universitaria y la sociedad. Un Consejo Universitario General
realmente representativo debería nombrar a una nueva Junta, que de inmediato se
aboque a reponer el proceso de designación rectoral. Pero esto sólo ocurrirá si la
comunidad organizada lo demanda con suficiente fuerza”. *** Sensatez, sin
embargo, no es un concepto que dominen Martín Aguilar y sus “asesores”. Como
bien dicen Olvera y Tejeda, “esta burda imposición ha fracturado y lastimado a la
comunidad universitaria como nunca en la historia”.
Los operadores electorales de Morena (en otros tiempos se les conocía como
“mapaches”) tuvieron su oportunidad.
Dispusieron de los paquetes de la elección municipal de Poza Rica antes de que
llegaran a la sede estatal del OPLE. Utilizaron esa “facilidad” para abrir varios de
ellos y anular (con la sencilla táctica de cruzar otro partido político en las boletas
que favorecían a Movimiento Ciudadano) muchos de los votos de esa fuerza
política que tantos dolores de cabeza les está causando.
Sin embargo, algo pasó. No contaron bien y demasiado tarde se dieron cuenta de
que, incluso restándoles los votos que ellos anularon, la ventaja se mantenía para
el candidato naranja, Emilio Olvera.
“Ni modo, tendremos que pedir recuento de votos y ahí terminamos la chamba”,
concluyeron los “mapaches”.
Ahí, sin embargo, cometieron otro error: no solicitaron el recuento de votos en el
plazo que marca la ley y, por lo tanto, la exigencia tendría que ser rechazada en
los tribunales.
“Todo se puede resolver -argumentaron los operadores- es cuestión de hablar con
los magistrados, que ellos corrijan esa falla y que se ordene la apertura de todos
los paquetes electorales”.
Y, en efecto, tanto el Tribunal Estatal, como la sala regional con sede en Xalapa,
desconocieron la “insignificante formalidad” de pedir el recuento de votos en los
plazos que marca la ley y dispusieron que “por el interés supremo del votante” se
abrieran los paquetes electorales y se volvieran a contar los votos.
Esto es: que los “mapaches” tengan una segunda oportunidad para terminar el
trabajo que dejaron inconcluso: anular otra buena cantidad de votos para que el
conteo final le favorezca a quien fue candidata de Morena.
En MC, por supuesto, no se chupan el dedo. Saben de lo que son capaces los
“operadores” de Morena y han puesto especial vigilancia jurídica a la defensa del
triunfo en Poza Rica. El coordinador estatal del partido naranja, Luis Carbonell de
la Hoz, es un reconocido abogado y se ha especializado en temas electorales,
justo para defender cada voto ciudadano emitido a favor de su partido.
La resolución final sobre la impugnación promovida por Morena se resolverá en la
Sala Superior del Tribunal Electoral.
“El Tribunal Electoral local ha cedido a presiones políticas, pero la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya ha establecido que sin
causal expresa en la ley, no procede el recuento. El artículo 233 del Código
Electoral de Veracruz es muy claro y, en este caso, no hay justificación legal para
abrir los paquetes. En Poza Rica y Papantla, la gente decidió gobiernos naranjas,
y su voz debe respetarse”, afirmó Carbonell de la Hoz.
Mientras tanto, el candidato vencedor, Emilio Olvera, ya presentó una denuncia
penal, ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del Delegado del
Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín; al dirigente estatal de Morena,
Esteban Ramírez Zepeta, y a Raquel Bonilla, senadora por ese mismo partido. Los
acusa de delincuencia organizada.
Al mismo tiempo, Mariano Romero -candidato de MC a la alcaldía de Papantla,
quien resultó vencedor, pero en un recuento realizado en Xalapa le dieron el
triunfo al candidato de Morena- sostuvo que la elección en su municipio se ganó
de manera limpia, transparente y contundente, y lamentó que el OPLE y otras
autoridades electorales hayan permitido la manipulación de los paquetes
electorales e hizo un llamado a los magistrados que deberán calificar su elección:
“Que apliquen la ley y respeten el sufragio. No se conviertan en cómplices de un
robo electoral. Hemos presentado todas las pruebas y vamos a dar la batalla hasta
las últimas instancias. Poza Rica, Papantla y Veracruz exigen justicia, y no vamos
a descansar hasta conseguirla”.
Epílogo.
El panorama en el sector educativo es -por decir lo menos- “desolador”. *** Las
autoridades estatales en ese sector decidieron que, por el bien del pueblo, las
escuelas públicas no deben cobrar inscripción. *** En realidad nunca lo han hecho.
Lo que se les pide a los padres de familia al momento de inscribir a sus hijos, es el
pago de una cuota que -obligatoriamente- es voluntaria, que gestionan las
sociedades de padres de familia y que sirven para dar mantenimiento a las
instalaciones escolares. *** Y es que quizá los lectores no estén enterados, pero la
Secretaría de Educación de Veracruz, que tiene bajo su tutela más de 22 mil
planteles en toda la entidad, no les da mantenimiento y, por lo tanto, son los
padres de familia los que tienen que suplir esas omisiones. *** No me dejarán
mentir los padres de familia: en las listas de “útiles escolares”, los maestros
agregan enseres de limpieza, como papel higiénico, detergente en polvo y algún
líquido especial para la limpieza de los pisos. *** La Secretaría no aporta esos
productos, pero ahora pretende prohibir que los padres de familia se organicen y
pidan una cooperación para darles instalaciones dignas e higiénicas para sus
hijos. *** ¡Qué fácil es decir: “no gasten”!
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